El cuento de nunca acabar

Tres alcaldes, siete consejeros de Justicia en la Junta de Andalucía, gobiernos centrales de todos las colores y dos ubicaciones –más algún que otro globo sonda– han jalonado hasta ahora la interminable historia de la construcción del complejo de la Ciudad de la Justicia en Sevilla. Papeles, anuncios y compromisos que al final quedaron en nada y que dejan el proyecto en el punto inicial: una llanura expedita en los Gordales que sigue a la espera de que el acuerdo entre las administraciones permita desarrollar el trazado previsto.

Con todo, el retraso en su ejecución acumula a estas alturas casi dos décadas. Fue en el año 200o cuando, siendo alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE) y consejera de Justicia Carmen Hermosín (PSOE), comenzaron las primeras negociaciones sobre la futura Ciudad de la Justicia. Sin embargo, no fue hasta el año 2003 cuando las dos administraciones firmaron un acuerdo que reservaba a tal fin una parcela de los Gordales –en los Remedios–, como se incluía en el desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad. Pero poco tiempo después, el proyecto se encontró con la oposición firme del gobierno central. El Estado presentó un conflicto judicial contra la calificación y el volumen de edificabilidad de estos suelos que se topó con una resolución contraria a sus intereses de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en la que se respaldaba la propuesta de la Junta.

Pero en el camino entre el punto de partida y la sentencia el proyecto sufrió varios vaivenes. En el año 2007, la consejera María José López, que encaraba la recta final de su mandato, firmó un convenio con el Puerto de Sevilla para llevarse allí la Ciudad de la Justicia. Un proyecto que se ejecutaría en parte de los terrenos del muelle del Batán –de los que ya se habló en la pasada legislatura como sede de Sevilla Park– con un coste aproximado de 200 millones de euros y un plazo de finalización fijado para el año 2010. Pero los concejales del grupo municipal de IU, socio de gobierno por aquel entonces del socialista Sánchez Monteseirín, mostraron su oposición a este cambio de ubicación que defendía la Junta. Al final, el pleno acabó por tumbar la idea.

El proyecto de la Ciudad de la Justicia sufría un nuevo revés y continuaba enquistado. Promesas y planes en saco roto que parecían reactivarse cada vez que había un cambio de consejero. Así sucedió en el caso de Evangelina Naranjo (PSOE), que accedió a este cargo en 2008 de la mano del presidente Manuel Chaves. La sevillana, que había sido concejal en el Ayuntamiento la mitad del primer mandato de Monteseirín, dio un giro de 180 grados al proyecto y recuperó, de un modo muy ambicioso, la idea de ubicarlo en los Gordales.

Fue la apuesta más decidida de todas, incluso con un anuncio de concurso público por parte de la Consejería de Justicia. El nuevo complejo judicial, cuyo proyecto tendría que estar redactado para los meses de verano del año 2011, contaba con capacidad para albergar hasta 423 órganos judiciales en sus 220.910 metros cuadrados de superficie, de los que 83.060 de ellos estaban bajo rasante. Pero Naranjo se marchó tan solo un par de meses después de este anuncio sin avance alguno en el proyecto.

Tampoco se observaron grandes adelantos en la gestión de su sustituta. En abril de 2009, Begoña Álvarez, tomó el relevo en la Consejería, a la que le pesó en exceso la disputa judicial que se mantenía con el Estado por la calificación urbanística de los terrenos de los Gordales. Su sucesor, el consejero Luis Pizarro, abogó a su llegada por agilizar el litigio judicial con una negociación política, pero un año después, bien entrado ya 2011, admitía el «fracaso». A Menacho, el sexto consejero de Justicia en asumir el asunto, le tocó la llegada de Zoido a la Alcaldía, protagonizando la primera polémica entre administraciones de distinto signo. La segunda sería con De Llera, cuando el alcalde planteaba que su ubicación idónea sería el Prado.

Con la llegada de Juan Espadas a la Plaza Nueva regresaron también las buenas intenciones. En julio de 2015 se creó una comisión mixta para darle un impulso definitivo al proyecto. Año y medio después, apenas se han mantenido tres o cuatro reuniones entre el Consistorio y la Junta que no han ido aparejadas de grandes avances. Lo único que parece claro es que su ubicación será la de los Gordales y que esto no provocará, como dijo el alcalde, el traslado de la Feria a un nuevo emplazamiento «ni a corto ni a medio plazo».

Pero lo cierto es que, más allá de las repetidas intenciones, la obra continua sin empezar y, lo más preocupante, en los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2017 sigue sin haber ni un solo euro para que el proyecto se ejecute. Con tantas trabas parece hasta lógico que la Ciudad de la Justicia sea ya el cuento de nunca acabar.