En 1994, España entera se escandalizaba con uno de los mayores casos de prostitución de menores. En los juzgados sevillanos se abría una investigación que salpicó a varios famosos, aunque el asunto se acabó archivando para la gran mayoría de ellos, y que ahora, 21 años después ha quedado definitivamente cerrado. El conocido caso Arny ya ha pasado a los archivos de la historia judicial después de que la Audiencia Provincial de Sevilla haya dictado un decreto en el que ya da por archivado el caso por el que fueron condenados 16 de los 49 procesados.

La decisión de la Sección Tercera de la Audiencia, que fue la encargada en su momento de enjuiciar el caso, se produce después de que la última responsabilidad civil impuesta a uno de los condenados, pendiente aún de ser abonada, haya prescrito. Era el último fleco que quedaba de este proceso que acabó sentando a 49 acusados en el banquillo, de los que 16 serían condenados. Todos ellos han cumplido su deuda con la Justicia, más aún cuando a la mayoría de ellos las penas les fueron suspendidas porque eran condenas inferiores a los dos años de prisión. El decreto cuenta, además, con el respaldo de la Fiscalía sevillana que, según confirmaron fuentes judiciales, ha dado su visto bueno al archivo definitivo de la causa.

El principal acusado del caso fue Carlos Saldaña, el dueño del pub, quien tras el juicio fue condenado a 33 años de cárcel por 11 delitos de prostitución de menores. Sin embargo, Saldaña solo cumplió nueve años de cárcel, pues el principio legal de cumplimiento efectivo del triple de la máxima pena individual impuesta le permitió salir de prisión en 2007. Otro de los principales condenados fue el encargado del pub Arny, José Antonio González Losada, a quien la Audiencia Provincial impuso una condena de 18 años de cárcel; y Domingo Arnaldo Concha, un bailarín que era conocido como Arny y que dio nombre al club, que fue condenado a un año y nueve meses de prisión. Unas condenas que, junto al resto, fueron confirmadas íntegramente en el año 2000 por el Tribunal Supremo.

El caso se destapó tras una denuncia presentada en marzo de 2004 por uno de los menores ante la Policía Nacional, que acabaría entrando en el local. Este chico se convertiría entonces en el principal testimonio y sería conocido como testigo uno. José Antonio Sánchez Barriga, que así se llama, acabaría siendo condenado en 2005 a 15 años de prisión por el asesinato de un hombre de 72 años.

El juicio, que fue en ese momento todo un bombazo informativo que llenó todos los telediarios de la época, se celebró a puerta cerrada, entre otros motivos, para preservar la identidad de los menores. Tal era la magnitud del mismo que incluso fue necesario reformar una sala de la Audiencia Provincial de Sevilla, la actual sala donde se celebran los juicios con jurados, para poder acoger al casi medio centenar de imputados y a sus abogados. Hoy en día, en cambio, esa sala no valdría para acoger futuros juicios de macrocausas como los ERE con más de doscientos imputados, pero sí ha servido para juicios recientes tan mediáticos como el crimen de la joven Marta del Castillo.

La cuestión principal era decidir si en aquel local se habían producido los hechos denunciados de prostitución y explotación de menores, que llevó al banquillo a artistas, famosos, clientes y trabajadores y hasta el juez de menores Rico Lara –ya fallecido–, quien fue finalmente absuelto. El magistrado fue uno de los señalados por el testigo uno, aunque la sentencia desprestigiaría este testimonio al apreciar animadversión en el joven, que cambio varias veces su versión de los hechos, pues este magistrado retiró la custodia a su madre y envió al joven a varios correccionales.