Es el turno, en esta ronda de entrevistas con los sindicatos y organizaciones del campo de la educación pública de Andalucía -clave como motor de desarrollo de nuestra región- del sindicato ANPE, segunda fuerza en el sector público, detrás de CSIF. De un total de 372 delegados, ANPE-Andalucía aglutina a 67 (18%).
Y hablamos con su presidente, Francisco Padilla Ruiz, de 59 años, quien, además de ser el máximo mandatario regional, es el líder de la organización en Sevilla desde septiembre de 2008, siendo ratificado en los mismos, de forma sucesiva, en tres procesos electorales internos. Diplomado en Profesorado de EGB y licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, ejerce como maestro de la enseñanza pública desde fines de la década de los ochenta, momento en el que inició también su militancia sindical.
-Sois el segundo sindicato con mayor representación en Andalucía. ¿Cuál es vuestro objetivo en el corto plazo y qué os diferencia de CSIF?
Nuestro objetivo inmediato es revalidar, también en Andalucía, los resultados obtenidos el pasado 4 de diciembre de 2018, que nos situó como primera fuerza a nivel nacional. Estamos convencidos que alcanzaremos el mejor resultado en el inminente proceso electoral, en el que esperamos un apoyo mayoritario del profesorado a ANPE, único sindicato independiente exclusivo de la enseñanza pública, que no está condicionado por lealtades a otros colectivos funcionariales o laborales, y que durante los últimos cuatro años ha abanderado la defensa de los docentes en un contexto muy complicado. Somos un sindicato de docentes y para docentes.
-¿Cree que la burocracia está siendo asfixiante para el profesorado andaluz?
Uno de los principales problemas que estamos detectando en los centros en los últimos años es el crecimiento de las tareas burocráticas que nos alejan de la auténtica labor docente. Año tras año se ponen en marcha nuevos programas educativos, sin que el profesorado pueda contar con un mayor tiempo de dedicación horaria a su implantación. A lo que se añade que los docentes sufren la inestabilidad de las leyes educativas, readaptándose continuamente a nuevos modelos curriculares que sustituyen a los anteriores sin que previamente haya sido evaluada siquiera su eficiencia.
ANPE solicitó a la nueva consejera la necesidad urgente de buscar soluciones a la creciente burocracia que asfixia a los docentes. Y estamos expectantes ante el compromiso adquirido públicamente por aquella para la apertura de negociaciones, ya que es un clamor de los docentes andaluces, “más docencia y menos burocracia”
-¿Cómo ha sido la primera toma de contacto con la actual consejera, Patricia del Pozo y su viceconsejera?
El primer encuentro ha sido cordial. En el mismo, la consejera manifestó su compromiso con la enseñanza pública y su preocupación por conseguir los mejores resultados académicos, seguir apostando por una mejor atención a la diversidad en nuestras aulas y mejorar la oferta de Formación Profesional, apostando por la FP Dual.
En esa reunión, ANPE transmitió su exigencia al nuevo gobierno autonómico, de una política inequívoca de compromiso con el sistema público de educación, ya que la educación pública es la garante de la igualdad de oportunidades y por tanto, la inversión de recursos y el esfuerzo presupuestario se tienen que centrar en la misma.
-¿Y sobre los cargos intermedios?
ANPE es una organización que apuesta por el diálogo, el consenso y la negociación. Fieles a ese espíritu, siempre hemos mantenido el máximo respeto y consideración por los profesionales que desempeñan cargos en la administración educativa.
-¿Qué opinión le merecía el antiguo consejero de Educación, Javier Imbroda?
Para la comunidad educativa supuso una conmoción la noticia de su fallecimiento. Javier Imbroda era ya, antes de llegar a la Consejería de Educación, una figura apreciada por su papel en el mundo del deporte. Desde ANPE recordaremos siempre el espíritu de trabajo e inclinación al consenso de un hombre que quiso dar lo mejor de sí a la educación andaluza, con un carácter bondadoso, educado y dialogante, apreciado por propios y extraños.
-¿Se conseguirá bajar la ratio en este mandato y no cerrar líneas?
Históricamente, ANPE ha defendido la bajada de ratios como medida de fomento de la calidad de enseñanza y de mejora de la atención a la diversidad. La ratio máxima es definida a nivel nacional por la norma básica educativa y en ella se han venido justificando los sucesivos gobiernos autonómicos para no afrontar su disminución.
