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El Ayuntamiento ha clausurado locales por ruido desde la aprobación de la norma. / J.M.Paisano
Una vez aprobada la norma queda la parte más difícil, aplicarla. La impresión vecinal es que la ordenanza pese a las restricciones resulta poco efectiva desde su aprobación pues los sevillanos cuyas viviendas están en zonas acústicamente saturadas siguen denunciando año tras año el exceso de ruido y reclamando el derecho al descanso.
Al otro lado de la balanza están los hosteleros quienes, a pesar de lo que pueda parecer, insisten en que se haga cumplir la normativa y se sancione a quien se exceda pero aseguran que en la mayoría de los casos el ruido se produce a causa del botellón y no en los locales.
El Ayuntamiento, por su parte, trata de equilibrar la balanza entre unos y otros y no deja de afirmar mandato tras mandato, que la ordenanza se aplica y que existe presencia policial y denuncias a quienes incumplen la norma. De hecho, el delegado de Movilidad, Seguridad y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, aseguró respecto a la última reclamación de los vecinos de la Alfalfa el pasado día 12 que «se está poniendo remedio» y que de hecho se ha activado un dispositivo en la zona con la idea de aumentar la seguridad y los controles. Algo que, según el delegado ha permitido que, en dos semanas y «a pesar de la dificultad que tiene el asunto», se hayan abierto expedientes a cinco establecimientos que incumplían la ordenanza de ruidos. La actuación de la Policía Local ha propiciado que «incluso se hayan cerrado algunos bares», añadió.
Y es que, según reflejan las cifras facilitadas por el Ayuntamiento, en lo que va de 2016 se han interpuesto un total de 525 expedientes disciplinarios. De este número, aquellos cuya causa principal supone la comisión de infracciones en materia de contaminación acústica (ruido y vibraciones) suponen un total de 426 (81,14 por ciento del total). De todas estas sanciones, la mayoría de ellas se refieren a ruidos procedentes de actividades. En concreto son 311 expedientes, lo que supone un 73 por ciento del total. Pero no todos los casos de contaminación acústica se producen en los bares. Hay un porcentaje, en concreto un 27 por ciento, de los casos en los que las denuncias de ruidos proceden de viviendas o vehículos. En este 2016 se han abierto 115 expedientes de este tipo.
Las cuantías de las sanciones oscilan entre 3.000 euros (muy graves) y 300 euros (leves), las del primer grupo y entre los 300.000 euros (muy graves) a los 300 euros (leves), en las del segundo. El cálculo municipal, «a grosso modo», es que la cuantía total de las sanciones propuestas este año es de unos 500.000 euros.
Además, fuentes municipales aseguraron que se ha producido una intensificación de las medidas disciplinarias. Se atienden todas las denuncias que se producen y se actúa también de forma coordinada con la Policía Local. El Ayuntamiento asegura que se ha producido un incremento de la presencia policial en zonas tradicionalmente de movida y se ha puesto en marcha un plan de ocio alternativo que evite la concentración de jóvenes en estos lugares. A todo esto se le suma que la Gerencia de Urbanismo no da licencia de apertura de bares en las Zonas Acústicamente Saturadas tal y como recoge la Ordenanza y que existe un control de los accesos al Casco Histórico para los camiones de mercancías. Junto a esto, el Consistorio recuerda que en el centro está establecida la Zona 30 con prevalencia de ciclistas y peatones y la futura Zona 20 con prioridad absoluta de peatones además de las semipeatoanalizaciones previstas. Algo que se suma a la reciente propuesta de regularización de veladores en zonas como Campana, Constitución, San Fernando y próximamente otras como la calle Betis.