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Un operario de Lipasam limpia un reguero de aceite que dejó un accidente en la Plaza de Cuba. / Pepo Herrera
El Gobierno municipal ha anunciado que remitirá un escrito este mismo viernes al Ministerio de Hacienda con un informe firmado por la Intervención Municipal en el que se avala la continuidad de Lipasam como empresa pública de la ciudad de Sevilla, se garantiza su equilibrio financiero desde la entrada en vigor de la nueva Ley 2 Ley 27/2013 de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local y se rechaza, por tanto, que la sociedad esté afectada por cualquier causa de disolución de las establecidas en esta normativa desde que entró en vigor el 31 de diciembre de 2013. En este informe se detalla, asimismo, que en todo momento la empresa ha tenido una situación de capacidad de financiación o equilibrio en términos de contabilidad nacional y, por tanto, ha sido completamente “innecesaria la formulación del plan de corrección de desequilibrio” que prevé la Ley en su disposición adicional novena.
Este escrito se presenta después de que el Ministerio de Hacienda haya remitido una carta a la Delegación de Hacienda del Ayuntamiento de Sevilla en el marco de un proceso de ámbito estatal diseñado por el Gobierno central en la que se advierte que Lipasam de acuerdo a sus resultados del año 2012, durante la gestión por tanto del anterior mandato municipal, puede incurrir en algunas de las causas de disolución establecidas en la Ley 27/2013 y se reclama al Ayuntamiento de Sevilla una respuesta en un periodo de 15 días para que el Ayuntamiento remita una información, avisando de “posibles responsabilidades” y de la posible aplicación de un proceso de “disolución automática”.
“Se trata de un grave error por parte el Ministerio de Hacienda y así se lo vamos a trasladar al Gobierno central. En ningún caso, la empresa municipal de limpieza ha estado durante los últimos años ni está en estos momentos en ninguno de los supuestos previstos en la ley que puedan conllevar una disolución. El gobierno de la ciudad va a mostrar su rechazo contundente a este escrito del Ministerio de Hacienda y exigimos una rectificación inmediata”, explicó la presidenta de Lipasam y delegada de Relaciones Institucionales, Economía y Comercio, Carmen Castreño.
Esta respuesta por escrito se apoya además en un informe elaborado por la Intervención municipal que concluye con contundencia que “ni se ha incoado proceso de disolución de Lipasam ni resulta de aplicación automática al no concurrir los condicionantes y requisitos de la Ley”. Del mismo modo, el citado informe incide en que a la entrada en vigor de la Ley el 31 de diciembre de 2013 la empresa presentaba una situación de equilibrio financiero y de estabilidad, situación que se mantiene de forma completamente garantizada. Las fechas de aplicación de esta normativa afectan al año 2012, ejercicio que, de acuerdo con los informes de la Intervención se cerró con una situación de equilibrio o capacidad de financiación de 754.085 euros y con un resultado positivo de 803.271 euros.
“Para este gobierno la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local supone una intromisión en las competencias municipales y un marco legal que daña los servicios públicos y las prestaciones que ofrecen los ayuntamientos a sus ciudadanos. Este no es más que otro ejemplo de una normativa que es imprescindible modificar. En cualquier caso, los trabajadores de Lipasam y los ciudadanos de Sevilla pueden estar tranquilos porque en ningún caso está en riesgo la continuidad y el futuro de Lipasam como empresa 100% pública que presta un servicio esencial a Sevilla”, concluyó Carmen Castreño.