El Ayuntamiento abre una consulta pública para la regulación de los pisos turísticos

Las viviendas con fines turísticos (VFT) – conocidos popularmente como pisos turísticos – están en el punto de mira de las administraciones, dadas las opiniones encontradas entre el sector y los vecinos derivadas de la afección a la convivencia, además de su proliferación. Ante el papel regulador que la nueva legislación autonómica otorgará a los ayuntamientos, el consistorio sevillano ha establecido un plazo para que la ciudadanía, los sectores y las organizaciones afectadas puedan dejar constancia de su postura para que sea tenida en cuenta para la redacción de la normativa municipal que los limite.

De este modo, la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente (GUMA) ha abierto una consulta pública, previa a la elaboración de un “instrumento normativo necesario” que cuente con la aportación de la ciudadanía. Con este, y “por razones de imperioso interés general” se establecerán desde el Ayuntamiento “limitaciones proporcionadas en lo que respecta al número máximo de viviendas de uso turístico”, según se especifica en una resolución emitida al respecto.

Para ello, tanto los ciudadanos como organizaciones y sectores afectados deberán enviar sus opiniones, aportaciones al correo electrónico consultaspreviasplaneamiento@urbanismo-sevilla.org antes del próximo 4 de diciembre. Con ello, la Gerencia “tomará en consideración todas las opiniones que se recaben durante el periodo de consultas previas”, enfocado este a “definir las medidas a adoptar para las limitaciones que se establezcan”, al tiempo que sirvan para “decir qué instrumento normativo es el más adecuado para canalizar esta regulación”.

La GUMA, en la citada resolución de fecha 3 de noviembre, reconoce el “convencimiento” del Ayuntamiento “de la urgencia e importancia que para la ciudad tiene acometer las actuaciones necesarias para las limitaciones adecuadas” que garanticen el “interés general”. Una regulación que “no vulnere el derecho a la libertad de empresa y la libre competencia en el sector” y que “a su vez garantice el bienestar y la convivencia de los sevillanos”. Se trata, por tanto, de establecer mediante un instrumento legislativo “un equilibrio entre las necesidades de los residentes y el mantenimiento y correcto desarrollo de la actividad comercial”.

Como decimos, antes de redactarse el reglamento, el Ayuntamiento ha habilitado la referida consulta pública para tomar el pulso a la calle. Se recabará así “la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectadas”. Con ello, la redacción del nuevo reglamento recogerá “los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa”, “la necesidad y oportunidad de su aprobación”, “los objetivos de la norma” y “las posibles alternativas regulatorias y no regulatorias”.

Según se explica desde la GUMA, la nueva regulación municipal tendrá como objetivo “fijar unas limitaciones proporcionadas en lo que respecta al número máximo de viviendas de uso turístico”. De este modo, se tratará de “armonizar” tanto “el interés de los propietarios por obtener beneficio económico de sus bienes inmuebles” con “otros intereses públicos”, entre los que se reseñan “la protección del medio ambiente, el derecho al descanso o la necesidad de preservar el uso urbanístico residencial”. En este sentido, se hace hincapié en que la norma partirá desde dos premisas básicas: “la protección del derecho a la vivienda y, la protección del entorno urbano”.

El alojamiento turístico ha cambiado radicalmente en los últimos años, proliferando las llamadas viviendas con fines turístico. Una realidad que ha supuesto un choque entre el sector y los vecinos, siendo uno de sus efectos más evidentes el desplazamiento de uso residencial a favor del turístico. Ante esto, las administraciones se han visto obligadas a fijar una regulación que haga compatible la convivencia con la explotación económica. Competencia de la Junta de Andalucía, la legislación que aún se está trabajando da facultad a los ayuntamientos para establecer también limitaciones.

Para ello, la Junta de Andalucía ya ha puesto sobre la mesa el borrador de un nuevo decreto – que modifica el Decreto 28/2016, de 2 de febrero, de las viviendas con fines turísticos, y el Decreto 194/2010, de 20 de abril, de establecimientos de apartamentos turísticos –, sometido a información pública el pasado mes de junio, y que con su aprobación podrá en vigor un marco legislativo que regulará estas viviendas. La posibilidad de las comunidades de propietarios de prohibir el establecimiento de nuevas VFT, la adopción de medidas e instalación de medios para controlar y limitar los ruidos o – como en el caso que nos ocupa – la potestad de los ayuntamientos para limitar su número en el municipio son algunas de las novedades que el decreto autonómico – con su aprobación – introducirá.