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A través de una empresa de electrodomésticos, defraudaron más de dos millones de euros a empresas, entidades bancarias y sociedades mercantiles.
La Policía Nacional ha finalizado una operación desarrollada durante más de dos años en la que se ha desarticulado un grupo criminal que supuestamente mediante la comisión de estafas y alzamiento de bienes, a través de una empresa de importación de electrodomésticos, defraudaron más de dos millones de euros a empresas, entidades bancarias y sociedades mercantiles.
El entramado delictivo consistía en simular operaciones mercantiles, ingresando desde una empresa de importación de electrodomésticos elevadas cantidades de dinero en las cuentas de sus trabajadores, exigiéndoles posteriormente diversas transferencias a terceros, según ha informado la Policía en un comunicado.
La investigación, llevada a cabo por el Grupo de Blanqueo de capitales de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Sevilla, se inició tras la denuncia de varios empleados de una empresa de importación y distribución de material electrónico ubicada en el Polígono Calonge de la capital, desde donde se distribuía material a toda España.
En sus denuncias daban cuenta de ingresos de cantidades muy elevadas en sus cuentas particulares procedentes de la empresa para la que trabajaban, que les exigía a continuación diversas transferencias a terceros, con las que la compañía simulaba presuntamente operaciones comerciales con los mismos.
Por estos hechos, los investigadores del Grupo de Blanqueo de capitales de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Sevilla iniciaron las primeras pesquisas y comprobaron la complejidad del entramado societario creado, requiriendo la coordinación para ello de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y varios juzgados de la ciudad.
Así, la Policía ha señalado que, “tras complejas diligencias”, identificaron a los componentes del grupo criminal, cuyo ‘modus operandi’ se basaba en la creación de empresas ficticias y la presunta simulación de facturación con las mismas.
Para ello, según ha explicado la Policía, empleaban las cuentas sus propios empleados mediante falsas relaciones comerciales a modo de “circuito financiero fraudulento”, por el que ingresaban en unas cuentas con la justificación de pagos, cantidades que previamente se retiraban de otras bajo la apariencia de ingresos.
La Policía ha señalado que la finalidad de esta operativa de simulaciones era la de acreditar una elevada solvencia para obtener numerosas créditos bancarios que luego no devolvían.
Así pues, las entidades bancarias defraudadas, que hasta el momento se contabilizan en cinco, ignoraban incluso su situación de víctimas, dado que los impagos se enmascaraban bajo la situación de insolvencia de las empresas.
Los agentes pudieron constatar que la empresa principal operaba “al mismo tiempo que declaraba su insolvencia” en los circuitos comerciales denominados de “economía sumergida”, de lo que se beneficiaban a su vez numerosos minoristas que eludían el pago de cualquier tipo de impuestos.
Los investigadores determinaron que para eludir sus responsabilidades ente las entidades financieras y la Hacienda Pública los presuntos cabecillas y gestores de la organización criminal ocultaron presuntamente su patrimonio mediante diversas maniobras características de la operativa de blanqueo de capitales, dando lugar al delito de frustración de la ejecución, antiguo alzamiento de bienes.
De este modo, los perjudicados no eran conscientes de las maniobras fraudulentas, pues la declaración de insolvencia y la existencia de varios procedimientos de ejecución otorgaban apariencia de fracaso comercial debido a la crisis económica.
La investigación, que ha durado en torno a dos años, culminó con la fase operativa, abarcando las provincias de Sevilla, Toledo, Tarragona y Valencia y concluyendo en la imputación de 25 presuntos implicados, así como a los principales cabecillas a los que también se les imputa presunto delito de fraude contra la Seguridad Social, al contratar a su propios empleados y comerciales bajo la apariencia de contratación de sus servicios como autónomos, de forma que el total de lo defraudado se eleva a más de dos millones de euros.