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Familias que ocuparon VPO en Nuevo Amate, en la puerta de Emvisesa. / Pepo Herrera
El Protocolo de Actuación para casos de incumplimiento de las normas de convivencia vecinal y no ocupación de las viviendas arrendadas propiedad de Emvisesa, o gestionadas por ella, por parte de sus inquilinos legales mantiene en estos momento 55 expedientes en curso, de los cuales 11 se han derivado al Programa de Resolución de Conflictos.
La encargada de aplicar el protocolo de actuación es la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda (OMDV), que funciona desde el 31 de mayo de 2016. Desde que la oficina inició la aplicación del Protocolo de Actuación se han abierto, según fuentes municipales, un total de 89 expedientes. De éstos, 34 se han cerrado: cinco expedientes por no quedar acreditados los hechos denunciados, 10 por haber presentado alegaciones que han sido aceptadas o por haber cesado la conducta denunciada tras el apercibimiento, cinco por resolución judicial del contrato de arrendamiento tras aprobación por parte del Consejo de Administración de Emvisesa, cuatro casos de enganches ilegales, uno que se ha trasladado al Protocolo de Viviendas Vacías y nueve resueltos gracias al Programa de Resolución de Conflictos.
Insisten en el Ayuntamiento en que «no existen grandes problemas de convivencia» en las promociones de Emvisesa, empresa municipal cuya intención es «servirse del Protocolo de Actuación para evitar que pequeñas tensiones propias de la coexistencia desemboquen en el deterioro de promociones completas». La finalidad a medio y largo plazo del Protocolo es «prevenir la creación de problemas graves de convivencia comunitaria e impedir que estas dificultades afecten al espacio público y al entorno donde se encuentran las viviendas».
El Protocolo de Actuación sienta las bases para poder «prevenir, detectar, evitar y resolver acciones que generen conflictividad y malestar entre los vecinos», que puedan degenerar la convivencia de la comunidad. También establece «orientaciones y pautas de intervención para la atención a las familias que sufran o generen problemas de convivencia».
Los hechos que pueden dar lugar a la aplicación de este protocolo se clasifican en leves, graves y muy graves. Las sanciones van en consonancia, y pueden ser desde un apercibimiento por escrito hasta la obligación de abandonar la vivienda. Para las personas que ocupen una vivienda «sin título para ello», Emvisesa plantea la «ejecución de las actuaciones judiciales pertinentes para el desalojo y recuperación de la posesión de la vivienda».
Las propuestas de actuación a realizar para las infracciones leves, graves y muy graves deberán ser aprobadas por el director gerente de Emvisesa, la Comisión Ejecutiva y el Consejo de Administración respectivamente.
El protocolo también incluye, para casos en los que se considere oportuno, la Unidad de Mediación que lleva a cabo el Programa de Acompañamiento para la Resolución de Conflictos «Convivencia Activa». Esta Unidad forma parte de la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda. Las actuaciones, intervenciones y resultados de la aplicación del programa en cada caso se recogen en un informe de evaluación final que plantea las medidas que se consideran necesarias para transformar la situación que inició la apertura del expediente de convivencia.
Algunos casos concretos de problemas de convivencia en pisos de Emvisesa saltan en ocasiones a los medios de comunicación. Como el de la familia adjudicataria de una vivienda protegida en régimen de alquiler promovida por Emvisesa que provocó que el Defensor del Pueblo emitiera una resolución, en diciembre de 2016, que daba cuenta de los «insultos » y «alteraciones» sufridos por su hija discapacitada. También el año pasado, Emvisesa anunció la expulsión de tres familias que vivían en régimen de alquiler por conductas graves reiteradas.