Espadas quiere que los inmuebles de los bancos sean vivienda social

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha mantenido un encuentro este miércoles con el Defensor de Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, tras el que ha anunciado que se reunirá en unos días con las entidades financieras con el objetivo de que sus inmuebles vacíos se destinen a vivienda social o a personas con necesidades urgentes. Paralelamente, se revisa el parque público para concretar las viviendas sin adjudicar, alrededor de 400, ante lo que «se modificarán todos los procedimientos internos que hagan falta para que el 31 de diciembre todas las viviendas municipales estén adjudicadas».

El encuentro ha sido enmarcado por Maeztu en la ronda de contactos que mantendrá con los alcaldes y a los que les planteará la necesidad de un pacto por la vivienda con medidas como la analizada este miércoles con Espadas. «He encontrado una gran sensibilidad con estos temas en Espadas y creo que vamos por el buen camino», añade Maeztu, asegurando «los bancos están teniendo iniciativas, tienen viviendas protegidas con dinero público y han de ponerlo en el registro de demandantes».

Así, Espadas ha detallado que las normativas existentes, «que responden a situaciones históricas anteriores»; además de los precios de la vivienda y su tipología «dificultan actualmente los procedimientos de adjudicación para poner a disposición ciudadana toda la oferta pública». «El banco tiene un problema económico con las viviendas vacías de las que se quiere deshacer fruto de muchas situaciones, como los impagos de hipoteca, y el Ayuntamiento un problema social, por lo que podemos ponernos de acuerdo», sentencia, aunque recuerda que «no todas las viviendas son susceptibles de entrar en alquiler social».

Deja claro que el procedimiento actual «no funciona, ni el de adjudicación, ni el registro de demandantes, ni la oferta de vivienda a precios asequibles», mientras que hay viviendas en manos de las entidades financieras vacías y «no hay mecanismos para que lleguen a quien lo necesita, inmuebles en el parque público de viviendas que no se adjudican como consecuencia de que los procesos interminables y hay una legislación y planes de vivienda sobre vivienda que hay que adaptar a la situación actual».

Según explica, pretende ensanchar la capacidad de vivienda con los criterios de servicios sociales, con lo que espera que en la segunda parte del mandato se note ya el plan municipal de vivienda que se quiere poner en marcha. Para ello, revisará con Emvisea, el Defensor y la Junta el parque público para que no haya viviendas vacías y sean adjudicadas con unos criterios «marcados por los servicios sociales».

«La prioridad está en quien no tienen vivienda por dificultades económicas insalvables o la pueden perder, ésta es la obligación del ayuntamiento y no mero voluntarismo», sentencia, matizando que «nunca respaldaré una situación ilegal que se da como consecuencia de que no hay una actuación preventiva ágil».

Igualmente, Espadas se va a reunir con las Unidades de Trabajo Social (UTS) existentes en la ciudad para «ver donde están esas familias con necesidades para después analizar con Emvisesa donde hay viviendas disponibles para casar oferta y demanda». «Vamos a ir dando pasos de manera urgente porque no es un problema puntual», añade, ante lo que destaca el papel del Defensor, al que le llegan «los casos más graves y no resueltos y mi obligación es conocerlos».

Apuesta por una estrategia preventiva y reforzar la capacidad de respuesta de la Administración y ha hecho referencia a dos casos concretos en los últimos días de desahucio en vivienda privada, ante lo que el equipo de Espadas ha «detectado el problema como hicimos el lunes y el martes, cuando fuimos a ver a las familias y hasta que no aseguramos que tuvieran una salida no nos movimos de allí».

«Ahora hay que buscar solución para los próximos días. Hoy ya hay otro concejal, el de Urbanismo, resolviendo con Emvisesa el procedimiento de adjudicación, para lo que lo primero es el informe de los servicios sociales para tener la garantía de qué vivienda es la más correcta y cuál sería la solución temporal que se le da a estos procedimientos de urgencia», sentencia.

De su lado, Maeztu, que ha suscrito lo dicho por Espadas, ha asegurado que planteará propuestas en esta materia también a otros alcaldes, como la referente a las viviendas de las entidades financieras, las que «por responsabilidad social corporativa quieren aportar algo a la solución de la vivienda y no ser tan malos».

Explica que recibe a las familias «más vulnerables y también a las normalizadas que se han quedado sin empleo», unas necesidades que afirma que tienen que compaginarse con las familias de demandantes y que haya propuestas que encajen a estas personas más vulnerables con quienes están en la lista de espera.

Además, insiste en la importancia de un pacto por la vivienda que llevará a todos los municipios, «teniendo abierta una inspección de oficio en 171 municipios para saber el diagnóstico, procedimientos y situaciones de emergencia». «Esto es un problema de todos los municipios», sentencia.

Señala que trabajará este asunto con la Federación de Municipios y con las asociaciones para que «no haya cada dos por tres sobresaltos con desahucios y niños en la calle, incluso que haya situaciones de quien se aproveche de vulnerabilidad de la gente para hacer situaciones no tan legales».

Por último, anuncia que todos los Defensores del Pueblo nacionales presentarán en septiembre «un planteamiento en materia de vivienda», después del taller realizado en Santiago de Compostela y el que se hará al final del verano en Santander. «Uniendo los pactos de viviendas y nuestras propuestas, podemos aportar a los ayuntamientos un valioso material para que no se hagan sólo cosas sueltas o dependiendo de la voluntad de cada alcalde», concluye.