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Un taxi recoge a pasajeros en la parada de la estación de Santa Justa. / Manuel Gómez
La cúpula de Solidaridad del Taxi, la asociación que agrupa a los taxistas que prestan servicio en el aeropuerto, se acogió este lunes a su derecho a no declarar ante la jueza que está investigando los incidentes con los vehículos con conductor, los conocidos como VTC. La magistrada también había citado a declarar como testigos a los exconcejales socialistas Francisco Fernández y Blas Ballesteros, pero ninguno de los dos acudió a declarar por problemas con la notificación judicial.
Según explicaron fuentes del caso, los ocho directivos de Solidaridad se acogieron ante la titular del Juzgado de Instrucción número 8 a su derecho constitucional a no declarar, entre ellos, el presidente de la entidad, Enrique Filgeras. Este recalcó a los periodistas, tanto antes como después de declarar, que las acusaciones que se vierten contra ellos no son ciertas. «Nosotros no tenemos nada que ocultar», dijo tras negar que ellos estén imputados por la quema de nueve vehículos de Cabify en Castilblanco que se desplazaron a Sevilla para la Feria, que también está siendo investigado por este juzgado.
Los taxistas –que están imputados por los delitos de daños, coacciones y organización criminal– fueron citados para aclarar diversa documentación localizada por la Policía Nacional en el registro de la sede de Solidaridad en el aeropuerto. Entre los documentos estaría un supuesto calendario paralelo, que según la defensa de los taxistas responde a un «cambio realizado posteriormente por el Ayuntamiento», y a supuestas irregularidades en los ingresos publicitarios de los taxistas de esta asociación, que los investigadores cifran en «5.000 euros al mes», aunque la defensa aclara que se «cobró tan solo una vez».
Además, de los taxistas también estaban citados a declarar el responsable del bar que Solidaridad tiene en el aeropuerto, en un local alquilado en AENA. Sin embargo, el interrogatorio se suspendió a petición del abogado de los taxistas, Simón Fernández, ante las preguntas del letrado de la acusación, ejercida por la asociación Unauto (que aglutina al sector de los VTC). El abogado solicitó a la jueza que lo cite como investigado para garantizar así su derecho a la defensa, ya que el interrogatorio estaba dirigido hacia una presunta «financiación ilegal» de Solidaridad del Taxi a través del subarriendo del local para la actividad del bar. La citación ha quedado suspendida por el momento sin fecha.
A quienes también tendrá que citar de nuevo el Juzgado de Instrucción número 8 es a los exconcejales socialistas Francisco Fernández y Blas Ballesteros que estaban citados como testigos. Sin embargo, uno de ellos no llegó a recibir la notificación y al otro le fue entregada en un domicilio antiguo.
Quienes sí acudieron a declarar son el presidente del aeropuerto, Jesús Caballero, que ha sido cuestionado sobre la ampliación de la zona que en la actualidad ocupa Solidaridad y si por el mismo pagan arrendamiento. Igualmente, también acudió como testigo el que fuera gerente de Tussam en 2012 Manuel Torreglosa, que ha sido cuestionado sobre incidentes de los taxistas con los autobuses urbanos.