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«El sexo y el dinero es lo único que le interesa al rey, lo típico de los borbones»

Javier Pérez Royo, catedrático en Derecho Constitucional, opina sobre la salida de Juan Carlos I de España y las discrepancias en el Gobierno

Verónica Ojeda verojeper /
12 ago 2020 / 04:30 h - Actualizado: 12 ago 2020 / 04:30 h.
"Rey Juan Carlos"
  • Javier Pérez Royo. / Carlos Hernández
    Javier Pérez Royo. / Carlos Hernández

Hace una semana de la marcha del rey emérito Juan Carlos I. Un viaje repleto de secretismo en el que todavía ningún español conoce el destino final. Portugal, República Dominicana, Emiratos Árabes Unidos o incluso Nueva Zelanda son algunos de los países en los que se ha especulado que podría estar, sin embargo, no se ha confirmado ninguno. Su salida del país ha sido un escándalo y una sorpresa, sobre todo, porque el rey emérito está siendo investigado por sus finanzas. En consecuencia, las discrepancias entre los partidos del Gobierno de coalición cada vez se hacen notar más. Por eso, Javier Pérez Royo (Sevilla, 1944), catedrático de Derecho Constitucional, responde por teléfono a El Correo de Andalucía para contarnos su opinión sobre la situación de la monarquía en la actualidad, así como las diferencias existentes en el Gobierno de España. Un jurista andaluz que está preocupado porque la reforma de la Constitución española no tenga cabida en la actualidad, pese a que, según él, lleva acarreando problemas desde hace cinco años.

¿Cuál es su opinión sobre la marcha del rey emérito Juan Carlos I?

La posición del rey, jurídicamente, no ha cambiado. Ni la del rey padre ni la del rey hijo. Felipe VI sigue siendo el rey efectivo y Juan Carlos I mantiene el título de rey, los honores y, además, sigue siendo miembro de la casa real, porque así lo decidió su hijo. Por tanto, jurídicamente la situación no ha cambiado nada. No hay ninguna actuación judicial contra Juan Carlos, sino que lo que hay es una investigación abierta y en curso por la fiscalía de Suiza y la española. Sin embargo, al tener la misma situación jurídica, él ha podido irse del territorio del Estado fácilmente haciendo uso del derecho reconocido en el artículo 19 de la Constitución española (los españoles tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos). Al final, el problema no es jurídico, sino político. Las valoraciones son muy distintas en los partidos políticos, tanto en los de ámbito estatal como de ámbito nacionalista.

¿Cómo podría afectar su salida de España a la investigación abierta sobre él?

Ese es el problema. ¿Es posible hacer una investigación en estas condiciones? No solo sobre los 60 millones que le ha dado a Corinna Larsen, sino también sobre el patrimonio del rey. ¿Cuál es el patrimonio del rey? Si lo que dice el The New York Times sobre los dos millones de euros es verdad, ¿eso cómo se ha hecho? Solamente se ha podido hacer delinquiendo y cometiendo delitos fiscales que han sido prolongados en el tiempo. ¿Puede la monarquía soportar una investigación así? ¿Puede la sociedad española soportar que no se haga una investigación de esa naturaleza y que no se haga absolutamente nada? Ese es el problema. Todos esos delitos fiscales suponen el propio patrimonio del rey Felipe VI y nos podemos llevar alguna sorpresa. Estas cosas tienen que saberse y no podemos vivir con un oscurantismo en estas cuestiones.

¿Y cómo podría afectar a la credibilidad de la casa real?

Está afectada ya. La credibilidad de la casa real es prácticamente nula y ahora todavía más después del último comunicado que hizo sobre el rey emérito. ¿Eso cómo se come? No sabemos dónde está Juan Carlos I, pero si es verdad que está en Abu Dabi en un hotel que cuesta once mil euros la noche, ¿quién está pagando eso? No se puede decir que eso no se cuenta porque es la vida privada del rey, su vida no es una cuestión privada. La familia real es la única que está reconocida en la Constitución. Mi familia no existe constitucionalmente, sino que es resultado del ejercicio del derecho al matrimonio. La familia no es un elemento constitutivo del sistema político de la democracia contemporánea a diferencia de lo que ocurría en el Antiguo Régimen, por lo que la única familia que queda en España mencionada en la Constitución es la familia real. Su dimensión es constitucional, no privada. No existen los asuntos privados para él y, por tanto, no pueden decir que no otorgan información por eso.

