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Facua exige que el Ayuntamiento inicie una investigación

Aseguran que debe estudiarse un «rescate» de la concesión «si el Consejo no ha hecho lo suficiente»

30 mar 2016 / 22:38 h - Actualizado: 30 mar 2016 / 22:39 h.
  • Montaje de las sillas en la Campana. / Jesús Barrera
    Montaje de las sillas en la Campana. / Jesús Barrera

La asociación de consumidores Facua salió ayer en defensa de los abonados de la Carrera Oficial y de aquellos sevillanos que quieran acceder a las sillas y palcos. Lo hizo solicitando al Ayuntamiento de Sevilla que inicie una investigación para determinar el grado de responsabilidad del Consejo de Cofradías en el fraude de la venta ilegal de estos pases de acceso y que, en caso de ser necesario, lleve a cabo las acciones necesarias para evitar que vuelvan a producirse hechos así.

Según su portavoz, Rubén Sánchez, «el Consejo debe aclarar si tenía conocimiento de estas irregularidad, si tiene algún protocolo de actuación en este tipo de casos, y si dispone de algún procedimiento para controlar si el que está sentado en la silla es el titular de las misma». En caso contrario, solicitan al gobierno municipal que actúe de oficio y estudie «un rescate de la concesión» para la explotación de las sillas y palcos de la Carrera Oficial que, a juicio de Facua, debe pasar a manos del propio Ayuntamiento.

«Al ser una actividad que tiene tanto riesgo de fraude, no se trata de que lo haga otra empresa privada sino el propio gobierno municipal», advirtió Sánchez. En este sentido, el portavoz de los consumidores pidió también al Ayuntamiento una modificación de la actual gestión de la Carrera Oficial para «socializar el acceso» a las sillas. «Hay que denunciar la enorme dificultad de la ciudadanía de bajo nivel económico para acceder a un evento emblemático para la ciudad».

Al respecto, el propio Sánchez dio un paso más al proponer directamente que se «garantice» el acceso a «personas con menor poder adquisitivo». Su planteamiento se sostiene en la adecuación de una serie de bonificaciones, «como ocurre en el caso de los autobuses», para que «familias con todos sus integrantes en el paro», no renuncien a los que considera un «derecho» de toda la ciudadanía.


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