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Los representantes sindicales y de los empresarios firman el acuerdo por la siniestralidad cero junto al alcalde de Sevilla, Juan Espadas. / El Correo
No es la primera vez en lo que va de mandato que Juan Espadas escenifica su buena sintonía con los sindicatos con una foto de familia en la Plaza Nueva. Este jueves, el alcalde volvió a repetir la estrategia pero con un clara diferencia con respecto a otras ocasiones: la presencia activa de los empresarios, que se sumaron a la firma del pacto. Las tres partes –patronal, trabajadores y gobierno– limaron sus históricas diferencias para coincidir, esta vez sí, en sellar un acuerdo para la prevención de riesgos laborales. Se trata de un convenio «sin precedentes en la ciudad» y cuyo principal objetivo pasa por alcanzar la siniestralidad cero en el trabajo.
Para lograrlo, el proyecto, que se incorporaba dentro del acuerdo con IU para la investidura de Espadas, recoge también la puesta en marcha de un Observatorio por la Salud Laboral, que integrará a todas las partes, y que realizará un seguimiento a las políticas empresariales de prevención de riesgos, con un mínimo de dos reuniones al año. Además, se harán campañas de concienciación y una jornada anual, de carácter monográfico, centrada en un tema de interés en la materia. También está previsto que el Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS) se incorpore a este plan con la elaboración de informes sobre la siniestralidad laboral.
Pero las miras del Ayuntamiento con la firma de este acuerdo van más allá. El gobierno municipal tiene claro que «esto no es un coste para las empresas sino una inversión» –dijo el alcalde– y que debe aprovecharse este viento de cola para reforzar el modelo de cláusulas sociales en las licitaciones de los contratos públicos que se aprobó en 2016. Espadas deslizó que una opción para hacerlo sería que «aquellas empresas que inviertan en esto (la prevención de riesgos laborales) sean mejor valoradas en los contratos públicos».
Para lograr ese objetivo, el Consistorio debe salvar una traba cuya solución no está del todo en su mano. La Ley de Contratos del Sector Público en vigor no posibilita que se bareme esta premisa a la hora de adjudicar los contratos y, por lo tanto, sería necesario que el Estado accediera a modificar la legislación actual para que «no se centren tanto en el menor coste» porque, como advirtió el alcalde, «eso puede poner en peligro la seguridad de los trabajadores». Aún así, Espadas mostró su voluntad «para llegar al máximo de las posibilidades legales» de cara a la incorporación de este tipo de cláusulas laborales. «Siento ser yo el que siempre ponga tareas a otras administraciones pero el Estado debería impulsar una modificación de esta normativa», dijo.
Este acuerdo, firmado por la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), Faecta, Feansal, los sindicatos UGT y CCOO y el propio gobierno local, tendrá vigencia durante los dos años que restan del actual mandato. Espadas también indicó la opción de que se pueda prorrogar «tácitamente» salvo que algunas de las partes indicaran lo contrario. Lo que sí dejó claro es que tendrá «una evaluación año a año» y que el ejecutivo que sea elegido en las elecciones municipales de 2019 «tendrá que valorar» la idoneidad de mantenerlo tal y como está