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Los cuerpos de dos trabajadores fallecidos en un accidente laboral en Sevilla en febrero de 2011, al recibir una descarga eléctrica mientras operaban en la avenida de Andalucía. / Juan Ferreras (Efe) -
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Derrumbe de una construcción en Cádiz. Solo hubo heridos. / Eduardo Ruiz (Efe)
Dos operarios supervisan que la máquina que asfalta la calle circule sin problemas. Es Sevilla, primera hora de la mañana del Día de la Constitución, la norma que protege los derechos de los españoles. Como se está asfaltando la vía –porque esta escena es real– el olor a alquitrán se clava en los pulmones de los poquísimos transeúntes. Los dos operarios trabajan sin ninguna mascarilla. Tienen prohibido fumar en los espacios de ocio tras la jornada. Pero en su puesto aguantan durante horas los gases.
«La inhalación de humos de asfalto puede causar irritación del tracto respiratorio. También pueden aparecer bronquitis crónicas u otros desórdenes respiratorios tras exposiciones prolongadas». Lo expresa Manuel Jesús Falagán, autor de Riesgos laborales derivados del uso del asfalto y/o productos bituminosos (II), un manual de este especialista en prevención de riesgos laborales que se puede descargar gratuitamente.
La cultura de la prevención de riesgos laborales ha tardado mucho en cuajar en España, con una larga tradición de trabajadores resignados. La ley que supervisa estas cosas tiene apenas dos décadas. Se publicó en el BOE en noviembre de 1995. «Costó, eso sí, mucho trabajo. Antes sólo había normas para casos específicos», recuerda la secretaria provincial de Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO, Pilar Moreno.
La seguridad laboral empieza a preocupar desde que echa a andar la actual democracia. No sólo era importante para los trabajadores, reconoce Moreno: también lo era para otros agentes sociales porque en un entorno con buenas condiciones se produce más.
De hecho la ley no la impulsó ninguna gran movilización, ni fue la reacción espontánea a algún gran accidente, aunque en el país eran y son recurrentes accidentes mineros con varios muertos o un goteo al que le cuesta hacerse un hueco en las noticias de fallecidos en la construcción. Uno de los últimos accidentes laborales acabó con la vida de un técnico electricista que, en plena tromba de agua, acudió a reparar una avería en La Línea de la Concepción (Cádiz), el día 4 de este mes.
En España se produjeron en 2015 515 accidentes mortales solo durante la jornada laboral –desplazándose al trabajo o a casa después de trabajar, otros 114– (fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social), un 10,3% más que en 2014, unas cifras que denuncian la precarización del trabajo desde la crisis económica que se inició en el año 2008.
El pico más alto de accidentes mortales se registró en el año 2002, con más de 1.100 muertes en el tajo. En los años en los que crecía el empleo, hasta el año 2007, la tendencia fue al a baja (947 en 2007). Se desploman a partir de entonces, lo que quizá se pueda relacionar con la paralización de una de las actividades donde la seguridad se ha cuestionado más: la construcción, hasta que repuntan en 2013.
La tendencia en lo que va de 2016 sigue siendo preocupante: de enero a septiembre los accidentes mortales han aumentado, un 1% en el cómputo global, aunque nada menos que crecieron el 48% respecto a los primeros nueve meses de 2015 en los desplazamientos del trabajo a casa o de casa al trabajo (in itinere).
La comunidad más poblada, la andaluza, fue la que acumuló en 2015 más accidentes de trabajo mortales, nada menos que 76, seguida por Madrid y Cataluña (68 y 66). Sin embargo, al dividir los accidentes entre 100.000 trabajadores, la comunidad que sale peor parada en seguridad es la de Galicia (con un índice de 7,54). Andalucía (3,63) incluso queda por debajo de la media nacional por unas décimas , la novena comunidad menos segura. Aquí la campeona es la comunidad de las Baleares, cuyo índice de seguridad en accidentes mortales es de 2,52.
Por sectores, y también respecto a los datos de 2015 que facilita el ministerio, la construcción ha recuperado el dudoso honor de ser la actividad más peligrosa (con un índice de 10,86) y desbanca a la agricultura. El amplio sector de los servicios es el más seguro de todos, y la industria, conforme se recupera –y precariza– la actividad, ha visto dispararse su índice de peligrosidad en un año (de menos de 5 a 6,97: más de dos puntos de golpe).
