«Después de un año, seguimos esperando el reconocimiento del derecho humano al agua»
Leandro del Moral es catedrático de geografía de la Universidad de Sevilla, miembro fundador de la Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA) y uno de los promotores de la recién creada Mesa Social del Agua, “una experiencia inédita, singular y muy valiosa”.
-¿Qué es la Mesa Social del Agua y por qué había que crearla?
-Se trata de la colaboración en materia de agua de un numeroso grupo de organizaciones sociales representativas de muy diferentes sectores: sindicatos, organizaciones agrarias, ecologistas, empresariales, ciudadanas y científicas. La formamos CCOO, COAG, UPA, AEOPAS, FACUA, WWF, Greenpeace, SEO/BIRDLIFE, Ecologistas en Acción, Fundación SAVIA, Fundación Nueva Cultura del Agua, Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua. A lo largo de los últimos tres años hemos tenido reuniones, asistido a jornadas, foros, congresos. Hemos confrontado y consensuado ideas, opiniones, criterios, posturas. Todos con una preocupación común, el presente y el futuro de nuestro recurso más valioso, el agua. Todos con la firme voluntad y convencimiento de que es mucho más importante lo que nos une que los que pretendan separarnos.
-¿Existen diferencias entre las diferentes organizaciones que componen la Mesa?
-Creo que las entidades sociales, la sociedad civil, es el motor de cambio, de progreso. Por ello, las organizaciones que componemos la Mesa Social del Agua hacemos un llamamiento al compromiso y la participación: todos somos necesarios. Precisamente esta es la originalidad de la experiencia que venimos desarrollando en Andalucía los últimos, una experiencia inédita, singular, y en nuestra opinión muy valiosa. La gestión del agua es extraordinariamente compleja, multisectorial y pluridisciplinar. Todos los usos del territorio y todas las actividades sociales, productivas o culturales, afectan al agua, y cada una de ellas conlleva sus propios objetivos y valores. El enfoque de servicios ambientales lo expresa bien. Los ecosistemas prestan servicios de tres tipos a los seres humanos: servicios de provisión (riego, abastecimiento, energía, materiales...), de regulación (biodiversidad, recarga acuíferos, laminación de avenidas...) y culturales (ocio, recreo, espiritualidad, identidad...). Cada uno de ellos tiene sus propios protagonistas, en algún caso grupos reducidos, en otros la generalidad de la sociedad, con diferencias territoriales (aguas arriba, aguas abajo) y temporales, incluso. La comunicación entre estos protagonistas, en situación de igualdad y en un marco de democracia, es la condición imprescindible para negociar soluciones y alternativas sostenibles y justas. A esto quiere contribuir la Mesa Social del Agua de Andalucía.
-¿Qué acciones está planteando esta Mesa Social?
-En esta aún corta trayectoria, desde la Mesa Social del Agua hemos realizado aportaciones al Reglamento del Ciclo Integral Urbano del Agua, formamos parte de diversos órganos participativos, firmamos el Manifiesto de Priego de Córdoba y presentamos alegaciones conjuntas al Plan Especial de Sequías de la cuenca del Guadalquivir. En las últimas semanas, hemos asistido a los Foros convocados por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía para presentar su propuesta de Pacto Andaluz por el Agua. También hemos aportado nuestras opiniones en el reducido espacio de participación y formato de dudosas garantías que la Consejería ha abierto. Hemos convocamos un foro de debate sobre el necesario pacto social del agua en el que vamos seguir impulsando estas ideas.
-¿Y en abastecimientos a la ciudades y pueblos?
-La garantía del abastecimiento de agua potable de la máxima calidad ha de ser una prioridad central de la gestión del agua. La protección de las áreas de captación no está suficientemente desarrollada ni en la normativa ni, mucho menos, en la práctica. Es preciso abrir un profundo debate sobre la situación de los sistemas del ciclo urbano del agua, que incluya criterios de cohesión y justicia territorial entre los principales sistemas metropolitanos y los municipios aislados. Un debate también sobre las inversiones requeridas para aumentar la eficiencia. El Pacto de Agua debe asumir y hacer prevaler, como eje central de las políticas del Ciclo Integral, el Derecho Humano al Agua y la gestión pública frente a los problemas de pobreza hídrica y privatización de servicios públicos. Andalucía es la única comunidad española que ha reconocido por ley el derecho humano al agua para garantizar un “mínimo vital” de suministro a las personas que carecen de recursos económicos. Ese derecho está recogido en una disposición adicional de la Ley de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético, aprobada el pasado mes de octubre. Sin embargo, hasta ahora no se dado ningún paso para llevarlo a la práctica. Desde la Mesa Social creemos que su aplicación debería de ser inmediata.
