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José Antonio Marín Ponce, y su hijo Sandro. / EFE
La carne mechada Magrudis, que el pasado verano inició un brote de listeriosis en España, sigue dando que hablar. Un informe encargado por el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, responsable de la investigación del brote, ha determinado que la carne mechada contaminada de la empresa superaba entre «3.700 y 149.900 veces la contaminación máxima tolerable» de esta bacteria.
El perito encargado de realizar el informe asegura en sus conclusiones que los resultados analizados no solo incumplen los límites fijados por la normativa vigente, si no que «sobrepasan de forma exagerada los límites previstos como seguros» para la bacteria que provoca la afección. Dosis que según el informe es suficiente para provocar daño en las personas.
Los efectos provocados por la contaminación de la carne pueden ir "desde una gastroenteritis aguda autolimitada" a "septicemia, meningitis y encefalitis u otros cuadros que afecten al sistema nervioso central (SNC), así como efectos adversos fetales y neonatales".
El informe, fechado el 3 de marzo y facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), alude a otras superficies analizadas en las instalaciones de Magrudis, en el polígono industrial El Pino. El perito explica que estas muestra "no incumplen la normativa" pero apuntan a "la posibilidad de que esas superficies permitan que alimentos o cosas" depositados sobre ella "se contaminen o recontaminen", lo que califica como "contaminación cruzada".
También son prueba de "falta de higiene o eficiencia en las operaciones de limpieza y desinfección de útiles, maquinarias y superficies" y de que "sirva de nicho ecológico como hábitat para un crecimiento de las colonias de listeria", lo que facilitaría que las bacterias se desarrollasen.
La jueza impuso el pasado 27 de febrero una fianza de cinco millones de euros a siete de los investigados por el caso, entre ellos el dueño de Magrudis, José Antonio Marín Ponce, y su hijo Sandro, que están en prisión provisional desde el pasado septiembre. El resto de los investigados son otro hijo y familiares de Marín.
La Fiscalía de Sevilla solicitó una fianza de un millón de euros, mientras que la asociación de consumidores Facua, personada como acusación particular, reclamó un millón y medio, igual que las defensas de nueve perjudicados.
La Junta de Andalucía, por su parte, cifró el coste sanitario del brote en 3.428.663,02 euros.
La jueza atribuye a los detenidos un delito contra la salud pública en su modalidad de fraude alimentario, cuatro homicidios por imprudencia y seis delitos de aborto por imprudencia, además de delitos de lesiones por imprudencia "cuyo número exacto aún está por determinar".