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La ley contempla también como víctimas de violencia de género a los hijos de las mujeres maltratadas. / El Correo
Gritos, insultos, vejaciones y golpes forman parte del día a día de los hijos de las mujeres sometidas al yugo de la violencia machista. Afortunadamente, nuestra legislación desde el año 2015 también considera a estos menores como víctimas, que no solo sufren agresiones físicas, sino también psicológicas y emocionales. Las cifras hablan por sí solas, pues en lo que va de año seis niños han sido víctimas mortales de la violencia de género, uno de ellos en Andalucía.
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad tiene contabilizados desde el año 2013 a 21 menores víctimas mortales, cuatro de ellas en Andalucía, y a 178 niños que se han quedado huérfanos después de que sus padres asesinaran a sus madres (cuatro andaluces). Pero, más allá del frío papel, ¿qué esconden estas estadísticas? Pues una realidad muy cruda, en la que no solo la mujer es la afectada, y que en las últimas semanas ha sido objeto de debate en todo el país por el caso de Juana Rivas, que decidió huir con sus hijos para no tener que cumplir la orden de un juzgado italiano de entregarlos a su expareja condenada por malos tratos; y después de que el Senado haya dado luz verde al Pacto de Estado que recoge una serie de medidas, entre ellas, la retirada de la patria potestad a los condenados por malos tratos, que ahora necesitan un desarrollo legislativo.
«Sobre el papel tenemos una protección del menor muy buena. De hecho, los países de nuestro entorno están copiando nuestras leyes», señala Amalia Calderón, letrada y responsable del turno de oficio especializado en esta materia del Colegio de Abogados de Sevilla. Calderón asegura que jueces, fiscales y abogados tienen todas las herramientas para evitar que un maltratador tenga la custodia de su hijo. «Eso está ya en la Ley Integral contra la Violencia de Género y el artículo 158 del Código Civil permite al juez adoptar de oficio medidas para proteger al menor». En este sentido, la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, María Ángeles Carmona, explica que fue en el año 2015 cuando se llevó a cabo reformas legislativas, por las que se pasa a considerar a los menores víctimas de la violencia de género y que permiten a los jueces «de oficio, sin que ninguna parte tenga que solicitarlo, retirar la patria potestad al maltratador».
Sin embargo, Calderón cree que, aunque en España disponemos de los medios necesarios, «falta sensibilización, porque no se aplican todas las medidas de las que disponemos. De entrada pensamos que lo mejor para el niño es que se relacionen con el padre, que esté». Ella no solo se refiere al mundo judicial, sino también a otras instituciones como pueden ser los centros escolares o sanitarios. «Como no haya una agresión al niño, si el maltrato es psicológico ni se ve en el menor ni en la mujer», añade. Por ello, asegura que «salvo excepciones, la patria potestad se otorga siempre de forma conjunta».
Esta abogada, con 25 años de experiencia, recuerda que la primera vez que solicitó la retirada de la patria potestad a un maltratador le costó «cinco años de pleito». La segunda vez que lo planteó «era en un caso de asesinato, y el padre tenía la patria potestad conservada y se enfadaron conmigo porque me decían que tenía que esperar para ver si salía o no condenado». En total, lo ha logrado en siete ocasiones. «Se dan circunstancias tan inverosímiles como que un niño tenga que ir a prisión a visitar a su padre», si no se procede a actuar. Pero no hay que ponerse en situaciones tan grave, pues un «simple cambio de colegio» implica que la mujer tenga que obtener el consentimiento del maltratador. «Pero se da un giro tan perverso, pues en lugar de parecer que se está protegiendo al menor, es que se le está privando de un derecho, el derecho a ver a su padre», puntualiza.
Más optimista se muestra Carmona, quien recuerda que tras varias sentencias del Tribunal Supremo mostrándose a favor de la retira de la patria potestad en determinados casos, «está aumentando» este tipo de medidas. Entre otras cosas, porque «el juez está obligado a investigar en qué situación se encuentran los niños».
Carmona recalca que incluso cuando un asunto está en tramitación «hay herramientas para privarlos de la patria potestad de sus hijos» y asegura que «en los últimos años no se dan casos» en los que los menores tengan que ir a visitar a prisión al hombre que ha asesinado a su madre.
Por otro lado, la directora general de Violencia de Género, Ángeles Sepúlveda, remarca que Andalucía «fue pionera en el reconocimiento de los menores como víctimas». En este sentido, destaca que la Junta de Andalucía tiene marcados dos objetivos: «Por un lado la protección del menor y, por otro, la asistencia».