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Un operario de Parques y Jardines, en la actuación llevada a cabo en el arbolado de la avenida de Cádiz. / El Correo
La asociación vecinal del casco norte ‘La Revuelta’ ha registrado ante la Fiscalía una denuncia contra el Ayuntamiento de Sevilla, al atisbar posibles «hechos constitutivos de ilícito criminal» en las talas promovidas por el Gobierno local socialista en distintos puntos de la ciudad, bajo la premisa de que se trata de árboles deteriorados, «irrecuperables» y declarados en situación de riesgo cuatro para las personas por posible caída de ramas o troncos.
Las nuevas talas acometidas en Sevilla llegan después de que un informe de 2015 reflejase que más de 2.500 árboles de la ciudad estaban en aquel momento tan deteriorados que implicaban un «peligro objetivo» para las personas por la caída de ramas y troncos, toda vez que el Ayuntamiento hispalense estaría acometiendo actualmente la eliminación de los cerca de 500 ejemplares que aún conservaría la ciudad pese a ser declarados árboles en situación de «riesgo» de caída de ramas o troncos.
Según el Consistorio, se trata de «árboles con informes singularizados» que les declaran en «situación de riesgo cuatro» para las personas, con lo que su tala obedece a «razones técnicas de solvencia», toda vez que estas talas están despertando fuertes críticas por parte de los colectivos ecologistas y de los concejales y miembros de Participa e IU, quienes reclaman medidas de mejora del arbolado antes de recurrir a las talas y avisan de la falta de información y transparencia respecto al apeo del arbolado.
En ese sentido, la denuncia de La Revuelta, recogida por Europa Press, recuerda que el artículo 19.2 de la ordenanza de arbolado establece que «salvo en los supuestos de inminente peligro» en los que prima «el principio de seguridad vial y peatonal», en el resto de supuestos, se opta por «el principio de conservación del árbol», principio que «alcanza tal contundencia» que la norma plantea que la tala sea la última y excepcional solución. Tanto es así, según la denuncia, que establece que «sólo se podrá recurrir a esta medida cuando no haya más alternativas».
Además, la denuncia también esgrime que «la norma exige a la administración una obligación superior a la dispuesta en el procedimiento administrativo común, debiendo dictar resoluciones con un contenido y tramitación cualificado, pormenorizado y motivado en el que se acredite las causas que justifican el apeo individualizado, la imposibilidad de alternativas y la comunicación a la ciudadanía».
CUATRO EXPEDIENTES INCOADOS
En ese contexto, la denuncia pone como ejemplo los cuatro expedientes administrativos incoados por el Ayuntamiento para justificar la tala de cuatro olmos de céntrica plaza del Pumarejo, detallando ante la Fiscalía como «en los cuatro expedientes se contienen las mismas afirmaciones genéricas e inconcretas».
A juicio de la entidad denunciante, si eso es grave en un expediente, replicarlo en cuatro «es utilizar atajos antijurídicos», con los cuales se provoca «un masivo fraude legal». Así, manifiesta la denuncia que «informes que deben ser individualizados se hacen en serie, a través de burdos corta y pega», incluyendo aspectos «falsos» los citados expedientes.
En la denuncia de ‘La Revuelta’ se revisan, al respecto, los datos que se contienen en los expedientes de la tala de los olmos del Pumarejo, negando los denunciantes que bajo estos árboles hubiese terrazas de bares o un aparcamiento de motocicletas. Es más, la denuncia avisa de que como argumento para justificar la tala se alegaba que uno de los ejemplares afectados podía caer sobre una zona infantil cuando en la Plaza del Pumarejo «no hay zonas infantiles».
Así las cosas, la denuncia concluye con que «los hechos cometidos pudieran ser constitutivos de un delito de prevaricación, al dictar a sabiendas una resolución groseramente contraria a derecho en la que se ha prescindido del cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma».
Asimismo, consideran los denunciantes que «pudiera concurrir un delito de falsedad documental, al incorporar a los informes que han servido de soporte formal a la resolución datos manifiestamente falsos», planteando la interrogante de «si este mismo proceder se ha extendido a otros casos de los cientos de árboles que se están o se pretende talar», porque entonces las dimensiones delictivas tendrían un alcance masivo».