-
El edificio que hasta junio albergó la comisaría de la Policía Nacional, situado en la calle Betis. / Jesús Barrera
Hace dos meses y medio, la Policía Nacional hizo las maletas rumbo a su nueva sede en el rascacielos de Torre Sevilla. La mudanza sirvió para echar el cerrojazo a las viejas dependencias de la calle Betis, que ya arrastraban un estado de conservación cuestionable. Los jaramagos brotan hasta en los ventanales de la primera planta del edificio que colisiona con el resto de la fisonomía del paseo junto al río Guadalquivir.
Vacío y sin uso, la pregunta está en qué hacer con esta antigua comisaría ahora que no tiene agentes. Aunque se encontraba el alcalde, Juan Espadas, habló en junio de sopesar «varias alternativas» y algunos vecinos de Triana llegaron a solicitar el aprovechamiento del inmueble como biblioteca, el margen de maniobra para la reutilización de la antigua comisaría es limitado, tanto por el ordenamiento urbanístico como por su estado de conservación. Tanto que la opción más factible es proceder a la demolición de este edificio, extremo que ya se planteó por parte del Ayuntamiento si no cuenta con ninguna protección patrimonial.
A ello, a la alternativa del derribo, contribuye un edificio que se encuentra –y así lo corroboran los últimos informes al respecto– en un pésimo estado de conservación. Fuentes consultadas insisten en que una reforma del inmueble para albergar otra actividad podría ser hasta más costosa y compleja que tirarlo y levantar otro edificio en el mismo lugar. Pero el otro hándicap es el blindaje del edificio de la calle Betis. El vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) establece que estas dependencias solo puedan albergar una comisaría de Policía. Es decir, toda actividad diferente a la de albergar una comisaría queda desechada para ese espacio. Y, obviamente, el Ministerio de Interior no está por la labor, ahora que cuenta con unas nuevas instalaciones en Torre Sevilla que cuadriplican la superficie que tenían en la antigua sede de la calle Betis.
La única vía para deshacer este blindaje es a través de una modificación puntual del PGOU, que no es un trámite ni rápido ni sencillo y que, en cualquier caso, solo se iniciaría en caso de que, o bien el Ayuntamiento, o bien la actual propietaria del edificio, pusieran sobre la mesa un nuevo proyecto. El escenario de pensar en dar una nueva vida al edificio no figura entre los planes más inmediatos. Es más, la fase actual está en determinar el dueño. Al respecto, el Estado indicó que, desde la mudanza, ya no son los propietarios del edificio. El convenio que se firmó en su día con la Junta de Andalucía para la cesión de este espacio incluía, dentro de los requisitos, que este revertiría a su legítimo dueño, es decir, la Junta de Andalucía, una vez que dejara de ser comisaría de la Policía Nacional. Eso se produjo oficialmente el pasado 7 de junio con el traslado de los agentes al rascacielos diseñado por César Pelli. De ahí que la Subdelegación del Gobierno considere que no hace falta acometer ningún trámite más. Mientras, la administración andaluza considera que, de momento, la sede de la calle Betis todavía es de propiedad del Estado. La Dirección General de Patrimonio de la Junta de Andalucía cursó la solicitud para recuperar el inmueble el 21 de junio al Ministerio de Hacienda y está a la espera de una respuesta oficial. Una vez que se complete, «se determinará si se le da un nuevo uso», según indicaron fuentes de este departamento, que pertenece a la Consejería de Economía de Antonio Ramírez de Arellano.
En ese compás de espera también está el Consistorio, que ya expuso hace un año sus preferencias. Antes incluso de saberse el traslado de los agentes a una nueva comisaría en Torre Sevilla, Espadas abogó por la demolición si no contaba con ninguna protección patrimonial para liberar la vista del río que ofrece la calle Betis.