-¿El Pacto que el Ejecutivo ha presentado es realmente un acto abierto y busca el acuerdo o por el contrario es solo una excusa para crear nuevos embalses y nuevos trasvases que simplemente busca hacerle un “traje a medida” a los grandes regantes y a las compañías hidroeléctricas?
-Para que un procedimiento de participación en materia de aguas pueda legitimar la decisión adoptada debe involucrar al público en general y a todas las partes interesadas de forma real y activa, conforme exigen el Convenio de Aarhus de 1998, la Directiva Marco del AEl pacto degua y la legislación nacional y autonómica que los desarrollan. Estos requisitos no los cumple el Pacto del Agua que se nos está proponiendo. Echo particularmente en falta la identificación de la forma en la que se van a tener en cuenta los resultados de la participación, y los medios de transparencia y comunicación que se utilizarán para difundir las actas de las reuniones, las alegaciones y escritos presentados por las partes y todos los trámites sucesivos, incluida la decisión final.
-¿Entonces qué opina usted del pacto del Agua que propone la Junta de Andalucía?
-El documento del Pacto del Agua, reconociendo los problemas de insostenibilidad del modelo de desarrollo socio-económico y sus impactos sobre los ecosistemas y los propios territorios, propone “consensuar objetivos realistas” que puedan ser abordados frente a “grandes promesas que luego no se pueden cumplir”. En este sentido, es necesario recordar que, en el plano normativo, la definición de los objetivos ambientales para cada masa de agua, las excepciones que en cada caso se puedan aplicar, y las acciones para su consecución viene definidas rigurosamente, y no como "grandes promesas", por la normativa vigente (Directiva Marco del Agua, Ley de Aguas, Reglamentos e instrucción de la planificación hidrológica). Los ecosistemas acuáticos de Andalucía dan soporte a una serie de servicios ambientales, incluidos los económicos (de provisión), que, en el largo plazo, si se siguen deteriorando pueden poner en riesgo el desarrollo de buena parte de los territorios de la comunidad, como la situación del estuario del Guadalquivir o a la corona forestal de Doñana ponen de relieve.
-¿Existen contactos fluidos entre la Junta de Andalucía y los miembros de la Mesa?
-Desde septiembre del año pasado venimos solicitando una reunión conjunta de la Mesa con la Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo. Hemos podido reunirnos brevemente y por separado con los directores generales de temas de agua. No se puede considerar que la relación sea fluida, aunque como hemos he dicho hemos participado en el limitado proceso de participación que se ha abierto.
-¿La Junta de Andalucía ignora el derecho humano al agua aprobado por el anterior Parlamento?
-La realidad es que de momento nada ha dicho ni no hecho respecto del necesario desarrollo de lo contenido en la Ley de Cambio climático aprobada en octubre del 2018, en la que se reconoce ese derecho humano, como ya dije antes. Desee luego en nuestros comentarios al Pacto del Agua propuesto, reiteramos la necesidad de la confirmación y desarrollo de esta figura.
-El anterior Ejecutivo dejó un borrador de Reglamento de suministro domiciliario fruto de muchas mesas de participación ciudadana. Tras más de un año de gobierno sigue en un cajón. ¿os han dado explicaciones a los participantes de ese proceso?
-Nada sabemos de este tema, salvo la evidencia de la cercanía al actual gobierno de los sectores ideológicos y económicos opuestos al desarrollo del Reglamento. La Mesa Social del Agua de Andalucía ha exigido la aprobación del Reglamento, que ya es un referente de participación y pacto entre los diferentes actores que componen el ciclo urbano del agua.
-Pero el ciclo urbano del agua requiere de más regulación que la que hay actualmente y de un marco que garantice un buen y justo servicio para el ciudadano.
