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Reunión del Consejo Territorial entre el ministerio y las comunidades autónomas. / El Correo -
Manifestación de empleadas de empresas de ayuda a domicilio ante la sede de la Junta. / El Correo -
Protesta de trabajadores sociales en el pleno municipal del Ayuntamiento de Sevilla. / El Correo
La implicación de tres administraciones públicas en el desarrollo de la Ley de Dependencia supone, sobre el papel, un compromiso a tres bandas pero en la práctica ha sido en esta década motivo de constante confrontación política entre el Estado, la comunidad autónoma y los ayuntamientos y de problemas de coordinación con una única víctima: las personas dependientes.
Andalucía fue pionera en el desarrollo reglamentario de la normativa estatal, de la que presumió desde el principio como sello de identidad de las políticas socialistas. Aún hoy, tras los recortes de la financiación estatal por parte del Gobierno popular, presume de su gestión y de mantener la atención a los dependientes «a pulmón». El Gobierno andaluz ha sido también con frecuencia la primera voz alzada en los Consejos Territoriales para reclamar reformas y revisiones del sistema ya desde sus primeros años, cuando el ritmo de valoración de solicitudes y concesión de ayudas era muy desigual en cada territorio.
Aún con un Gobierno socialista en la Moncloa, la Junta de Andalucía empujó para que el reparto de los fondos estatales no tuviera en cuenta sólo la población y la extensión territorial sino los dependientes valorados y los realmente atendidos. La entonces consejera de Bienestar Social, Micaela Navarro, denunciaba que había comunidades sin lista de espera porque no tramitaban las solicitudes hasta que iban ya a valorarlas y parecía que atendían todas las peticiones de inmediato. Las previsiones andaluzas se dispararon y desde el principio, la comunidad acaparó un porcentaje de solicitudes muy por encima de su peso poblacional y los plazos para valorar a las personas, elaborar su plan individual de atención y conceder una prestación se alargaron mucho más allá de los seis meses máximos indicados en la ley. También fue la consejera andaluza la que, ante el elevado peso de las ayudas económicas sobre los servicios pese a que la ley preveía que las primeras fueran excepcionales, hizo hincapié en hacer valer la opinión de los profesionales sobre la de las familias. Un aspecto que en el texto legal no se ha modificado pero sí en la práctica.
En 2012, el PP llegó al Gobierno central y en su decreto de ajustes recortó la aportación estatal al sistema de Dependencia y «reprogramó» su calendario de aplicación. Desde entonces, las actuales consejeras de Políticas Sociales y de Hacienda, María José Sánchez Rubio y María Jesús Montero respectivamente, y la propia presidenta, Susana Díaz, repiten como un mantra que Andalucía sostiene «a pulmón» un sistema que cuesta más de dos millones diarios.
El aumento de las listas de espera y el endurecimiento de los requisitos para conceder un determinado grado de dependencia que dé derecho a la correspondiente ayuda fueron achacados a los recortes estatales. Pero durante casi dos años, la Junta tuvo paralizadas las valoraciones y apenas se incorporaron nuevos beneficiarios al sistema. Andalucía admitió los retrasos pero alegó que tuvo que revisar los expedientes existentes para valorar a los usuarios según el nuevo baremo.
Mientras, a finales de 2012, las entidades que gestionan residencias y centros de día protagonizaron una masiva protesta para denunciar los impagos y retrasos de la Junta que tenían a los centros asfixiados y a miles de trabajadoras –es un sector muy feminizado– de éstos sin poder cobrar. La presidenta Díaz se reunió con ellos y se comprometió con un calendario para regular los pagos que actualmente están al día.
También las empleadas de ayuda a domicilio, un servicio que gestionan los ayuntamientos aunque financiado igualmente por la Junta, han denunciado reiteradamente conflictos laborales por impagos de las empresas subcontradadas por los consistorios. Junta y Ayuntamientos se han enfrentado por ello ya que los consistorios, sobre todo los de distinto signo político, echaban la culpa a la Junta de no recibir el dinero para este servicio y no poder adelantarlo al tener las arcas vacías –algunos como el del Jaén, entonces gobernado por el PP, llegaron a amenazar con dejar de prestar el servicio–. La Junta, por su parte, acusaba a los ayuntamientos de usar el dinero que recibían para pagar otros gastos corrientes y planteó una modificación legislativa para que la partida destinada a los servicios de ayuda a domicilio fuera finalista y se destinara a una caja propia.
La reforma de la administración local, que limitaba las competencias municipales para prestar servicios sociales, fue también objeto de confrontación entre la Junta y los alcaldes socialistas –y algunos de otros signo– y el Gobierno central.
La oposición andaluza no excluye críticas a la gestión de la Junta de la ayuda a dependencia, sobre todo por las listas de espera. Y el PP-A niega las cifras de la Junta que defiende que aporta el 78 por ciento de la financiación frente al 22 por ciento del Estado, alegando que el Gobierno andaluz no cuenta otros fondos estatales para servicios sociales implicados en la atención a los dependientes. Es un tema que en el Parlamento suele ser motivo de tensión, sobre todo porque la Junta recuerda al actual líder popular, Juan Manuel Moreno Bonilla, que era secretario de Estado de Servicios Sociales cuando se hicieron los recortes de 2012.