Las excavaciones emprendidas el pasado mes de enero en la fosa común de Pico Reja del cementerio de Sevilla, donde descansarían los restos de 1.103 personas represaliadas por las tropas sublevadas desde el comienzo del alzamiento militar hasta el 31 de agosto de 1936, han supuesto hace pocos días la localización de restos óseos de cinco individuos con signos "que podrían estar relacionados con una probable muerte violenta".
Según un correo electrónico remitido por la Oficina de la Memoria Histórica del Ayuntamiento hispalense al colectivo de familiares de represaliados y recogido por Europa Press, después de que hasta el momento hubiesen sido descubiertos restos óseos de 120 personas con "posibles evidencias" de haber sido víctimas de la represión y la recuperación de los huesos de 111 de ellas, hace pocos días el sondeo número tres de la excavación ha arrojado novedades.
A una profundidad de aproximadamente 1,3 metros bajo rasante, los operarios y especialistas encargados de la excavación "han encontrado un grupo de inhumaciones de cinco personas, caracterizadas por estar en contacto anatómico y no responder a la forma establecida de enterramiento". Según se precisa en este correo, "cuatro están dispuestos boca abajo y uno boca arriba con orientaciones inversas".
"En los cuerpos se ha podido detectar posibles daños perimortem, que podrían estar relacionados con una probable muerte violenta, compatible con lo que indican los estudios históricos sobre los enterramientos clandestinos en esta fosa", expone la Oficina de la Memoria Histórica, toda vez que un informe previo ya daba cuenta de la detección de "un impacto de proyectil en el cráneo de un sujeto (...), siendo posible por los datos cronológicos que se tratase de un sujeto ejecutado en Consejo de Guerra".
Así, sigue adelante esta excavación arqueológica de la fosa común de Pico Reja a manos de la empresa Aranzadi Sociedad de Ciencias, tras su contratación por parte del Ayuntamiento de Sevilla, que con la Junta de Andalucía y la Diputación promueve esta actuación destinada a recuperar los restos de 1.103 personas que según historiadores como José Díaz Arriaza, contendría esta fosa principalmente por los fusilamientos perpetrados en Sevilla por las tropas sublevadas desde el comienzo del alzamiento militar hasta el 31 de agosto de 1936.
Entre las víctimas enterradas en este enclave figurarían miembros de la corporación municipal hispalense de la época, algunos alcaldes de la zona e incluso diputados. Podría ser, de hecho, la fosa donde descansarían los restos de Blas Infante, ejecutado precisamente en agosto de 1936 y declarado como Padre de la Patria Andaluza.
Los resultados de la investigación inicial de esta fosa, encargada por el Ayuntamiento a la empresa TCA Geomática, están plasmados en una memoria recogida por Europa Press y que corrobora "tanto las noticias escritas como orales sobre la existencia de la fosa con restos de personas enterradas tras el golpe militar de 1936", pues la fosa en cuestión constituye un depósito "colectivo" de cadáveres enterrados sin ataúdes y sin que la posición de los cuerpos se atenga a "los rituales funerarios habituales".
Según dicho volumen, dada la localización de restos óseos que corresponderían a un "mínimo" de seis personas en la excavación inicial de la investigación, con indicios de "episodios de violencia" en dos de los casos en un sondeo superficial de apenas dos metros cuadrados, "es posible mantener las cifras manejadas por Díaz Arriaza" respecto al número de cuerpos que albergaría la fosa, e incluso "aumentarla".
Y es que según se detalla en este libro, tras haber acogido los cuerpos de las personas represaliadas desde el inicio del alzamiento hasta acabar agosto de 1936", la fosa de Pico Reja habría sido "reutilizada en momentos posteriores", pues por ejemplo fue localizado un fragmento de engarce de cristal de Bohemia con la inscripción del nombre oficial de la Segunda República Checoslovaca durante 1938 y 1939.
En paralelo a esta investigación, el Ayuntamiento hispalense ha recogido muestras genéticas de al menos 155 personas susceptibles de contar con lazos familiares con personas represaliadas quizá enterradas en la citada fosa común, para su posterior cotejo con los restos de las víctimas una vez sean exhumadas y lograr así su identificación.
