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El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, junto al líder del PP, Beltrán Pérez, en una reunión de presupuestos. / El Correo -
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Los portavoz de Cs, Javier Millán, de Participa Sevilla, Susana Serrano, y de IU, Daniel González Rojas. / El Correo -
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Pie de foto. / firma de fotógrafo
Los cinco partidos políticos en el Ayuntamiento de Sevilla han puesto sobre la mesa sus últimas cartas para anotarse la victoria en la negociación de unos presupuestos municipales que encaran esta semana sus días más decisivos. De puertas para fuera todos dicen estar dispuestos a ceder en algunos de sus planteamientos iniciales pero lo cierto es que sus hechos y, sobre todo, sus actos demuestran más bien todo lo contrario. A pocos menos de dos años para las elecciones locales de 2019 nadie quiere arriesgar en demasía para así tener un argumento con que justificar a su electorado el sentido definitivo de su voto a las cuentas de 2018.
Mientras la oposición busca una posición definitiva al borrador del gobierno, el ejecutivo del socialista Juan Espadas encara esta semana un calendario con varias fechas marcadas en rojo. La primera será este mismo martes. El alcalde tiene convocados a los portavoces municipales a la reunión de la comisión de hacienda en la que todos los grupos deben mostrar su parecer sobre las diferentes enmiendas que se han presentado a los presupuestos. Solo aquellas que cuenten con un respaldo mayoritario acabarán siendo debatidas y votadas en el pleno. Poco se sabe a estas alturas de lo que ocurrirá en el transcurso de la comisión más allá de que Espadas acude a este encuentro con un pacto cerrado con Ciudadanos y que la postura del PP será, según anunció este mismo lunes su portavoz Beltrán Pérez, la de «abstenerse» en todas las enmiendas que se valoren. Una postura sostenida en el hecho de que los populares dicen no creer en lo que consideran un «mercadeo» y, en segundo lugar, para evitar «interferir» de algún modo en el proceso.
Lo que ocurra finalmente en el desarrollo de la comisión marcará los plazos a seguir para aprobar los presupuestos. Si el PP cumple con su palabra de no interferir en las enmiendas de los grupos y se abstiene en todas, lo lógico sería que la mayoría de ellas –incluso todas las que se planteen– superaran este trámite, ralentizando el proceso y obligando a todas las partes implicadas a iniciar una nueva negociación que se dilataría varias semanas más o incluso algunos meses. Entre otras cosas porque admitir a trámite todas estas enmiendas –más de un centenar sobre la mesa– supone a su vez la modificación de numerosas partidas y, por tanto, implicaría una redistribución de la mayoría de las cuantías. O lo que es lo mismo, el presupuesto volvería a la casilla de salida.
Los populares acuden hoy a la reunión convencidos de que la convocatoria de la comisión supone «un portazo a la negociación» entre ambas formaciones y enrocados en la idea de no presentar ninguna enmienda al borrador elaborado por el ejecutivo de Espadas. Una postura firme que evidencia que la cúpula del PP sigue sin aceptar las reglas del juego marcadas en un principio por el gobierno y en la que encierra su deseo de que el pacto con los socialistas se concrete en la elaboración de un nuevo presupuesto que incorpore su alternativa y que se cierre con un pacto a dos –PP y PSOE– y el sí de los 23 concejales que suman ambos partidos.
El alcalde, contrario a este posicionamiento, presentó a finales de la pasada semana una propuesta «bastante vacua», dijo Pérez, a la que los populares respondieron este mismo lunes con una contraoferta que no se sale de su línea inicial. Según señaló su propio portavoz, «el PP solo apoyará los presupuestos si están representados los intereses de la ciudad» y para alcanzar esta máxima hay, por ahora, una diferencia de 15 millones de euros en diversas partidas. Pero los populares dicen tener «la sospecha» de que el gobierno de Espadas «nunca ha querido un acuerdo» con ellos y que «ha aparentado una negociación para provocar a lo que él llama la izquierda radical y que al final sean ellos los que apoyen los presupuestos».
En concreto, las diferencias entre ambos partidos se centran en el dinero destinado a seis áreas. Así, el borrador del gobierno fija 1,3 millones para «hacer la ciudad más habitable», a lo que los populares quieren destinar 2 millones. Para accesibilidad el PP pide 3 millones frente a los 700.000 euros que plantea el ejecutivo. También hay diferencias en el plan de mejora demográfica, de 1,1 a 3,2 millones, en el plan de promoción, restauración y puesta en valor del patrimonio, de 4 a 8 millones, en el refuerzo para los barrios en exclusión social, de 245.000 a 645.000 euros, y en la inversión en los colegios, especialmente centrada en su climatización, de 6,7 a 11,5 millones de euros. Además, el PP reclama «un compromiso de ejecución presupuestaria» por parte del alcalde, que los 2 millones de euros que se obtienen de la subida de la entrada del Alcázar se destinen a patrimonio y que se haga una reclamación institucional a la Junta de la actualización de la Patrica, fijada en unos 14 millones.