-En efecto. Y el borrador del Reglamento del Ciclo Urbano del Agua de Andalucía incorporó, fruto del trabajo colectivo desarrollado, importantes avances en esta materia y ha servido para articular un discurso social y ecointegrador del Derecho Humano al Agua. El Reglamento establece como eje central el Derecho Humano al Agua, al que antes me refería, y la prevalencia de la gestión pública frente a los problemas de pobreza hídrica y privatización de servicios públicos, garantizando un “mínimo vital” de 100 litros/día a las personas que carecen de recursos económicos.
-La depuración es una asignatura pendiente en Andalucía (y multada por Europa). Recientemente el Ejecutivo andaluz señaló que investigan el desfase de 71,5 millones en el canon del agua en Andalucía ¿cómo Andalucía debería abordar este tema?
-Sin hacer progresos en el cumplimiento de la normativa sobre depuración no se puede avanzar en el sentido de la mejora del estado de los ecosistemas acuaticos. La Junta de Andalucía asumió la obligación de ejecutar más de 300 depuradoras de interés autonómico, pero el proceso ha sido lento y opaco. Es necesario planificar y optar por la gestión pública (como lo han hecho comunidades como Galicia) para hacer frente a este reto imprescindible para mejorar la calidad del agua, superficiales y subterráneas, con implicaciones económicas importantes. Es necesario establecer criterios de cohesión y justicia territorial en relación con las políticas de recuperación de costes en los sistemas del ciclo urbano del agua, incluidos estos sistemas de depuración de aguas residuales que arrastran importantes déficits en Andalucía y que requieren una atención prioritaria.
-Estos meses parece que el cambio climático ha entrado realmente en la agenda pública. Usted como experto en la materia nos puede sintetizar cómo afectara esta emergencia a Andalucía.
-El impacto del cambio climático sobre los recursos ya se está produciendo: los documentos de las diferentes cuencas hidrográficas andaluzas ya están mostrando una reducción de recursos al comparar las series largas, de 1940 a 2015, con las series más recientes, desde 1985. En ellas se muestra una disminución de entre un 10% y un 20% de aportaciones hídricas, según zonas. Pero también es importante la variabilidad inter e intra-anual de las precipitaciones, el conocido efecto de intensificación de la irregularidad y torrencialidad. En relación con esto, esperamos cambios en las sequías en términos de intensidad, extensión espacial y frecuencia; así como, cambios en el riesgo de inundación derivados del aumento de los episodios de lluvias torrenciales. A esto se añaden los efectos derivados de la subida del nivel del mar, bien patentes en los recientes temporales, que ponen en evidencia la enorme irresponsabilidad de la reforma de la Ley de Costas que hizo el gobierno de Rajoy, en una línea de "liberalización, tan cara también a nuestro actual gobierno autonómico. Tampoco podemos olvidar los efectos, también ya tangibles, de la subida de la temperatura que afecta directamente a la cantidad y la calidad del agua, así como a las demandas vengetativas de los cultivos. Es decir, menos agua y más necesidades.
-¿Cuáles deberían ser las prioridades de Andalucía para enfrentarse con éxito a los retos que supone el cambio climático?
-La política del agua debe ser parte fundamental de la política del clima, tanto para adaptarse a un ciclo hidrológico alterado, como para contribuir a mitigar esa alteración. La Directiva Marco del Agua, con su objetivo de buen estado ecológico de las masas de agua, es la mejor hoja de ruta para avanzar hacia el modelo de política del agua y del clima que necesitamos. Esa ha sido una de nuestras críticas al Pacto del Agua, que distrae del objetivo fundamental de enfocar bien el tercer ciclo de planificación 2021-2028 en cuya preparación deberíamos estar inmersos. Prevalencia de la satisfacción de las demandas frente al buen estado ecológico de las masas de aguaHasta el momento, las Administraciones no han sido capaces de despegarse de las presiones de los usuarios: hidroeléctricos y regantes, principalmente. La crisis económica ha permitido desligarse del lobby de la construcción, pero ya éste se está reactivando. No se ha incorporado satisfactoriamente, mediante la participación, a los colectivos interesados en los aspectos patrimoniales, ecológicos, culturales e identitarios del agua.