Hasta el 21% de todos los accidentes mortales en 2015 los protagonizaron conductores y operadores de maquinaria móvil. Como curiosidad, los profesores, médicos, empleados cara al público y los científicos incluso perecieron menos que los directores y gerentes.
Eso sí, de los 515 accidentes mortales sucedidos en jornada laboral el año pasado, 465 ocurrieron a asalariados del sector privado (90,3%), 28 fallecimientos a asalariados del sector público (5,4%) y 22 fallecimientos a trabajadores por cuenta propia –autónomos– (4,3%).
En cuanto a los accidentes mortales sucedidos en jornada laboral, 319 ocurrieron a trabajadores con contrato indefinido (61,9%) y 174 a trabajadores con contrato temporal (33,8%). Los 22 restantes corresponden a los autónomos del párrafo anterior.
La Organización Internacional del Trabajo, que depende de la ONU, ha calculado que cada 15 segundos un trabajador muere a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo en todo el mundo. Cada día 6.300 personas, más de 2,30 millones de muertes por año. «El coste de esta adversidad diaria es enorme y la carga económica de las malas prácticas de seguridad y salud se estima en un 4% del Producto Interior Bruto (PIB) global de cada año.
Las cifras contrastan con el número de condenas por incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. En Sevilla sólo se ha producido una desde 1995, precisamente en julio de este año, relativa a un accidente laboral ocurrido en 2011.
Los hechos ocurrieron el 30 de marzo en una nave de Talleres Electromagnética Moreno, «un edificio que ni siquiera estaba rotulado con el nombre de la empresa, ubicada en el barrio de San Jerónimo», explica este periódico el 28 de julio. La empresa era una pyme dedicada a la fabricación y montaje de estructuras metálicas para ascensores. «Un operario de 31 años –natural de Gerena– sufrió una descarga eléctrica que le causó fuertes convulsiones. El servicio de emergencias 061 acudió al lugar y le atendió pero terminó trasladándolo al hospital Virgen Macarena, donde permaneció ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos durante cinco días hasta que el 4 de abril falleció», sigue el relato del periódico.
Cinco años y casi cuatro meses después, el Juzgado de lo Penal nº 10 de Sevilla condenó al dueño del taller a dos años y cuatro meses de cárcel como autor de dos delitos: homicidio imprudente y contra los derechos de los trabajadores. CCOO de Sevilla se presentó como acusación popular en el proceso.
Moreno recuerda meses después de la condena que el informe de la Inspección de la Junta de Andalucía: «remarcaba en su informe que la instalación eléctrica daba miedo». Un «hito» bien triste para el sindicato. Marcará un antes y un después en el cumplimiento de la prevención de riesgos laborales, pero el precio ha sido una vida.
CCOO todavía está pleiteando contra una empresa que se encargó de la recogida de naranjas en Sevilla. En 2010, durante una de las jornadas laborales, un empleado perdió la vida al caer y darse en la cabeza contra el bordillo de la acera. El sindicato cree que se pudo haber evitado simplemente con una escalera adecuada.
El juicio se complica porque hay otro herido grave, que es un testigo clave y al que no encuentra nadie. El juicio ya se ha retrasado dos veces. El empresario, explica Moreno, «se desentiende, se declara insolvente», por lo que ahora piden responsabilidades al Ayuntamiento de Sevilla.
«El futuro de la prevención pasa por el empresario, debe de creerse la norma y tiene que velar por la seguridad del trabajador. La norma se puede mejorar pero primero hay que cumplirla», remacha la secretaria de Salud Laboral del sindicato. Las pymes son las que más incumplen, porque las grandes empresas tienen esa conciencia de prevención desde hace 70 y hasta 80 años. Pero en España la mayoría de empresas son pymes «y muchas veces descuidan lo básico».
Además de los accidentes mortales, en España se produjeron más de medio millón de accidentes con baja en el año 2015. «En comparación con los datos del año anterior, se producen subidas del 7,9% en los accidentes en jornada y del 7,1% en los in itinere [en el camino de ida o vuelta al trabajo]», explica el Ministerio de Empleo. Garantizar un trabajo sin riesgo es una responsabilidad de los empresarios, pero las leyes laborales dan un papel a los delegados de prevención de los trabajadores para reclamar que estas leyes se cumplan y para reclamar un entorno en el que, por ganar el sustento no se pierda la salud y mucho menos la vida.