Para romper esta dinámica, ANPE ha participado de forma activa en la recogida de firmas del profesorado que desembocará en la presentación de una Iniciativa Legislativa Popular que esperamos vea la luz próximamente en la cámara autonómica. Nuestro objetivo es bajar la ratio a 20 alumnos en infantil y primaria y 25 en Secundaria y Bachillerato, garantizada por Ley y acabar así con la supresión de unidades que se ceba en la enseñanza pública.
-¿Cómo ve la eliminación de la demanda social que la LOMCE incluía?
Desde ANPE siempre hemos defendido una enseñanza pública de calidad. En nuestra comunidad conviven desde hace décadas las redes pública y concertada, con hegemonía de la primera. Difícilmente puede responderse a una supuesta demanda social, teniendo en cuenta que sólo la enseñanza pública llega a todos los rincones del territorio, siendo una entelequia el generar expectativas sociales sobre distintos modelos, cuando en la práctica, en la mayoría de localidades, el sector privado, concertado o no, ni está presente ni tiene interés en ello.
Como sindicato de docentes de la enseñanza pública andaluza, no tenemos ningún complejo frente a otros modelos educativos. Apostamos por esta y por su permanente mejora.
-¿Qué postura tiene ANPE sobre la escasez de plazas públicas en la Formación Profesional?
Hace más de una década que ANPE empezó a plantear la necesidad de incrementar la oferta de enseñanzas de FP y de apostar decididamente por la formación dual. Aunque tenemos que reconocer que se han realizado tímidas ampliaciones de la oferta en los últimos años, es evidente que siguen siendo insuficientes para satisfacer la creciente demanda de estos estudios. En paralelo, nos preocupa que esta oferta insuficiente favorezca el avance de la enseñanza privada e incluso la irrupción de las universidades, que ven en la FP un mercado de futuro.
Por otra parte, exigimos a la administración un esfuerzo en materia de convenios con empresas, que puedan hacer posible un incremento de la oferta de FP Dual.
-¿Por qué el profesorado andaluz no goza, muchas veces, del reconocimiento social que merecería por la función clave que desempeña en la educación?
El profesorado goza, afortunadamente, del reconocimiento de la inmensa mayoría de la sociedad andaluza. Desgraciadamente, son nuestros representantes políticos los que, en el terreno de los hechos, se sitúan en muchos casos por detrás de ese nivel de reconocimiento. No obstante, está claro que el profesorado es víctima cotidiana de comportamientos minoritarios por parte de distintos usuarios del servicio educativo, tanto familias, como alumnos, que demuestran una nula empatía hacia nuestra labor. Conscientes del problema, desde ANPE hemos sido pioneros en la protección del profesorado, a través de la labor de nuestro servicio “El defensor del profesor”.
El reconocimiento social tiene que venir de la mano del reconocimiento profesional y este último es una asignatura pendiente de los distintos gobiernos, por lo que reivindicamos el desarrollo urgente de la profesión docente y la carrera profesional, contemplada en la reciente LOMLOE.
-¿Cuál es el feedback que os llega de los docentes?
El docente está muy preocupado por sus condiciones de trabajo. Todos los días atendemos quejas de profesionales indignados ante el exceso de tareas burocráticas que les restan tiempo de docencia; el hacinamiento de alumnos en las aulas que impide una auténtica atención a la diversidad; conflictos con los padres que interfieren en la tarea docente; insuficiencia de personal destinado a tareas de apoyo y refuerzo o por la necesidad insatisfecha de una disminución del horario lectivo que les permita afrontar adecuadamente tareas de coordinación y tutoría. En definitiva, inestabilidad e incertidumbre ante los continuos cambios legislativos que afectan su labor docente.
-Le pregunto lo mismo que a su homóloga de CSIF ¿Por qué hay tanta polémica en torno al proceso de estabilización? Parece un efecto llamada a otras CCAA. ¿No sería mejor ‘obligar’, como Aragón, a hacerlo de forma presencial para evitar esto?
Tal como está planteado este proceso de estabilización, es imposible que pueda verse ajeno de polémica. Su mismo origen está completamente descontextualizado de la realidad específica educativa, teniendo en cuenta que se acordó en el ámbito de la función pública para las diferentes administraciones. ANPE ha pedido en todos los foros la suficiente garantía jurídica de estos procedimientos para evitar una posible judicialización.
La propia Ley 20/2021 define este proceso como “medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público” y su desarrollo, lejos de conseguir la estabilidad para los funcionarios interinos, plantea una fórmula rápida para estabilizar las plantillas mediante procedimientos sui generis, que coyunturalmente pueden beneficiar a algunos en perjuicio de otros. A la par que obliga a convocar tres procedimientos de ingreso simultáneos y diferentes en apenas dos años.
