Más de 20 colectivos ciudadanos de 10 comunidades autónomas se han reunido este domingo en Sevilla para celebrar la IV Asamblea de la coordinadora Recuperando y reclamar al futuro Gobierno de Pedro Sánchez que cumpla su compromiso electoral de publicar el listado de las inmatriculaciones de la Iglesia, promover su nulidad y proteger aquellas que tengan la consideración de bienes de dominio público, como la Mezquita de Córdoba, la Giralda de Sevilla o la Seo de Zaragoza.
Recuperando cifra en más de 100.000 los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia católica desde la promulgación por el dictador Franco de la Ley Hipotecaria que permitió a los obispos inscribir inmuebles y fincas con su simple certificación y sin aportar títulos escritos de propiedad. Solo entre 1998 y 2015 han sido contabilizados casi 35.000 bienes, la mitad sin carácter religioso, según datos suministrados por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que ha instado al Ministerio de Justicia a que publique la relación completa y detallada de inmatriculaciones por su evidente “interés general”.
La IV Asamblea ha contado con la presencia de organizaciones patrimoniales de Andalucía, Navarra, Valencia, Castilla y León, Baleares, Madrid, País Vasco, Aragón, Cataluña y Asturias, así como representantes de Redes Cristianas, Europa Laica y la Unión de Ateos y Librepensadores. Cada colectivo ha presentado un balance anual de sus acciones y ha informado de los bienes que han sido recuperados a través de procedimientos judiciales, una vía compleja y costosa, que no resuelve de forma global el enorme expolio patrimonial.
Recuperando recomienda que se estudien soluciones legislativas a la luz de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) del caso Ucieza, que condenó al Estado español a pagar una elevada multa por permitir al obispo de Palencia la inmatriculación de un monasterio que había sido adquirido por una empresa privada. El TEDH calificó entonces de “arbitrarias” las inmatriculaciones de la Iglesia. El profesor de Derecho Civil y portavoz de Recuperando, Antonio Manuel Rodríguez, recordó que las inscripciones son “nulas de pleno derecho” por “inconstitucionalidad sobrevenida” y defendió la conveniencia de promover un marco legislativo que identifique con claridad aquellos bienes de dominio público, que deben ser protegidos jurídicamente.
Teresa García, de la Plataforma en Defensa del Patrimonio de Sevilla, dio la bienvenida a los casi 100 delegados llegados de una decena de comunidades autónomas. Andrés Valentín, coordinador de Recuperando, subrayó, por su parte, que en solo cuatro años el movimiento ciudadano de inmatriculaciones ha logrado consolidarse y ampliar notablemente su influencia social.
Los colectivos han protagonizado a mediodía una protesta simbólica frente al Patio de los Naranjos de la Catedral de Sevilla para reclamar al Obispado su reapertura como jardín público, tal como ha sido históricamente hasta que en el año 1992 el prelado decidió cerrarlo para uso vinculado a la visita turística de pago.