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La Policía Local regula el tráfico en la avenida de la Paz tras ser atropellado un peatón. El suceso tuvo lugar en 2004. / Gregorio Barrera
El accidente ocurrido a principios del mes de mayo en Valencia en el que una conductora, que dio positivo en drogas y alcohol, arrolló a un grupo de seis ciclistas, de los cuales tres fallecieron a causa de las heridas sufridas, dispararon todas las alarmas por la vulnerabilidad de este colectivo de deportistas. Además, pocos días después de este siniestro, se repitió la historia en Tarragona y en Navarra, donde otras dos conductoras atropellaron a sendos grupos de ciclistas, aunque en estos dos casos no hubo que lamentar víctimas mortales.
A raíz de estos hechos, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, anunció un plan especial de protección y seguridad con el fin de reducir la accidentalidad entre los ciclistas, uno de los colectivos más vulnerables en las carreteras, junto a los peatones y los motoristas. Entre las acciones que ya se han puesto en marcha para frenar esta sangría se encuentran aumentar la vigilancia en vías secundarias sobre las que se tenga conocimiento de mayor afluencia de ciclistas los fines de semana; incrementar los controles de alcohol y drogas los sábados y domingos por la mañana a los conductores; realizar vuelos de vigilancia; iniciar una nueva campaña de concienciación; y trabajar sobre los causantes de la accidentalidad, entre otras acciones.
Estos dramáticos accidentes pusieron a la sociedad en alerta, pero, en base a los fríos datos, los siniestros mortales en el conjunto de España en los que había usuarios de bicicletas implicados en 2016, cayeron con respecto a 2015. El año pasado fueron 33, 10 menos que en 2015, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT).
Estas cifras son un rayo de esperanza a nivel nacional, pero, en cambio, en la provincia de Sevilla los datos no son igual de positivos. En 2015 hubo 387 accidentes en vías urbanas e interurbanas, en los que hubo ciclistas implicados, frente a los 420 de 2016. Además, el número de víctimas mortales también fue más elevado. En 2016 hubo cuatro muertos en 24 horas, mientras que en 2015 no hubo fallecidos ni en vías urbanas ni en interurbanas.
Uno de los últimos accidentes mortales y que más movilizó a los sevillanos fue el de un ciclista que murió arrollado en diciembre en la avenida Montesierra de la capital hispalense. El hombre, de 37 años, circulaba en su bicicleta a primera hora de la mañana, cuando un turismo que iba a más velocidad de lo permitido le arrolló, causándole la muerte. Falleció horas después del siniestro en un centro sanitario de Sevilla. El conductor del coche, un joven de 27 años, dio positivo en las pruebas de alcoholemia y estupefacientes.
Este suceso conmocionó a la provincia por cómo se produjo el accidente y porque el ciclista muerto era un profesor, padre de dos niños pequeños y uno de los responsables de la organización de La Capitana de Guadalcanal, una prueba ciclista de larga distancia ya consolidada en la provincia de Sevilla.
Desde ese fatídico mes de diciembre del año pasado, el número de accidentes en Sevilla en los que ha habido ciclistas afectados han sido nueve, todos ocurridos en vías interurbanas, con 12 heridos, aunque ninguno de ellos requirió ser hospitalizado en 24 horas, según información facilitada por la DGT.
En el conjunto de España, los motoristas fallecidos en 2016 con respecto a 2015 también bajaron. El año pasado murieron 214 usuarios de moto, 10 menos que en 2014, y 21 conductores de ciclomotor, seis menos que en 2014.
Sin embargo, en el balance de Seguridad Vial de 2016 de la DGT, se destaca que el colectivo de peatones sigue siendo un punto débil, al crecer el número de víctimas mortales. Si en 2015 hubo 113 peatones muertos, en 2016 el número subió a 118 en el conjunto de España.
Unos datos que no son nada esperanzadores. De hecho, en el mes de febrero, A Contramano: Asamblea Ciclista de Sevilla, emitió un comunicado alertando del alarmante incremento de los atropellos mortales tanto de ciclistas como de peatones por parte de vehículos a motor. Según sus datos, en mes y medio –enero y 15 días de febrero– dos peatones murieron atropellados en Sevilla, que se unían a los siete viandantes arrollados mortalmente en 2016.
A Contramano en su escrito comparaba estas cifras con las de años anteriores, en las que las víctimas mortales eran inferiores, por lo veía la necesidad de que se abriese una comisión de investigación.
El que fuera presidente de A Contramano y miembro de esta asociación, Ricardo Marqués, señala, no obstante, que gracias a los carriles bicis el riesgo de accidentes disminuye en las ciudades como es el caso de Sevilla. Explica, sin embargo, que el análisis del aumento o de la disminución de los accidentes es complejo, porque en las ciudades con red de carriles bici los accidentes sí han aumentado, pero remarca que esto también se debe a que el número de ciclistas también ha crecido considerablemente.
Marqués indica asimismo que uno de los problemas que hay actualmente en España es el Código Penal, porque tras la despenalización de las faltas por imprudencia, la mayoría de los conductores que atropellan a un peatón o a un ciclista salen impunes, «porque no cometen una penalización si es que no hay alcohol de por medio». Explica que esto no sucede en otros países, porque existe el concepto de responsabilidad objetiva, que no se basa en la existencia de culpa o negligencia, sino en la mera existencia de un riesgo objetivo.
En esta misma línea se pronuncian varias asociaciones de ciclistas, que reclaman que vuelva al Código Penal la imprudencia en cualquiera de sus grados, con resultados de lesionados y fallecidos como supuesto penal, además de la creación de un delito específico por darse a la fuga. También solicitan que se revise el concepto de imprudencia grave cuando se provoque un accidente con alcohol y/o drogas para ser considerado delito por dolo eventual y que se incremente la vigilancia, entre otras medida para reducir los accidentes en los que estén involucrados ciclistas o peatones.
De hecho, el Ministerio del Interior ya ha planteado la necesidad de realizar una gran reforma de la Ley de Seguridad Vial y los reglamentos que regulan la velocidad, los reincidentes en alcohol y drogas, el permiso por puntos y la educación vial a lo largo de la vida, entre otros aspectos.