El Ayuntamiento de Sevilla ha contado con políticas sociales desde que comenzó la Democracia pero quizás es ahora, cuando la crisis ha azotado más fuerte, cuando el catálogo de ayudas es todavía más amplio. Son ayudas, tanto directas como indirectas, que palian la situación de exclusión social en la que se encuentran tantos sevillanos. Pues, a pesar de que el Indicador de Riesgo de Pobreza y Exclusión Europeo apunta a un ligerísimo retroceso de 0,1 puntos en la pobreza relativa en nuestro país (se sitúa en el 22,1%), desvela que este problema sigue siendo muy importante cualitativa y cuantitativamente.
Ya antes de alcanzar el poder, el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, aseguraba que situaría a «las personas, y especialmente a quienes peor lo están pasando, como prioridad». Y anunciaba un plan para acabar con la pobreza energética. A esto se le sumó que, debido a los resultados electorales, llegó a acuerdos de investidura con IU, cuyo mantra es pan, trabajo y techo, y con Participa Sevilla, que también pedía un vuelco hacia las políticas sociales. Todo esto ha propiciado que, durante el tiempo que llevamos de mandato, desde el Ayuntamiento se hayan cerrado acuerdos con las empresas de suministros para asegurar que nadie que cuente con el visto bueno de los Servicios Sociales vaya a verse sin luz, agua o gas.
Hay también medidas para evitar desahucios, una oficina de vivienda que se encarga de la intermediación, ayudas para el pago de alquileres, plazas en los albergues e incluso otras medidas como planes de empleo o unas cláusulas sociales que fomentan la contratación de aquellos parados de larga duración. Una larga lista de opciones para mejorar la situación de demasiados sevillanos que siguen en riesgo de exclusión social.
Vivienda
Este mandato, el Ayuntamiento ha puesto en marcha la oficina por el derecho a una vivienda digna, es decir, la oficina antidesahucio, cumpliendo así con los acuerdos alcanzados con Participa Sevilla e IU que venían reclamando su activación para atender los casos de emergencia habitacional que se producen en la capital hispalense. Tras haberse aprobado en noviembre su creación, fue a final de mayo cuando abría sus puertas en San Jerónimo. En este tiempo, los técnicos municipales han atendido 14 casos de desahucio inminente, es decir, cuando ya se ha producido el lanzamiento y no hay margen de negociación. A estas familias se les ha adjudicado pisos de Emvisesa por la vía de la excepcionalidad. En el caso de la ocupación de viviendas, se han realizado labores de intermediación con los propietarios, en su mayoría bancos, para lograr un alquiler social en 46 casos. Además, se han gestionado 29 casos en los que las familias tienen contratos de alquiler con procedimientos de desahucio. Se han llevado a cabo labores de intermediación con los propietarios para conseguir la suspensión de los lanzamientos y encontrar una solución amistosa y satisfactoria para los inquilinos. Además, se ha atendido a familias cuyas deudas hipotecarias con las entidades bancarias pueden llevarlos al desahucio. Los técnicos han renegociado deudas y logrado la suspensión de lanzamientos en 30 casos. La oficina ha gestionado también 48 consultas de inquilinos y ocupantes de viviendas de propietarios privados, bancos y otras personas jurídicas, de diversa índole (ocupaciones en precario, impagos, vivienda en mal estado, subidas de rentas, alquiler social, etc).
Además, las Unidades de Trabajo Social, UTS, que se encuentran repartidas en los distritos, han facilitado 1.054 ayudas para el pago del alquiler por una cuantía de 1.005.613 euros. Además, para el abono de necesidades básicas se dieron 396 ayudas por un total de 119.643 euros; 678 para el recibo de la comunidad, que supuso un montante de 399.710 euros; 44 para abonar la hipoteca por 41.035 euros en total; y 24 ayudas para afrontar obras en las casas lo que sumó 29.391 euros.
