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María se seca las lágrimas mientras conversa con algunas de las vecinas que le acompañaron en el acto que paralizó el desalojo. / Participa Sevilla -
Concentración de vecinos ante el portal de la vivienda. / Participa Sevilla
Un nuevo desahucio paralizado en Sevilla... de momento. Se trata del que amenazaba a María, una mujer que padece cáncer de mama desde hace unos tres años y que en la actualidad recibe sesiones de quimioterapia y radioterapia, residente en el bloque 6, conjunto 1, de la calle El Libro del Buen Amor en compañía de su marido, Sergio, y de sus dos hijos, de 10 y 8 años.
Una familia que lleva viviendo ya más de diez años en un piso ubicado en el distrito Sur, aunque sin título de propiedad, ya que el inmueble pertenece a la entidad bancaria Abanca –surgida en 2011 como resultado del proceso de segregación de Novacaixagalicia–, con la que este matrimonio deberá negociar en los próximos diez días un alquiler social para intentar encontrar una salida digna a una situación de difícil solución.
El desalojo estaba fijado para las 8.45 horas de este martes, pero una concentración de vecinos, acompañados de miembros de la asociación 15-M San Pablo y de Cristina Honorato, concejal de Participa Sevilla, evitó lo peor y se alcanzó un acuerdo provisional por el que la familia dispondrá de un plazo extra para solventar esta contingencia.
Óscar Mitilo, representante de 15-M San Pablo, señalaba a este periódico que su entidad ha realizado gestiones con los Servicios Sociales del Ayuntamiento, pero «en un principio nos han dicho que no disponen en este momento de viviendas para alquileres sociales», por lo que la única propuesta que ha formulado el Consistorio es «alojarlos en una pensión en la Macarena», opción poco satisfactoria «ya que la familia tiene los niños en el cole en el distrito Sur y el padre tiene un puesto de fruta allí, por lo que llevarlos a la Macarena es matarlos».
El Consistorio expone que supo de este caso el miércoles día 8 y que instó a los afectados a dirigirse al juzgado de instancia que tramitó el procedimiento. Una vez conocido el rechazo a la paralización, la oficina municipal de la vivienda remitió un escrito al juzgado manifestando que «se está procurando una solución habitacional» y aportando «la situación de exclusión de la familia» y, tras garantizar «una plaza en un alojamiento», trabaja en dos vías: «ayudas directas al alquiler o alojamiento temporal en el programa de viviendas sociales».
Por su parte, Mitilo explica: «Como se trata de un caso bastante grave, en cuanto se inició el lanzamiento pedimos al juzgado la suspensión», para lo que «aportamos certificados del hospital y el historial clínico de esta mujer». Sin embargo, «la solicitud no prosperó».
El representante de 15-M San Pablo no ve fácil encontrar una solución, ya que «el banco quiere agilizar el proceso y además es una entidad que no es muy proclive a los alquileres sociales». Y no entiende los motivos de Abanca a estas alturas: «Parece que es por hacer daño, porque si esta familia sale de la vivienda en la que lleva tantos años y que mantiene y cuida, a las 24 horas va a estar ocupada, con lo que esa opción no va a ser buena para ninguna de las partes».