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Las viviendas de AVRA en el Polígono Aeropuerto. / El Correo
Hace siete años que los inquilinos de los pisos sociales de la Junta de Andalucía llamaron a la puerta de la Consejería de Vivienda –ocupada por aquel entonces por Juan Espadas– para pedir que fuera el casero el que abonara la factura del IBI. Algo que, según recordó este viernes el ahora alcalde Espadas, era en aquellos tiempos (2010) legalmente inviable. Tras un largo peregrinaje, las 3.414 familias que viven en alquiler en los pisos sociales que tiene AVRA en Carretera Carmona, Juan Antonio Cavestany, avenida de Andalucía, Aeropuerto Viejo o en Sevilla Este quedarán casi exentas de pagar este tributo tan costoso al sumarse a una bonificación del 95 por ciento –una media de 220 euros– de la que ya disfrutan desde este presente ejercicio 2.663 familias residentes en viviendas de Emvisesa y que es «pionera y a imitar en Andalucía».
Aunque el pleno lo aprobó por unanimidad, el debate se quedó más en la apropiación de la autoría y en la tardanza en ejecutar un plan que se llevó a pleno efecto un año antes en el parque municipal de viviendas. De ese giro tuvo mucho que ver el portavoz municipal de IU, Daniel González Rojas, que recriminó al Gobierno local que «llegue un año tarde». Un carro al que se subió el PP que, a través del edil Rafael Belmonte, también justificó la no aplicación de la rebaja antes, cuando gobernaba con Juan Ignacio Zoido y los socialistas, en la oposición, planteaban bonificaciones similares. «No se aplicó por la importante deuda tributaria que arrastraba AVRA [la agencia responsable del parque de viviendas de la administración andaluza] con este Ayuntamiento», se defendió.
Una vez cuestionados los tiempos, tocó el de la autoría. Todos estaban de acuerdo en que era fruto de la lucha vecinal, pero igualmente reivindicaban su porción del éxito. IU, que fue el primero en intervenir, recordó que la rebaja nació fruto del pacto de las primeras ordenanzas fiscales del mandato –las del año 2016– entre el gobierno socialista y la coalición de izquierdas, que no tienen nada que ver con la negociación actual con «el giro [a la derecha, se entiende] del PSOE».
Ante esa reivindicación, Espadas tiró de memoria histórica y recordó que cuando el portavoz de IU «no era ni concejal», él ya reivindicaba desde la oposición tales bonificaciones. Así, se apuntaba también el tanto, aunque seguidamente rebajaba algo sus pretensiones indicando que «todo empezó con los vecinos, ni por el PSOE ni por IU».
REFORMAS EN LAS ALTURAS
También se aprobó, pero con menos respaldo –apoyos del PSOE, PP y Cs, voto contrario de Participa y abstención de IU– la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para permitir obras de reforma o ampliación de inmuebles del casco histórico. La unanimidad no llegó, en parte, por las acusaciones de Participa a que la medida no respondía a ayudar a familias sino «a fines especulativos», lo que llevó a su portavoz, Susana Serrano, a un rifirrafe dialéctico con el concejal de Hábitat Urbano, Antonio Muñoz, que la criticó por llegar a cuestionar «la legalidad de los funcionarios» de la Gerencia de Urbanismo. Muñoz, que encontró en este punto como aliado al portavoz de Ciudadanos, Javier Millán, reivindicó que la medida busca «resolver los problemas de los sevillanos y eliminar una inseguridad jurídica» de 500 edificios con problemas de altura. «No se trata de cambios de uso, sino de solventar el problema de edificios históricos que exceden en altura y que ya estaban construidos cuando cambia la norma», añadió.