Recibos
Otro de los compromisos que ha suscrito el Consistorio este año en respuesta a una promesa electoral y a los acuerdos alcanzados por el alcalde para lograr el sillón de mando con Participa Sevilla e IU es garantizar los suministros básicos de luz, agua y gas a todos los sevillanos. Por ello, se han firmado convenios con las grandes empresas energéticas. «Se cierra el círculo en la lucha contra la pobreza energética», aseguró el pasado mes de marzo el delegado de Bienestar Social y Empleo, Juan Manuel Flores, tras anunciar el acuerdo que se alcanzó con el último de los suministradores que estaban pendientes. Actualmente, hay convenios firmados con Gas Natural, Endesa y Fenosa que garantizan que no haya corte de suministro siempre y cuando las familias cuenten con informes de Servicios Sociales. En total este año se han concedido 1.728 ayudas a hogares por un importe de 318.838 euros. Además, Emasesa, como empresa municipal, igualmente garantiza el derecho al agua tal y como ha quedado recogido en el reglamento de prestación del servicio para quienes se encuentran en una emergencia social válidamente acreditada por los servicios sociales. Las ayudas y la suspensión del corte de suministro se realiza a través de los puntos de información en los distritos y de los centros de servicios sociales. Este año se han tramitado 1.626 ayudas a hogares por un importe de 126.435 euros. Además hay otras alternativas para quienes se encuentran en dificultades económicas como los fraccionamientos o aplazamientos de pago.
Personas sin hogar
La Unidad Municipal de Intervención en Emergencias Sociales y Personas en situación de Exclusión Social y sin Hogar (UMIES) se encarga de trabajar con aquellas personas que han perdido su vivienda y pernoctan en la calle. Ellos prestan una atención las 24 horas del día para tratar de restablecer la normalidad de la persona o personas afectadas y prevenir su deterioro, intentar vincularlas a los recursos sociales existentes en nuestra ciudad o facilitar acogimiento de carácter temporal. Hasta el momento, este servicio ha ejecutado 20.000 euros. Las personas sin hogar tienen varias alternativas de alojamiento. Por un lado el albergue municipal, que se encuentra en Perafán de Rivera, cuenta con 185 plazas. El centro de Baja Exigencia (CNBE), en Doctor Fedriani dispone de 40 plazas, aunque actualmente se encuentra en obras y reabrirá de nuevo cuando comience la campaña de invierno. Por otro lado, el Ayuntamiento se ha comprometido a habilitar otras 20 plazas en el centro de Juan Carlos I. A todo esto se suma los convenios con otras entidades, que garantizan 60 plazas más y que, según fuentes municipales, se ampliará para el próximo invierno con 18 plazas más. Finalmente, se ha cerrado un programa para acoger en viviendas sociales a personas si hogar. En este caso, se trata de 20 pisos con capacidad para 100 personas que se pondrá en marcha a partir de diciembre.
Otras ayudas
Además de todo lo anterior, el Ayuntamiento destina una partida de su presupuesto anual a ayudas directas a las familias sin recursos de distinta índole. En concreto este 2016 el montante asciende a 6,3 millones de euros, lo que supone un 50 por ciento más que en años anteriores. Esto se concreta en vales para comprar productos de higiene y alimentación con supermercados se han invertido dos millones de euros; para mobiliario y enseres, 120.000 euros; la misma cantidad para electrodomésticos; para productos ópticos, 80.000; y en odontología, 90.000 euros. Todas estas ayudas se suman a otras medidas municipales que van encaminadas a mejorar la situación de precariedad a la que se ven sometidos distintos grupos de población. Algunas de ellas son, por ejemplo, las cláusulas sociales que se aprobaron de forma definitiva en el mes de abril y que modifican los criterios de contratación del Ayuntamiento que ahora tendrá en cuenta para baremar las empresas aspectos como la incorporación de parados de larga duración o en riesgo de exclusión social. Además hay otras medidas como el bonobús solidario o el social, destinado a aquellos que trabajan pero mantienen una renta baja. Para el primero de los títulos de viaje se destinan 3,7 millones, unos 250.000 euros más que en la edición anterior y para el bonobús social, son 1,6 millones con la pretensión de que dé cobertura a unas 20.000 personas. A todo lo anterior puede sumarse el plan de empleo municipal que entre sus múltiples objetivos está el de ocupar a los parados de larga duración y aquellos colectivos en riesgo de exclusión social.