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El impune fraude de la escolarización

Sin castigo. Los padres cada año mienten menos para que sus hijos entren en determinados colegios, según la Junta, pero hay barrios en los que la piraresca impera

26 nov 2016 / 10:45 h - Actualizado: 28 nov 2016 / 12:14 h.
"Educación","Defensor del Pueblo Andaluz","Educando para el futuro"
  • Un abuelo y un nieto miran las listas de admitidos de un colegio de Sevilla. / El Correo
    Un abuelo y un nieto miran las listas de admitidos de un colegio de Sevilla. / El Correo

«¿Por qué hay un caos de coches a la puerta de ciertos colegios a la hora de la entrada y salida si se supone que todos los niños viven en la zona? A los defraudadores no les pasa nada». Así de tajante se muestra José María Ruiz Bobillo, uno de los abogados sevillanos que más años lleva trabajando contra el fraude en la escolarización. Un fenómeno que, aunque la Junta asegura que va en descenso, sigue afectando a muchos colegios concertados de, sobre todo, Nervión, Los Remedios y Bami.

La consecuencia que de muchos padres mientan para lograr una plaza para su hijo en un colegio que no le corresponde es que otros, aunque vivan pared con pared con dicho centro escolar, se quedan fuera y tienen que desplazarse, en la mayoría de los casos, lejos. O que los padres tengan que recurrir a la vía judicial para demostrar que otros no juegan limpio mientras los hijos de ambos sí juegan juntos en el parque.

Lo cierto es que defraudar es fácil y barato. En el caso de que un padre denuncie irregularidades, presente pruebas y éstas sean ratificadas por Educación a través de la Policía Nacional Adscrita a la Junta, el niño afectado sale de la lista del colegio elegido y se reubica en otro de la zona. Nada más. No hay multa, no hay acción administrativa ni judicial por mentir, por ejemplo, en el domicilio familiar –el caso más frecuente–. El Gobierno andaluz anunció hace años que informaría a la Fiscalía de los casos de fraude, pero no ha tenido mayores consecuencias.

Y más. Hay sentencias en las que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) le echa la culpa del problema a la Junta y, tras detectarse un fraude, mantiene a los niños en el colegio –aunque no les corresponda– para velar por ellos, aunque tengan padres tramposos.

Así lo certifica José María Ruiz, quien aboga por que se impongan sanciones económicas «para que el defraudador, por lo menos, se lo piense antes de engañar».

¿Y por qué mienten los padres? Por que en colegios concertados como Portacoeli, Sagrada Familia, Santa Joaquina de Vedruna (Carmelitas), Buen Pastor, Padres Blancos, San Fernando Maristas, Santa Ana, Las Irlandesas o el Claret la demanda de plazas es bastante superior a la oferta. Son los más cotizados. Ello supone que multitud de menores no puedan cursar sus estudios en el centro elegido por sus padres, muchas veces rompiéndose una tradición familiar que se remonta a varias generaciones.

Según la Junta, el 95 por ciento de los solicitantes de nueva plaza (para alumnos de tres años) lograron este año entrar en el colegio elegido como primera opción. Todo un éxito comparado con años anteriores. Pero lo cierto es que hay un 5 por ciento que no lo hace. En total, casi mil niños en Sevilla (941). Desde que se conocieron las listas definitivas de los admitidos en los colegios de la provincia de Sevilla, la delegación recibió unas 500 denuncias por presunto fraude en la escolarización. Tras el primer filtro, la Policía se encargó de 121 casos y sólo constató engaño en 29 de ellos (55 el pasado año). Así, la delegación de Educación asegura que sólo seis de cada cien denuncias que ha recibido en Sevilla son reales, una merma de engaños que comenzó –según la Junta– cuando cambió la baremación para otorgar mayor puntuación a los solicitantes que cuentan ya con algún hermano en el centro. Hasta entonces, la cercanía de la residencia familiar o laboral era la condición que mayor valor tenía.

Sin embargo, José María Ruiz discrepa: «Los padres siguen intentando que sus hijos vayan al colegio que quieren como sea. No es cierto que el fraude haya casi desaparecido. Todos los años hay plataformas de padres afectados, recursos y denuncias judiciales».

Eso sí, este abogado admite que este año se notó «mejoría» porque «se dedicó más recursos a la investigación». Primero son los padres los que comprueban los datos de las otra familias –muchos de ellos contratan a detectives para que corroboren sus tesis– y, finalmente, presentan a la Junta su recurso. Entonces investiga la Policía Nacional Adscrita.

«Pero muchas veces tienen poco tiempo, pocos efectivos o hacen las pesquisas en verano, cuando están las familias de vacaciones», lamenta Ruiz Bobillo, quien después de tantos años se sorprende de las argucias que se utilizan para conseguir unos puntos que no se merecen, siendo el caso más habitual el empadronamiento en un domicilio que no es realmente el habitual de residencia. Un fraude con la colaboración de abuelos, familiares, vecinos o porteros. Otro problema es el del alquiler. Meses antes de la escolarización son muchas las familias que se mudan cerca del colegio elegido y, después, vuelven a trasladarse a su zona de residencia habitual.

Además, también está el conflicto de las familias que tienen hijos cursando estudios en centros distintos, siendo todavía a fecha actual un problema el tema de la reagrupación de hermanos, a pesar de las distintas recomendaciones realizadas por el Defensor del Pueblo Andaluz.


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