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El marido y el padre de Rocío Cortés atienden a los medios en la puerta del hospital de Valme. / Jesús Barrera
El Servicio Andaluz de Salud (SAS) no es parte «perjudicada» y, por tanto, no puede personarse como acusación particular en la causa abierta por el accidente mortal del hospital de Valme, en el que perdió la vida la joven Rocío Cortés tras quedar atrapada en el ascensor que se activó con las puertas abiertas. Así, lo ha decidido la jueza del caso en una providencia en la que también reclama a la Policía Nacional y al Instituto de Medicina Legal los informes sobre la investigación y la autopsia, respectivamente.
El 13 septiembre el SAS anunciaba su intención de personarse como acusación particular en la comparecencia de la consejera de Salud, Marina Álvarez, en el Parlamento. En su discurso insistía en que el centro cumplió con su función al controlar que el elevador pasara todas las revisiones pertinentes y desvinculándose así de toda responsabilidad en el siniestro. En cambio, la titular del Juzgado de Instrucción número 1, María Elvira Alberola, no lo tiene tan claro y en una providencia, fechada el 4 de octubre acuerda que «no ha lugar a tener al Servicio Andaluz de Salud por personado como acusación particular al no tener prima facie la condición de perjudicado», según lo que recoge la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
«La dirección del hospital de Valme ha cumplido con su responsabilidad», dijo entonces la consejera, tras recordar que «no existen denuncias sobre incidencias desde su última revisión». Álvarez explicó que para los ascensores de los edificios públicos la ley establece que «cada dos años» deben pasar una revisión a cargo de un organismo independiente y externo, conocido como OCA, que en el caso del hospital de Valme fue «realizada el 15 de mayo con resultado favorable y sin defecto». Igualmente, destacó que Orona había llevado a cabo la última inspección rutinaria el 12 de agosto, ocho días antes del siniestro, con el mismo resultado «favorable». Además, destacó que cada «cuatro meses» se han venido realizando reuniones, hasta un total de 13, con la empresa mantenedora para realizar «seguimientos de seguridad».
El centro sanitario, según detalló, tiene «protocolizado las denuncias de incidencias, asegurando que se trasladan a la empresa mantenedora», y que ésta comunica su vez a la gerencia las incidencias que detecte. Por todo ello, el SAS eludía cualquier responsabilidad en el accidente y por ello tenía intención de ejercer la acusación particular en la investigación y así pedir cuentas a los posibles culpables de este trágico accidente. Asimismo, la magistrada acuerda librar oficio al Instituto de Medicina Legal (IML) de Sevilla para que remita el resultado de la autopsia practicada a la víctima «o en su caso participe los motivos que lo impidan». Además, pide que se le remita «el dictamen recibido a fin de que por el médico forense se participe al juzgado si mantiene o rectifica el informe de autopsia pendiente de remitir».
La juez, que ya ha recibido el atestado policial, está a la espera de recibir un informe de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio para poder identificar el fallo de la avería sufrida por el ascensor. Cabe recordar que el avance de la autopsia practicada al cadáver de la fallecida determina que murió como consecuencia de un «traumatismo craneal severo». El accidente se produjo después de que Rocío diera a luz a su tercera hija mediante una cesárea y estaba siendo conducida al área de planta, para lo cual un celador introdujo la camilla en uno de los ascensores del hospital. Las puertas del elevador no cerraban, por lo que el celador decidió cambiar de ascensor momento en el que se activó y atrapó la cabeza entre el suelo y el dintel.
La familia de Rocío ya está personada en el caso
Desde que ocurrió el accidente, el pasado 20 de agosto, la familia de Rocío Cortés tiene claro que denunciaría para aclarar lo ocurrido, ante lo inexplicable de que un ascensor se accionase con las puertas abiertas. La familia interpuso una denuncia y finalmente ya está personada en la investigación abierta en el Juzgado de Instrucción número 1 como acusación particular.
En el desarrollo de la investigación será fundamental las conclusiones a las que se llegue en los diferentes informes reclamados tanto a la empresa fabricante como a la mantenedora. Además, la jueza también un documento de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio que analice e identifique el fallo de la avería sufrida por el ascensor.
Los expertos consultados en su momento por este periódico mostraron su sorpresa por cómo sucedieron los hechos, ya que el ascensor comenzó a subir con las puertas abiertas. Según indicó entonces el sindicato USO, las condiciones del ascensor fueron denunciadas en reiteradas ocasiones a la gerencia del hospital e incluso puestas en conocimiento de la Inspección de Trabajo, que archivó las dos denuncias que recibió.
En este sentido, el SAS aclaró que dichas denuncias fueron interpuestas antes de que se llevaran a cabo una serie de «obras de mejora realizadas entre agosto y octubre de 2016», en las que se invirtieron 58.873 euros «y responden a la escucha activa del equipo de la dirección gerencia, por lo que es falso que se hicieran oídos sordos». Estas obras incluyeron entre otras «la modernización interior, mandos y señalizaciones, sistemas de detección de presencias, sistemas de precisión en la nivelación de paradas y sistema de control de tráfico de ascensores».