El primer caso de trata con fines delictivos a juicio

{El primer caso que pudo ser investigado como un delito de trata de seres humanos con fines de explotación en actividades delictivas, tras la reforma del Código Penal en 2015, se dio en Sevilla y fue llevado por la Unidad de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (Ucrif) de la Policía Nacional en Sevilla. No fue una tarea fácil porque el caso se destapó gracias a la llamada anónima de una de las víctimas, que finalmente fue localizada y cuya declaración permitió que la red fuera desmantelada. Cuatro personas fueron detenidas y en abril serán juzgadas por la Audiencia Provincial.

«Era una banda itinerante, que allá donde iban hacía que se disparara significativamente el número de denuncias por robo de catalizadores», indican fuentes de la Ucrif. «Lo único que teníamos era esa llamada y fue la comisaría del Distrito Sur la que consiguió localizar y detener a los que habían robado los catalizadores», apuntan. A partir de ahí, «y gracias también al trabajo brillante tanto de la Fiscalía de Extranjería como del Juzgado de Instrucción número 9», los investigadores lograron ampliar la declaración de la víctima más allá de los simples hurtos y se realizó la llamada prueba preconstituida, que consiste en tomarle declaración con todas las partes presentes para que el interrogado no tenga que volver a declarar durante todo el proceso y tiene la misma validez que si declarara en el juicio. «La mayoría de las víctimas quiere volver pronto a su país porque han venido buscando un trabajo para mantener a su familia», dicen las fuentes.

Es lo que ocurrió en este caso, donde fueron detectadas dos de las víctimas, de origen rumano al igual que los integrantes de la red, pero solo se pudo contar con el testimonio de uno de ellos «porque el otro ser marchó». Esta persona relató como los miembros de esta organización, que se sentarán el próximo 5 de abril en el banquillo para enfrentarse a penas de 8 y 6 años de prisión por un delito de trata de seres humanos con fines de realizar actividades delictivas, contactaron con él «ofreciéndole trabajar en España en una empresa de construcción» y ganando «un sueldo de 1.200 euros mensuales», según consta en el escrito de acusación de la Fiscalía. Los miembros de esta organización «abusaban» de la «precaria situación económica» de estas personas» para ofrecerles un «trabajo digno» en nuestro país. Sin embargo, una vez en España le revelaron que «en realidad no iba a trabajar realizando obras y reformas, sino que tenía que sustraer catalizadores de vehículos, amenazándole con que si se negaba a ello, sufrirían daños él o su familia en Rumanía», indica el fiscal. «Los llevaron a Madrid y allí les enseñaron a quitar el catalizador, incluso le hacían una prueba de destreza antes de ponerlos a robar y si no las pasaban les agredían», explican fuentes de la Ucrif.

Una vez preparados, la organización los iba trasladando a diferentes provincias (Bilbao, Madrid, Barcelona, Málaga o Sevilla) para cometer los robos, obligándoles a robar un mínimo de diez catalizadores, cuyo valor ronda los 600 euros, por noche. «Por eso donde iban se disparaban las denuncias por este motivo, que pasaban de ser anecdóticas a centenares», indican. «Se logró esclarecer el robo de mil catalizadores, con lo que fue una investigación muy positiva porque no se pudo desarticular la red y a la vez dar una respuesta ciudadana», afirman en la Ucrif. Si se negaba a cometer estos delitos los acusados «lo golpeaban con dureza», lo que hizo que la víctima «sufriera diversas lesiones por las que nunca recibió asistencia médica» o como le ocurrió en una ocasión en la que el gato hidráulico que levantaba el turismo falló y el coche cayó sobre él. Una vez terminaban volvían a Madrid, donde permanecían bajo vigilancia. Este domicilio fue registrado por los investigadores que localizaron en la cisterna del WC «un cortatubos de cadena» que usaban para los robos.