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Muchos turistas extranjeros se abonan a la oferta clandestina que existe en Sevilla. / Pepo Herrera
No todo el que arriba a Santa Justa o San Pablo termina durmiendo en un hotel. Una parte busca una vivienda en la que pasar unos días, como ha ocurrido en Semana Santa o muy probablemente se repita en la Feria. El problema no es tanto ese alquiler, sino el hecho de que, en su mayoría, se tratan de prácticas alegales que supone un hándicap para las cuentas de resultados de los 620 alojamientos autorizados en la provincia de Sevilla –195 hoteles, 131 casas rurales, 116 apartamentos...–.
La Asociación de Hoteles de Sevilla cuantificó esta fuga con datos de 2015: 19.000 plazas no estaban legalizadas en la provincia de Sevilla, según los cálculos de Exceltur. Si se incorporarán a la oferta total de plazas, equivaldría al 32 por ciento del total. Es decir, una de cada tres plazas.
Para acabar con esas prácticas, que son más gravosas en las zonas costeras, la Consejería de Turismo puso en marcha hace un año un decreto sobre viviendas de uso turístico, para regular este tipo de alojamientos. La norma permitió crear la nueva categoría de vivienda con fines turísticos y estableció la inscripción obligatoria en un registro para poder operar. Casi un año después, se han presentado 22.846 viviendas en toda Andalucía. A partir de ahí, bajo la premisa de declaración responsable, pueden empezar a trabajar a la espera de que unos inspectores validen que cumple con todos los requisitos. Así, del total de viviendas, ya figuran en el registro de turismo con todas las bendiciones 17.812 viviendas en la comunidad autónoma. De ellas, más de un 10 por ciento corresponden a Sevilla, que ha incorporado 1.817 inmuebles a la legalidad, según un balance con fecha del 22 de abril.
Dos inspecciones al día
No sólo se ha regularizado, sino que también se han llevado a cabo inspecciones. Se han realizado 3.338 inspecciones en Andalucía consistentes en la petición de documentación, comprobación o visitas a las viviendas. De ellas sólo 30 han derivado en apertura de sanciones. En el caso de Sevilla, se han llevado a cabo 651 inspecciones, es decir, a razón de casi dos cada día.
El Ayuntamiento de Sevilla también se ha movido al respecto y, a través de una moción presentada por el PSOE y aprobada en el pleno de marzo, se ha comprometido a poner en marcha una batería en los ámbitos jurídico y fiscal y poner en marcha un estudio diagnóstico para evaluar la situación real de las viviendas privadas que se usan para el turismo.