En la actual coyuntura tenemos que combinar la fórmula de oferta establecida en la Ley, como norma básica, con el principio constitucional de libre concurrencia a las convocatorias de empleo público. Por ello, cualquier experimento de una comunidad autónoma podría derivar en paralización de los procedimientos por interminables procesos judiciales.
-País Vasco, Galicia y Cataluña introducen en sus bases para el concurso de méritos tener el idioma cooficial. Canarias intentará favorecer a sus interinos puntuando más a quienes tengan experiencia laboral allí, retrasando el concurso un año. ¿Qué hará Andalucía al respecto? ¿Qué propondría ANPE?
Como decíamos antes, cualquier experimento que vulnere el principio de libre concurrencia podría verse abocado a recursos en un sentido u otro. No podemos entrar en un juego de comunidades por retrasar al máximo el concurso, teniendo en cuenta además que el horizonte final de este proceso se sitúa en diciembre de 2024. La opción adoptada por nuestra comunidad en consenso con la mayoría de administraciones autonómicas, tiene las ventajas de proporcionar igualdad de oportunidades a los participantes y de evitar que algún participante pueda obtener plaza en más de una comunidad, lo que implicaría que pudieran quedar vacantes determinadas plazas.
Desde ANPE, abogamos por que las convocatorias se ajusten lo máximo a la legalidad vigente y a los principios constitucionales.
-¿Por qué no hay transparencia en la adjudicación de plazas para el concurso y el concurso-oposición transitorio? La gente duda sobre las razones del reparto de plazas para una y otra vía.
La Ley 20/2021 establece de forma rotunda la temporalidad que deben cumplir las plazas objeto de estabilización tanto para el sistema de concurso de méritos como para el de concurso-oposición. Las distintas administraciones públicas, están obligadas a cumplir este precepto básico y no hacerlo, tendría consecuencias legales. Además de esto, debemos recordar que esta ley viene a culminar el proceso de estabilización de empleo temporal iniciado en la ley de presupuestos de 2017, autorizando una tasa adicional a las plazas convocadas entonces, que en Andalucía superaban las 12.600. Esto viene a complicar el cálculo final, porque muchas de estas plazas ya han sido objeto de convocatorias anteriores
Desde ANPE no estamos en condiciones de poner en duda que las cifras aportadas por la administración andaluza, y publicadas como oferta de empleo en el BOJA, cumplan estos requisitos, ya que los datos para poder confrontarlas, obran exclusivamente en poder de la propia administración.
-¿A qué se debe tanta indignación entre los docentes de Magisterio y el famoso ‘No al 2x1’?
El Real Decreto 1594/2011, por el que se establecen las especialidades docentes del Cuerpo de Maestros, establece que el profesorado del Cuerpo de Maestros de cualquiera de las especialidades podrá impartir las áreas propias de la especialidad de Educación Primaria. Es por este motivo que en ocasiones las vacantes ocupadas por especialistas completan el resto de su horario en Educación Primaria. Esto se ha hecho siempre así y gracias a ello se evita que existan especialistas a media jornada o que estos tengan que compartir centros.
No obstante, somos conscientes del malestar del profesorado perteneciente a las bolsas de Educación Primaria que, durante los últimos años, ven mermadas las vacantes a las que pueden aspirar, pero esto no sólo es consecuencia del denominado “2x1”, sino de los procesos de estabilización iniciados en 2017 que han reducido drásticamente la tasa de interinidad de esta especialidad. La solución vendría por dotar a todos los centros de tantos especialistas de primaria como unidades tiene el mismo, ya que estos necesitan una mayor dotación de personal para atender las necesidades de atención a la diversidad del alumnado y refuerzo de la tutoría.
-A esto, le sumamos la escasez de orientadores en los centros...
En ANPE, tenemos muy claro que es insuficiente el número de orientadores en nuestro sistema educativo. Por ello reclamamos la presencia de un orientador en todos los centros de Infantil y Primaria, así como la dotación de un segundo orientador en los IES. Y, por supuesto, pedimos la consolidación de todas las plazas de orientadores adscritas a programas educativos.
-¿No piensa que el sistema educativo actual, aunque se maquille, está totalmente desactualizado? ¿Cuál sería su propuesta?
