El pleno aprueba reclamar al Gobierno la derogación de la tasa de basura, que le costará a Sevilla 20 millones

El pleno del Ayuntamiento de Sevilla, con el voto favorable de PP, la abstención de Vox y el negativo de PSOE y Podemos - IU, ha aprobado mandar un mensaje al Gobierno de España: derogar la implantación obligatoria de la tasa integral de residuos. El Gobierno de José Luis Sanz se había manifestado totalmente en contra de que la conocida como tasa de basura repercuta económicamente en los vecinos y vecinas de Sevilla.

Los técnicos municipales calculan que el coste será cercano a los 20 millones de euros, concretamente 19,64 millones de euros desde abril de 2025 hasta final de año. Esta cifra es el resultado de la suma de todos los costes derivados de la gestión de residuos en la ciudad. 

Por ello, se ha aprobado instar al Gobierno de España a "respetar la autonomía municipal y reconocer la libertad del Ayuntamiento de Sevilla" a la hora de establecer tributos propios, permitiendo que pueda aliviar la carga fiscal de los ciudadanos, como viene haciendo hasta ahora en la gestión de los residuos dentro de la disponibilidad presupuestaria del Ayuntamiento.

También, por tanto, derogar la obligatoriedad de la implantación y aplicación de la tasa de residuos en todos los municipios y por el 100% del coste contemplada en la Ley de residuos y suelos contaminados.

Se insta al Gobierno a realizar un estudio del impacto pormenorizado que permita definir el coste por servicio en todos los municipios de España y a poner en marcha un plan nacional de infraestructuras para el ciclo integral de los residuos, para la instalación, construcción y puesta en marcha de infraestructuras que permitan el reciclaje de mayor cantidad de residuos de una manera más eficiente en todos los municipios de España.

Por último, se le reclama contribuir en la financiación de campañas de comunicación municipales para incentivar la concienciación ciudadana de compromiso con la separación de residuos y el reciclaje. 

"Supone el ataque al bolsillo de los sevillanos"

Juan Bueno, portavoz del grupo popular, ha expuesto que "el Gobierno ha convertido estas directivas europeas en una ley perjudicial. Ninguna directiva de residuos de la UE impone directamente a los estados miembros imponer una tasa de basura. Mostramos nuestro rechazo a que los sevillanos tengan la obligación de pagar más en la tasa de basura".

Para Bueno, supone "un ataque al bolsillo de los sevillanos, que tendrán que pagar los costes íntegros de la gestión de los residuos. Supone una clara invasión de las competencias locales”.

Vox ha permitido que salga adelante esta moción, con una abstención. No obstante, su portavoz, Cristina Peláez, ha asegurado que "llegan tarde con la propuesta" y que "va a servir de poco o nada porque el mal ya está hecho".

Tanto ella como PSOE y Podemos - IU le han recordado al PP que ellos permitieron la aprobación de la directiva en Bruselas y que se traspusiera cuando se votó en el Congreso de los Diputados, con una abstención. “En Vox ya sabíamos que esta ley supondría gravar con más impuestos. Se abstuvieron en la votación definitiva. Permitieron que se aprobara esta ley. De haber votado en contra no nos encontraríamos en esta situación. Su partido en el Congreso lo permitió", le ha espetado Peláez a Bueno.

“Han hecho un ejercicio sublime de hipocresía política. Votaron en Bruselas que sí a la directiva europea. Cuando se traspone, en el Congreso se abstienen. ¿Qué sentido tiene que cuestionen ahora la ley?", ha planteado la concejal socialista Sonia Gaya.

"El Ayuntamiento tiene la obligación de garantizar la sostenibilidad en la gestión de residuos. No es un ataque, es un instrumento de corresponsabilidad. Todos los que contaminamos tenemos que pagar. Trabajemos por bonificaciones para proteger a las familias vulnerables", ha añadido Ismael Sánchez, portavoz de Podemos - IU.

¿Qué es la tasa de basura?

La Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular obliga a las entidades locales a establecer una tasa específica para cubrir los costes del servicio de gestión de residuos antes del 10 de abril de 2025.

En su artículo 11, la ley obliga a que las entidades locales implementen una tasa específica que cubra todos los costes del servicio de gestión de residuos. Incluye recogida, transporte, tratamiento, campañas de concienciación, y vigilancia de las operaciones relacionadas.

Si no se cumple antes del 10 de abril de 2025, el Ayuntamiento estaría en situación de incumplimiento legal. El Gobierno local está "en contra de que se obligue a los ayuntamientos a crear una tasa municipal para alcanzar estos objetivos". Además, defiende que la Unión Europea ofrece a los Estados miembros diferentes alternativas para ejecutar la directiva europea, pero el Gobierno español "ha optado por gravar directamente su coste a los ciudadanos a través de los ayuntamientos".

De los 20 millones estimados, 9,88 corresponden al impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, incineración y coincineración, que también se deriva de esta ley estatal. Este impuesto fue implantado por el Gobierno de Pedro Sánchez en 2022 y hasta ahora ha sido absorbido por el presupuesto municipal, sin repercutirlo a los contribuyentes.

La ley obliga a que a partir de abril de 2025 este gasto sea repercutido a los ciudadanos junto con los restantes costes del servicio. El Ayuntamiento de Sevilla asegura haber retrasado la creación de esta nueva tasa todo lo que ha sido legalmente posible.