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Miguel Carcaño (c), asesino confeso de Marta del Castillo, a su llegada hoy al Hospital Miguel Servet de Zaragoza en 2014. EFE/ Javier Cebollada
Miguel Carcaño, condenado a 21 años y tres meses de cárcel por el asesinato de Marta del Castillo en la noche del 24 al 25 de enero de 2009 en un piso de León XIII, no posee ningún patrimonio ni hay constancia de que perciba ingresos, según una investigación ordenada por la Audiencia Provincial de Sevilla para comprobar si tiene capital suficiente para abonar una cuantía mayor de los 20 euros al mes a los que se ha comprometido el asesino confeso de Marta con el objeto de hacer frente a su obligación de pagar una indemnización a la familia de la joven.
Según han explicado fuentes del caso a Europa Press, la averiguación realizada por la Audiencia constata que Carcaño no tiene patrimonio, sea mueble o inmueble, a su nombre.
De igual modo, en esa averiguación no ha quedado comprobado que perciba ingreso alguno ni que esté ejerciendo un trabajo en prisión por el estaría cobrando cierta cantidad de dinero.
ESCRITO EN CONTRA DEL "SIMBÓLICO" PAGO
Cabe recordar que la representación legal de la familia de Marta del Castillo, presentó un escrito en la Audiencia Provincial de Sevilla en el que se opone a que Miguel Carcaño, asesino confeso de la joven sevillana, ejecute un "pago simbólico" de 20 euros al mes para que esta circunstancia redunde en la consecución de permisos penitenciarios.
Según indicó a Europa Press la abogada de la familia, Inmaculada Torres, el escrito se opone al pago de esta cantidad que es "insultante" y "humillante" para la familia ya que "sería imposible" que pague "en vida" la indemnización a la que Carcaño está obligado a abonar a los familiares de Marta. En ese sentido, señaló que en el escrito no se considera estos pagos como "una muestra de buena voluntad" ya que si ésta existiera, "Carcaño colaboraría indicando donde está el cuerpo de Marta y qué paso en la noche de su muerte".
Con todo, la letrada recalcó que este "pago simbólico" no supone una reparación del daño causado, por lo que ha pedido en el escrito que estos pagos no se tengan en cuenta si en un futuro Carcaño solicita beneficios penitenciarios --la legislación actual recoge que un reo para optar al tercer grado debe demostrar el compromiso a pagar la indemnización que le deba a los afectados--.
"UNA OFENSA MÁS"
En esa línea, el abuelo materno de Marta del Castillo, José Antonio Casanueva, en una entrevista concedida al programa 'Vaya Mañana' de Canal Sur, recogida por Europa Press, aseguró que esta medida de Carcaño es una "ofensa más" para la ciudadanía y para la familia y que responde a una "maniobra" para poder disfrutar "de permisos penitenciarios".
Casanueva subrayó que a la familia le da "rabia" todas las maniobras que están haciendo "para poder disfrutar" de un permiso penitenciario. En este sentido, aseguró que no quieren "disfrutar del dinero de nadie", sino que sólo quieren "que nos digan donde se encuentra el cuerpo de Marta para cerrar este capitulo tan doloroso" en el que van ya "diez años de penitencia".
Igualmente, el abuelo de Marta del Castillo pidió saber "de dónde sale" el dinero que va a utilizar Carcaño para pagar la indemnización "porque lo que nos llegó es que no tenía dinero ni para comprar ropa interior".
Según informaron fuentes del caso a Europa Press, Miguel Carcaño comenzó a cumplir la obligación de pagar una indemnización a los familiares de la joven sevillana con el abono de 20 euros en la cuenta de la Audiencia Provincial de Sevilla.
Cabe recordar, que la Audiencia Provincial condenó, en enero de 2012, a Carcaño a indemnizar a los padres de Marta, Antonio del Castillo y Eva Casanueva, con 140.000 euros a cada uno de ellos, así como a cada una de las dos hermanas de la víctima con 30.000 euros "por el daño moral causado" por la muerte y desaparición de la joven.
El asesino confeso de la joven, que fue condenado además a la prohibición de residir en la misma localidad o ciudad donde lo hagan los padres y las dos hermanas de la víctima durante 30 años, así como de aproximarse a menos de 500 metros y de comunicarse por cualquier medio con ellos por el mismo espacio de tiempo, cumple una condena de esos 21 años y tres meses de privación de libertad en la cárcel de Herrera de la Mancha, ubicada en la localidad de Manzanares (Ciudad Real).