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Clientes de iDental concentrados en la clínica de Nervión. / El Correo
El Defensor del Pueblo Andaluz (DPA) abrió este jueves una actuación de oficio dirigida a los órganos directivos competentes de la Consejería de Salud, «solicitando información a la Inspección sanitaria y a los Servicios de Consumo», y planteó al Consejo Andaluz de Colegios de Dentistas «una actuación coordinada en todas las provincias para ofrecer soluciones a los afectados».
El Defensor consideró oportuno desarrollar esta actuación de oficio de acuerdo con lo establecido en el artículo 10.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, «con objeto de conocer las actuaciones que estén desarrollando las Administraciones y organismos competentes», según reza un comunicado.
Así pues, después de que la Audiencia Nacional asumiera la investigación contra iDental debido al gran volumen de la causa, en esta actuación de oficio «la única pata que queda abierta» es saber de la Consejería «qué estaba haciendo para tener controlado este tipo de cosas» y «cómo tenía regulado su funcionamiento».
El ente público se basa también en el artículo 27 del Estatuto de Autonomía para Andalucía que garantiza la protección de las personas consumidoras, un derecho que el artículo 51 de la Constitución Española (CE) define como uno de los principios que deben regir la actuación de las administraciones públicas.
Las actuaciones de oficio del Defensor del Pueblo Andaluz son investigaciones que desarrolla la entidad por iniciativa propia, ante cualquier problema o situación que llega a su conocimiento y considera que merece su intervención.
En el caso de Idental, respondió a que «ha venido bastante gente» con quejas tras el cierre de las clínicas de esta firma en Andalucía, y en particular, a que un grupo de personas que se querían constituir en plataforma solicitaron la intervención del Defenso.