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El Ayuntamiento de Sevilla cierra un nuevo acuerdo con Altadis para desbloquear estos suelos de Los Remedios, que llevan 11 años sin uso. / Manuel Gómez -
Los trabajadores contaron con el apoyo de los sevillanos cuando se anunció el cierre. / Antonio Acedo
En los terrenos junto al puente de Los Remedios que otrora ocupara Altadis, campan a sus anchas los jaramagos. Atrás quedan los años de bullicio cuando la factoría estaba en funcionamiento y los más de 230 trabajadores producían hasta 24 millones de cajetillas al mes. Desde hace 11 años, los 40.000 metros cuadrados enclavados junto al Guadalquivir, solo vuelven a la vida cada Jueves Santo, cuando la hermandad de Las Cigarreras realiza su anual estación de penitencia a la Catedral.
Hace unas semanas, el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, presentó un protocolo de intenciones que el Ayuntamiento ha sellado con la multinacional francesa. Un acuerdo que pone sobre la mesa los pasos a seguir para desbloquear por fin la situación en la que se encuentra el complejo desde que Altadis decidiera cerrar su sede sevillana en diciembre de 2007. El plan busca no caer en los errores del pasado y lo primero será elaborar un catálogo de los bienes a proteger antes de avanzar en el proyecto. Lo que sí que marca son varias claves como que la empresa tabaquera reduzca el porcentaje de suelo destinado a uso terciario, es decir, para su explotación lucrativa. Parece lógico que Altadis, después de tantos años –esta es la única sede de las que tenía en el país que no contó con un proyecto de futuro cuando echó el cierre–, dé por bueno este acuerdo que al menos saca del sueño de los justos unos terrenos en una de las zonas más codiciadas de la capital hispalense. Con el planteamiento además, se conservarán los jardines de Manuel Ferrand; se contemplan espacios libres de uso público; se dedicará suelo a equipamientos que no estén cubiertos ya en el distrito; habrá un acceso a la ribera del río y además, el edificio principal albergará un «proyecto innovador de alto valor añadido para la ciudad».
De esta manera se trata de dar una nueva vida a los suelos de la que fue la fábrica de tabacos más antigua del mundo. Y es que la de Los Remedios era la tercera –y última– sede que tuvo en la ciudad la planta tabaquera. El origen de la tradición cigarrera de Sevilla se remonta a una época bien distinta, cuando la capital hispalense resplandecía como Puerto de Indias. No podía ser otro el lugar elegido para procesar la planta de tabaco traída desde el otro lado del Atlántico. La primera factoría se implantó en pleno corazón de la ciudad, frente a la iglesia de San Pedro. Allí comenzó a incorporarse la mujer al trabajo pues además de ser una mano de obra más barata, el cambio de la moda en el consumo de tabaco –el producto primero estaba en polvo y se inhalaba– hizo imprescindible su presencia para liar los cigarrillos y puros. De hecho, la Carmen de Merimée, una de las obras que han conseguido elevar, junto con la ópera de Bizet, a la cigarrera a la categoría de mito, relata cómo las sevillanas trabajaban en esta industria. «‘La campana está sonando, las chicas van a volver al trabajo’. Sabrá señor que hay de 400 a 500 mujeres empleadas en la fábrica. Son las que lían los cigarros en una gran sala».
Fue tal la producción que aglutinaba Sevilla que, a pesar de que en San Pedro se anexionaron casas y calles para aumentar el espacio, se terminó asumiendo la necesidad de construir una nueva fábrica tras descartar la mudanza a las Reales Atarazanas. Así, en 1758 comienza la actividad fabril en el edificio que hoy en día es la sede del Rectorado de la Universidad de Sevilla, uno de los más emblemáticos de la ciudad.
Tras dos siglos de historia, en 1959, salen las últimas cigarreras de la calle San Fernando camino a la que sería su sede definitiva. La etapa final se viviría en unos terrenos que Hacienda tenía en Los Remedios. Las buenas comunicaciones y la cercanía al río fueron determinantes. Con la mudanza, llegaron también las máquinas. Así, desde Sevilla se producían al mes 480 millones de cigarrillos en esta nueva planta, que además se especializó en el tabaco negro.
Precisamente esta dedicación es lo que propició que la multinacional Altadis decidiera cerrar su sede en Sevilla allá por 2003.
Entonces la plantilla de la tabaquera, que había pasado casi 40 años de trabajo «en familia», se echó a la calle. La protesta de los trabajadores, que contó con la solidaridad de los sevillanos, hizo que el cierre previsto para 2005 se retrasara tres años más, consiguiendo así que la mayor parte de los empleados pudieran prejubilarse. De esta manera, el 31 de diciembre de 2007 Sevilla decía adiós a la que hasta la fecha había sido una de sus empresas más longevas. Decía adiós a 387 años de historia.
Un adiós sin proyecto
El cierre, sin embargo, no contó con un plan posterior. La empresa y el Ayuntamiento nunca llegaron a entenderse. El entonces gobierno municipal –conformado por PSOE e IU– no solo no cedió a los planes de la tabaquera –quería desarrollar un centro comercial, lofts y oficinas–, sino que muy al contrario, para «evitar que sacara tajada», blindó los suelos a posibles especulaciones y los calificó en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como industrial singular. Algo que limitaba el uso de los suelos a factorías, talleres artesanales, servicios avanzados y a lo sumo podía albergar oficinas públicas.
El enfrentamiento entre ambas partes congeló cualquier tipo de negociación durante años e incluso el Consistorio llegó a poner sobre la mesa la posibilidad de expropiar una parte para crear un acceso al río y para dar usos educativos –sería una nueva sede de la Hispalense– al edificio.
Con la llegada de Juan Ignacio Zoido a la Alcaldía se retomó el diálogo. Unas tomas de contacto que finalizaron con un acuerdo que preveía ceder a la empresa 31.000 metros cuadrados para usos hoteleros y comerciales, que Altadis vendería a otros para su explotación. Es más, el plan recogía que se construirían dos torres de siete y ocho plantas en los terrenos de los jardines de Manuel Ferrand. Además, el complejo se derribaba casi en su totalidad, con la salvedad de los espacios de la hermandad de Las Cigarreras y los talleres de la fábrica, que serían de competencia municipal. Además, se creaba un parking de 500 plazas.
El proyecto fue duramente criticado por el impacto visual de los edificios junto al río, la eliminación de la zona verde y el exceso de porcentaje dedicado a uso comercial. Sin embargo, pasó por la aprobación del pleno local con el único apoyo del PP, que gobernaba en mayoría. Pero se topó de bruces con que para el desarrollo necesitaba, además de una modificación del PGOU, el visto bueno de Patrimonio, pues el inmueble goza de protección al ser un ejemplo de la arquitectura industrial moderna. Así, la comisión realizó un dictamen desfavorable y el acuerdo se quedó en stand by.
Ya con la renovación del equipo de gobierno, en junio de 2015, el ahora alcalde de la ciudad, Juan Espadas, dejó clara su intención de derogar el convenio sellado y volver a negociar las condiciones. Algo que parece haber conseguido con el protocolo de intenciones que presentaron el pasado 19 de enero.