¿Qué responsabilidad podría tener el presidente del Gobierno?

Ninguna, aunque políticamente sí que se le podría exigir, como a cualquier presidente del Gobierno. La primera obligación de un presidente del Gobierno es educar a un monarca como monarca parlamentario y decirle qué es lo que puede hacer y qué es lo que no. En eso han fracasado todos los presidentes porque ninguno se ha atrevido. Por eso, ahora está saliendo a la luz el resultado de que Juan Carlos haya campado libremente sin que se le controlara de ninguna de las maneras. El sexo y el dinero son las dos únicas cosas que le interesan a Juan Carlos I, lo típico de los borbones.

¿Y qué piensa de las discrepancias en el Gobierno sobre la actuación del rey?

Estamos ante una situación en la que los dos partidos que constituyen el Gobierno de coalición tienen una posición política distinta con respecto a cómo debería de actuarse sobre la conducta de Juan Carlos I. Sin embargo, estas discrepancias y posiciones diferentes entre ambos partidos entran dentro de la lógica de la situación y es uno de los terrenos que estaba expresamente ya pactado en el Acuerdo de Gobierno. Las posibles discrepancias que previeron ya se están manifestando. Ahora veremos cómo se acaban resolviendo, pero es evidente que hay discrepancias entre los miembros del Gobierno.

Si el texto constitucional no es fijo e inamovible, ¿cómo sería posible modificarlo?

Ese es el problema. Es posible modificarlo en la teoría, pero en la práctica no hay forma de hacerlo.

¿Por qué no?

Porque con la composición de las Cortes Generales actuales no hay manera de conseguirlo. Es prácticamente imposible que haya una mayoría de dos tercios en las Cortes Generales que se planteen la disolución de la Constitución española, hacer unas nuevas elecciones y que vuelva a haber mayoría de dos tercios, además de celebrar un referéndum para la posible república. ¿Ese recorrido es posible hacerlo tal y como está el patio político en este momento? En teoría es posible hacerlo, la práctica es ciencia ficción.

¿Y qué va a pasar entonces?

No sé lo que va a pasar, pero lo que sí sé es que ahora mismo la reforma de la Constitución española no está en el horizonte actual y no tiene cabida; pese a que la Constitución actual tal y como está es un problema muy serio. Llevamos ya 5 años desde 2015 que la Constitución no funciona: ha habido que repetir elecciones, no se aprueban presupuestos y no se hacen leyes, sino que se legisla mediante decreto ley. El sistema constitucional funciona por inercia, pero sin la vitalidad que debería de tener. No sabemos por cuánto tiempo podrá extenderse, pero la realidad es que desde la moción de censura estamos como estamos. Es muy difícil que un Gobierno se articule con la mayoría que salió de la moción de censura porque hay que contar con el nacionalismo catalán, el nacionalismo vasco, Podemos, Izquierda unida, tradición socialista y la antigua tradición comunista. Configurar todo eso en un Gobierno es muy complicado, y más aún cuando está presente el tema de Cataluña y la monarquía. No sé cómo saldremos de esta y no creo que nadie lo sepa. Es imposible saberlo. De todas formas, ya veremos a la vuelta del verano qué pasa porque todavía estamos en agosto. En septiembre, el coronavirus y las consecuencias económicas del país se verá todavía más complicado por la situación tan delicada de la monarquía, la única pieza del Gobierno que no tiene sustitución. Si se va desvaneciendo la monarquía habrá que hacer un proceso constituyente y una posterior república. Ya no habrá otra solución por defecto, no porque haya un proyecto republicano, sino porque o hay monarquía o hay república. En definitiva, la democracia española es de baja calidad y está encajonada dentro de unos límites de los que no puede salirse. El tapón actual de la democracia española es el de la monarquía. Por eso, no se hacen reformas de la Constitución, pese a que sí que se puede reformar.


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