Alaya y su lucha contra la corrupción

Ya no es la jueza de las macrocausas por corrupción, pero no importa, Mercedes Alaya sigue dando que hablar. El jueves en una conferencia en Granada arremetía contra la clase política y también contra las altas esferas de la Justicia. Y lo hacía un día después de que se conociera una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la rectifica al absolver a la exalcalde de Bormujos Ana Hermoso de un delito de cohecho al considerar que el delito ya ha prescrito. En dicha sentencia, los magistrados incluso critican a la jueza por extralimitarse en sus funciones como presidenta del jurado que juzgo el caso. No es la primera vez que el Alto Tribunal choca con ella, pues fue este órgano el que decidió no apoyarla en su petición para continuar con el caso ERE.

El famoso bolso de Loewe, el primer caso mediático y sobre corrupción que caía en sus manos en su nueva etapa de magistrada de la Audiencia Provincial, le ha jugado una mala pasada. Ha sido un varapalo en la misma semana en la que ha comenzado el juicio por la venta irregular del suelo de Mercasevilla, causa instruida por ella y por la que también recibió varios ataques por parte de las defensas de los acusados. Pero ella, no se ha achicado y ha aprovechado que impartía una conferencia sobre la dependencia judicial para dejar perlas como que «hay una justicia para poderosos y hay una justicia para los que no lo son». Una frase que si pronunciada por un magistrado invita a la polémica, más aún cuando se produce un día después de que le hayan revocado una condena por corrupción política.

Alaya fue más allá y criticó la jerarquización de la Justicia, pues a su juicio supone una «peligrosa» merma de la independencia de los jueces. Y aseguró que la forma de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o de la Fiscalía General del Estado hace que muchos de sus compañeros proyecten sus carreras con fines políticos. «Los que mejor se relacionan con los políticos llegarán más lejos que los que tengan más capacidad», dijo Alaya, que también reconoció que los jueces «están solos ante el peligro». La jueza, que desde que dejó la instrucción de los ERE ha roto su silencio en varias ocasiones para denunciar presiones e injerencias, afirma que «no hay el menor atisbo de posibilidad de actuación al margen del que está por encima».

Todas estas palabras las pronunció, después de que los magistrados del TSJA en su sentencia asegurasen que Alaya se extralimitó en la redacción del veredicto para el jurado que juzgo a la exalcaldesa al incluir hechos que las acusaciones no recogían en sus escritos, superando los límite que al respecto señala la Ley del Jurado. «El veredicto conculca esa limitación del artículo 52.1.g LOTJ», dice la resolución que, en cambio, no anula la condena por este motivo porque aseguran que «no puede ahora la defensa esgrimir un defecto procesal que validó con su aceptación del objeto del veredicto» en su momento.

La cuestión por la que ha sido reprobada es que la magistrada interpretó e introdujo en el veredicto «por su propia iniciativa» que Hermoso «perseguía intereses personales», pues buscaba «el cargo de primera teniente de alcalde que le proporcionaba un posicionamiento preeminente a nivel personal en el ámbito político de la localidad y una estabilidad económica pues cobraría un sueldo». Sin embargo, los magistrados desmontan la tesis del «interés personal», y entran a valorar el tipo delictivo aplicable en este caso. Es decir, cuál debe ser el criterio de aplicación. En este sentido, Hermoso fue condenada a seis meses de prisión y seis años de inhabilitación en aplicación del artículo 420 del Código Penal. Este indica que es aquel que comete «la autoridad o funcionario que, en provecho propio o de un tercero, solicita o recibiera, por sí o por persona interpuesta, dádiva o promesa para ejecutar un acto injusto relativo al ejercicio de su cargo». Sin embargo, la defensa de Hermoso consideraba en su recurso a la sentencia de Alaya que en su caso debía aplicarse el artículo 426 y así lo estiman los magistrados del Alto Tribunal que (antes de ser modificado) señalaba que «la autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que el fueren ofrecidos en consideración a su función o para la consecución de un acto no prohibido legalmente».

Los magistrados consideran que es este tipo penal el que debe aplicarse puesto que «la motivación para el voto a favor de la moción de censura por parte de la acusada no fue dicho regalo o dádiva». En este sentido, recuerdan que la propia Alaya admite en su sentencia que «con claridad el regalo consistente en el bolso fue para agradecerle el apoyo prestado en la preparación de la moción de censura». Por ello, concluyen que «de manera clara excluye que dicha dádiva interviniera en el proceso de decisión de la acusada». Es aquí donde entra el punto clave por el que el TSJA rectifica la sentencia de Alaya. Al ser un delito que establece penas de tres a seis meses de prisión el plazo de prescripción del mismo es de cinco años. Tiempo que «ha quedado sobradamente cumplido» en este caso y, por tanto, «comporta la extinción de la responsabilidad penal».

Esto implica, no la inocencia de Ana Hermoso, pues la propia sentencia del TSJA señala que «la conducta de la acusada es constitutiva del delito contemplado en el artículo 426»; pero sí que ésta no debió ser juzgada porque la responsabilidad penal ya estaba «exenta». Es decir, la condena de Alaya rectificada y sin efecto.

Eso sí, en este caso la responsabilidad no es únicamente de Alaya, sino también de las acusaciones y el juzgado que llevó a cabo la instrucción, pues todos pidieron y decretaron el procesamiento por un tipo penal que no se ceñía a los hechos.

Alaya también ha sido atacada esta semana por las defensas de los acusados por el caso Mercasevilla, que incluso le han acusado de «ausencia de imparcialidad». El único apoyo que ha encontrado Alaya en estos días ha sido el del fiscal del caso, que defendió su actuación, dejando al margen los roces que entre ambos han surgido a lo largo de la investigación.