Agentes de la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía, pertenecientes al Área de Juego y Espectáculos Públicos de la Jefatura Provincial de Sevilla, detuvieron el pasado 28 de noviembre a cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, como presuntos integrantes de un grupo criminal por la comisión de un delito continuado de amenazas condicionales sobre gerentes y responsables de salones de juego en Sevilla.
Así, los agentes han impedido que esta banda organizada continuara con su actividad ilícita en la que responsables de salones de juego estaban siendo objeto de extorsión.
La intervención policial se inició por la investigación de una denuncia interpuesta por uno de los detenidos, en la que denunciaba su entrada, supuestamente irregular, a un salón de juego.
Finalmente, este individuo acabó puesto a disposición judicial, acusado de ser el principal promotor de la trama fraudulenta ahora desmontada.
La Junta de Andalucía tiene a disposición un registro en virtud del cual cualquier persona, fundamentalmente con problemas de adicción al juego, puede solicitar su inscripción para su registro y control de acceso a establecimientos de juego.
Y es ahí, precisamente, donde radica la esencia de la presunta actuación delictiva de estas cuatro personas, a las que también se les imputa su pertenencia a grupo criminal.
Los detenidos, mediante la presentación de documentación personal falsa o perteneciente a terceros, conseguían el acceso a estos salones de juego y posteriormente amenazaban a los responsables por permitir la entrada a usuarios supuestamente inscritos en el registro de personas con problemas de adicción al juego y exigían el pago de hasta 30.000 euros para no interponer una denuncia.
La participación premeditada de los detenidos, el reparto de funciones entre los mismos o la ejecución de un plan preconcebido mantenido en el tiempo desde el pasado año, argumentan la imputación de pertenencia a grupo criminal.
Además, varios componentes de esta banda ya fueron investigados por otras unidades policiales en su día por actividades relacionadas con el blanqueo de capitales, fraude y usurpación de estado civil. En todo caso, la investigación continúa abierta y no se descarta que el número de perjudicados aumente en las próximas semanas.