-
El alcalde confía en desbloquear la situación de la Gavidia en los próximos dos años. / José Luis Montero
Resolver el futuro de la Gavidia antes de que acabe el mandato. Esto es lo que se ha planteado el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, que el jueves se reunió con todos los grupos municipales para plantear la hoja de ruta que se seguirá a partir de ahora con la que se conseguirá dar una nueva vida al edificio de la antigua comisaría de Policía Nacional «en los dos próximos años».
Por ello, el alcalde planteó la necesidad de contar ya con los proyectos que se quieran presentar para desarrollar en el inmueble. «Pero con un estudio de viabilidad económica y un plan de financiación, porque no estamos en el punto de las ideas ocurrentes sin más». Y es que recordó que hasta ahora no ha sido posible desbloquear la situación gracias a la financiación pública, ya que la rehabilitación por parte del Ayuntamiento conllevaría un coste de unos diez millones de euros –según los informes sobre el estado del edificio con los que trabaja el gobierno local–, ni tampoco a la inversión 100 por cien privada. Por ello, el alcalde apuesta el futuro de la antigua comisaría a proyectos que combinen los usos públicos y privados, como sucede en otros espacios como la Estación de Cádiz, por ejemplo.
De hecho, Espadas afirmó que sí que han llegado a manos municipales iniciativas empresariales interesadas en poner un hotel o relacionados con equipamientos sociodeportivos, culturales o con usos de coworking, entre otros, además de una que vincula la acción de la Gavidia con una inversión de rehabilitación en San Hermenegildo.
Así, una vez estén todos los planteamientos sobre la mesa, el alcalde aboga por decidir la orientación del tipo de proyecto de la mano del resto de partidos y llevar la idea a una convocatoria pública. Mientras tanto, el Ayuntamiento debe trabajar en otros dos aspectos que lastran el edificio: las cargas del inmueble y la calificación de los suelos.
Para lo primero, debe llegar a un acuerdo con el Ministerio del Interior para cumplir con la escritura rubricada hace 10 años entre el Estado y el Ayuntamiento para hacer municipal el edificio de la antigua comisaría ubicada en la plaza de la Concordia. El acuerdo para que la propiedad pasara a manos del Consistorio hispalense estaba condicionado al pago de una cuantía económica, ya abonada, y a la cesión de cuatro terrenos en los que el Ministerio del Interior construiría sendas comisarías de Policía Nacional. En estos años, el gobierno municipal ha ido cumpliendo lentamente el acuerdo, aunque no ha concluido la liquidación completa, lo que le ha llevado a pedir una prórroga tras otra, la última de ellas aprobada el pasado mes de marzo.
El Ayuntamiento necesita librar de cargas el inmueble para poder plantear cualquier tipo de proyecto en el antiguo edificio. Por ello, el alcalde planteará al interlocutor del Ministerio del Interior varias vías de solución, entre las que están el abono por parte del Ayuntamiento de entre 500.000 o 600.000 euros al Estado o una permuta del suelo.
Junto a esto, el Ayuntamiento deberá afrontar un nuevo cambio en la calificación de los suelos en los que se levanta el edificio, pues en los últimos meses del mandato anterior, con Juan Ignacio Zoido en la Alcaldía, se aprobó en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) el uso de los terrenos como «gran superficie comercial». El pleno municipal aprobó en noviembre de 2015 que se desistiera de dicha consideración, por lo que el cambio nunca llegó a publicarse en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Sin embargo, según informó el secretario municipal al Ayuntamiento, la fórmula para sacar de este limbo legal el edificio pasaría por la publicación de la consideración aprobada en 2015 y posteriormente volver a iniciar el trámite para que los suelos recuperen su calificación de SIPS (Suelo de Interés Público y Social). La modificación que habría que hacer ahora sería «pequeñita, más concreta», según Espadas. Pues, bien es verdad que para su recuperación como suelos sociales se requerirían menos informes.
El alcalde explicó que, además, solo con la aprobación inicial de este nuevo cambio en la calificación de los suelos ya se podría sacar a convocatoria pública el proyecto elegido.
Aunque no quiso pronunciarse sobre el modelo al que aspira, el regidor hispalense insistió en que su apuesta pasa por combinar la financiación público-privada que permita dar un uso diferente al previsto por el PP, pues «en estos dos años tampoco ha llegado ninguna propuesta con financiación para realizar una superficie comercial».
«Tenemos que tomar una decisión sobre el uso definitivo del inmueble, hacer una modificación urbanística ligada a ese uso que la corporación decida y, de manera inmediata, dar la posibilidad de estudiar la viabilidad económica de esos proyectos y que el pleno del Ayuntamiento pueda decidir en los próximos meses su uso final, de manera paralela a la gestión con el Ministerio y a la publicación que falta por parte de la Junta de la calificación», resumió Espadas, quien concluyó afirmando que «la ciudad se merece, de una vez por todas, que se solucione la situación».