Para ANPE, nuestro sistema educativo necesita un acuerdo básico o pacto de Estado que dote de estabilidad al sistema y aleje la Educación de la confrontación ideológica permanente. Ahora bien, dudamos que este sea posible ante la incapacidad acreditada por nuestros representantes políticos. Pero con pacto o sin él, hay cuestiones que no pueden esperar. No podemos seguir asistiendo al espectáculo de que cada cambio de gobierno se traduzca en la promulgación de una nueva ley orgánica de educación.
Como hemos defendido siempre, el profesorado es el eje del sistema educativo y debe dejar de ser un instrumento en manos de los políticos para convertirse en el protagonista de las transformaciones que necesita la educación. Por ello, es necesario definir un marco general en el que su opinión, canalizada a través de sus representantes, tenga el peso que merece en una perdurable, profunda y consensuada reforma del sistema.
-¿Está agotado el sistema de oposiciones? ¿Por qué un opositor no puede reclamar ni ver su examen tras ser corregido?
Por supuesto que está agotado. El vigente reglamento de ingreso es una pequeña cirugía realizada en 2007, de otro anterior. Desde ANPE, venimos reclamando la necesidad de un Estatuto de la Función Pública Docente que regule nuestra carrera desde el ingreso hasta la jubilación. En este sentido, abogamos por un sistema de ingreso más objetivo y garantista en el que se prime la experiencia docente previa en los márgenes establecidos por nuestra Constitución.
Entendemos que el opositor merecería una explicación ante la calificación de su examen. No obstante, tenemos que recordar que el examen es evaluado por todos los miembros del tribunal descartándose las calificaciones más dispares. Por ello, abogamos por otro tipo de pruebas que puedan calificarse del modo más objetivo posible, como garantía para los aspirantes y sus examinadores.
-¿Adelantaría el calendario de inicio de curso?
No existen a nuestro juicio motivos para implantar dicho adelanto, puesto que cumplimos el calendario escolar recogido por la ley de educación, y cuya duración es incluso superior al de otros países de nuestro entorno. Por otro lado, esa modificación implicaría o terminar antes el curso o introducir nuevos periodos no lectivos durante el mismo, a la par que plantearía graves problemas organizativos en la planificación inicial del curso.
-¿Y reducir la carga horaria diaria en la educación secundaria a 6 horas?
En nuestro sistema educativo está consolidado un horario lectivo del alumnado de 25 horas semanales en los colegios y de 30 horas en los institutos y que sitúa su número de horas lectivas en la media de los países más desarrollados. Si queremos recortar el horario de permanencia del alumnado de secundaria en el centro, debemos considerar el recreo dentro del horario lectivo y en consecuencia aminorar la duración de cada sección horaria.
Respecto al horario semanal del profesorado, es de 35 horas, como el de cualquier otro funcionario. Dentro de él, abogamos por una reducción de las horas lectivas, para que el docente tenga más tiempo para formarse y atender mejor la función tutorial y cualesquiera otras que desempeñe en su centro de destino.
-¿En qué situación se encuentran los inspectores andaluces?
Tras la celebración de los últimos procesos selectivos, la plantilla de inspectores se ha estabilizado bastante y con las plazas que se convocaran a oposiciones el próximo año, quedara cubierta por funcionarios, prácticamente toda la plantilla orgánica.
-¿Se conseguirá, algún día, una convivencia pacífica entre pública y concertada?
Dicha convivencia pacífica existe, de hecho. Los docentes de la pública y la concertada se profesan un gran respeto mutuo y no son pocos los profesionales que en distintas etapas de su carrera llegan a trabajar en uno y otro sistema.
No obstante, nuestro reconocimiento hacia la labor social y pedagógica de la escuela concertada no nos impide denunciar los desequilibrios que se producen en la escolarización entre los centros públicos y los concertados, y que afectan tanto al reparto de alumnos con mayores necesidades educativas como a la supresión de unidades escolares en contextos de baja demanda de matrícula. Pero la culpa no es de los propietarios de los centros concertados, y mucho menos de sus trabajadores, sino de las administraciones públicas que en ocasiones los benefician.
-¿Cuál es la mayor amenaza actual de la educación pública?
La falta de consideración en su papel como pilar fundamental del sistema educativo español. Una falta de confianza que afecta al mundo de la política, de los medios de comunicación y a amplias capas sociales que equivocadamente perciben que las nuevas generaciones tienen mejores oportunidades de formarse en los centros privados y privados concertados.
Como profesionales de la red pública, única que garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación, en cualquier rincón del territorio nacional, tratamos de potenciar su prestigio social, en todas y cada una de nuestras actuaciones y nuestra principal preocupación se centra en la defensa de la enseñanza pública y su profesorado.