El que fuera factótum de Abengoa durante 24 años ha tenido que asumir en el último año la pérdida del trono empresarial, ser desahuciado de su casa y saltar a la palestra informativa por el juicio que pesa sobre él por administración desleal. A Felipe Benjumea Llorente le llegó la jubilación con varios años de adelanto, pues será el próximo año, concretamente el 14 de septiembre, cuando entre en su sexta década de vida. Un retiro sin preocupaciones pues su salida se efectuó previo pago de 11,5 millones de euros por parte de la compañía, cantidad que le ha valido un proceso judicial. Pero, como dijo el exministro socialista Josep Borrell, en referencia al empresario sevillano: «El talento se paga».
Benjumea heredó la Abengoa que construyó su padre a principio de los años 90. Bajo su mando, la primigenia compañía de producción y montaje de instalaciones industriales e infraestructuras eléctricas se convirtió en un referente tecnológico a nivel mundial con presencia en más de 70 países y que llegó a estar en el Íbex 35.
Durante el cuarto de siglo que ha estado manejando los hilos de la ingeniería hizo de Abengoa la compañía líder en renovables, aquella que se hizo con el mayor contrato de la historia para construir la planta solar más grande del mundo en Estados Unidos. Sin embargo, tras tener que ampliar el capital de la empresa en más de 600 millones para asumir sus deudas –más tarde cuantificadas en 9.000 millones de euros–, tener que abandonar la presidencia del grupo forzado por la banca (aunque seguiría como asesor en el consejo de administración) y perder el apoyo de Gonvarri, la multinacional se vio abocada a presentar un preconcurso de acreedores, cuya evolución ha ido acompasada con la del magnate.
La salida de Benjumea debería de haber sido un punto y aparte, pero no. El cheque de 11,5 millones hizo dudar a los bonistas de la empresa, quienes se querellaron contra él al considerar que se trataba de un delito de administración desleal y de buscar «su lucro personal», que empezó a investigar la Audiencia Nacional.
Enero fue un año más que convulso para el expresidente de Abengoa. Mientras muchos disfrutaban de sus Reyes Magos, la jueza de Instrucción de la Audiencia Nacional Carmen Lamela le embargaba, como medida cautelar, diez bienes inmuebles en las provincias de Sevilla, Cádiz y Soria, un total de 13 cuentas corrientes y seis vehículos, entre ellos dos Mercedes, un BMW, un Chrysler y un ciclomotor marca Piaggio para cubrir la fianza impuesta como medida cautelar.
Un día después vendría la citación para declarar. Acostumbrado a aparecer poco en público, en los últimos tiempos solo lo hacía para entregar los premios Focus de la Fundación Abengoa y cuando la compañía dio el salto a la bolsa norteamericana, Benjumea ha tenido que convivir con los objetivos de las cámaras a su salida de los juzgados, donde debía acudir cada 15 días a declarar como parte de las medidas interpuestas por la juez de la Audiencia Nacional a raíz de la indemnización millonaria por la que dejó la ingeniería sevillana.
La cita en el juzgado tuvo lugar el 16 de febrero. Defendió la transparencia de su gestión y achacó la debacle de la compañía a la falta de subvenciones para energías renovables por parte del Estado. Una excusa que no le valió al fiscal de la Audiencia Nacional ya que le retiró el pasaporte y le obligó a presentarse cada 15 días en su juzgado más cercano.
El día horribilis para Felipe Benjumea fue el 1 de marzo cuando la compañía anunciaba la rescisión del contrato de prestación de servicios suscrito con el expresidente en septiembre 2015 por importe de 1,08 millones. Se desvinculaba definitivamente de Abengoa con el objetivo de facilitar la reestructuración de la ingeniería.
Tras perder su ‘casa’, Benjumea se vio obligado a empezar de cero. El pasado 27 de abril, el que fue alma mater de Abengoa iniciaba un nuevo camino con la ZEO Fortuny (con sede en la madrileña Castellana). Con esta nueva compañía, de la que era el único socio, pretendía ejercer de consultor de otras empresas y recuperar su obsesión de los últimos años la actividad de energías renovables, y más concretamente de recursos como el hidrógeno. Sin embargo, el proyecto se desvanecía el pasado 16 de diciembre, cuando este abogado de formación liquidaba la sociedad con la que pretendía recuperar la normalidad. Una aventura que sólo le ha durado seis meses.