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Los expertos aconsejas cambiar las contraseñas para evitar que sean detectadas. / El Correo
La ciberdelincuencia es una realidad a la que se han tenido que adaptar las fuerzas de seguridad del Estado y la propia Justicia. En 2015, se produjeron reformas importantes en el Código Penal y también de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la que se daba respaldo legislativo a la investigación tecnológica. Un marco normativo que se ha adaptado a los tiempos siguiendo las directrices marcadas a nivel internacional, ya que una de las particularidades es que tras las prácticas delictivas en internet se esconden redes que operan desde cualquier lugar del mundo. Además, el Gobierno español publicó en 2013 la Estrategia Nacional de Ciberseguridad.
En su memoria anual de 2015 la Fiscalía General del Estado explica también que el Ministerio Público está trabajando «en la articulación de la red de Fiscales de Criminalidad Informática que se está poniendo en marcha desde Eurojust para facilitar la coordinación de esfuerzos en esta materia», así como «en el grupo de trabajo creado a nivel europeo para reforzar la actuación ante los delitos contra la propiedad intelectual e industrial». No obstante, la legislación «sigue yendo a pasos agigantados por detrás de la técnica actual, y eso el algo que va a ser así siempre», asegura el abogado Rubén Vázquez. Aún así, el letrado asegura que «cada vez se dan más pasos a través de convenios internacionales para la persecución de estos delitos, como por ejemplo, la existencia de Europol, que colabora con el resto de miembros de la Unión Europea para la persecución de delitos, especialmente en el ámbito informático». Para el letrado, en cambio, esta colaboración aún está «muy lejos de que exista un sistema jurídico seguro e internacional para la persecución de estos delitos».
Por eso los expertos aconsejan denunciar a la Policía para que «estos puedan investigar» y ofrecerles «toda la información que podamos al respecto», explica el experto en ciberseguridad del Instituto Nacional de Ciberseguridad, Marco Antonio Lozano. «Si hemos sido objeto de una estafa con nuestra tarjeta y demostramos que nos han realizado compras con ella de forma fraudulenta, los bancos están obligados a devolver el dinero. Pero si hemos comprado en una página o utilizando un sistema de pago como los bitcom o por Western Union es muy difícil recuperar el dinero porque no deja rastro», señala.
Según los datos de la Fiscalía General del Estado, en 2015 se produjo «un incremento de casi el 46 por ciento» por hechos denunciados en el «ámbito de la ciberdelincuencia». El mayor incremento se produjo con respecto a los delitos de odio, que aumentaron un «52,63 por ciento». En el caso de Sevilla, según recoge la memoria de la Fiscalía andaluza, los delitos que «resultan más significativos» son los relacionados «con la pornografía infantil, la revelación de secretos y la estafa».
Por su parte, los fiscales delegados de Sevilla dedicados a los delitos tecnológicos alertan además que el nuevo plazo dado por la ley para investigar los casos, de seis meses, «es demasiado exiguo para los delitos cometidos mediante modernas tecnologías de la información». Los fiscales aseguran que la investigación de este tipo de casos «resulta habitualmente muy compleja», entre otros motivos, por «los análisis periciales de los contenidos digitales e incluso la dimensión internacional del fenómeno digital».