El acusado de un delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y de otro de prostitución coactiva tras captar presuntamente a jóvenes también chinas, a las que convencía para venir a España con "la falsa promesa" de que tendrían un trabajo digno y finalmente obligarlas a ejercer la prostitución, ha negado los hechos y ha dicho que "todo es un invento".
Durante su declaración ante la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, este hombre, para el que la Fiscalía pide seis años de prisión y que solo ha contestado a las preguntas de su abogado, ha señalado que llegó a la capital en 2008 para trabajar como cocinero, así como que cuando fue detenido llevaba "20 días" de relación con la otra acusada, una mujer a la que el fiscal considera coautora únicamente del delito de prostitución coactiva y pide para ella tres años de prisión y el pago de una multa de casi 3.300 euros.
Al respecto, ha asegurado que en sus "ratos libres" la visitaba al piso donde presuntamente se ejercía la prostitución, ubicado por la zona de la Gran Plaza, aunque ha remarcado que no tuvo "casi ningún contacto" con las jóvenes que residían en la vivienda.
Precisamente, esta mujer ha detallado que "cobraba 20 euros al día" a las jóvenes por "coger el teléfono y darles de comer" y ha señalado que llegó a Sevilla en 2014, donde primero trabajó de camarera y al año siguiente, cuando empezó a vivir en esa vivienda, era "cuidadora de niños" y que no sabía que allí había prostitutas.
Por último, ha precisado que estas mujeres "eran libres y tenían su propio móvil y su documentación", excepto una que le pidió, según ha señalado, que le guardase su pasaporte.
Por su parte, el fiscal subraya en su escrito que desde fecha no concretada, pero en todo caso desde mayo de 2016 y septiembre de 2017, el principal acusado, sin antecedentes penales, de común acuerdo con otras personas no identificadas y radicadas tanto en Madrid como en su país de origen, se dedicó a la captación de estas jóvenes.
A las mismas, una vez llegadas a territorio nacional, "les hacía ver que habían contraído una elevada deuda por haber sido trasladadas a España y mediante el empleo de violencia física, amenazas y prevaliéndose de su situación de desamparo, las obligaban al ejercicio de la prostitución".
La Fiscalía ha destacado que las jóvenes se encontraban "solas y en situación administrativa irregular en un país extranjero, no conocían a nadie, no hablaban castellano y carecían de medios de vida".