«Para afrontar los juicios por corrupción hay que desdoblar las salas penales»

Damián Álvarez es el presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla, que ya se está preparando para acoger el primer juicio de la primera macrocausa por corrupción: el juicio a Chaves y Griñán por el caso ERE.

31 may 2017 / 17:50 h - Actualizado: 01 jun 2017 / 08:52 h.
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  • El presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla, Damián Álvarez en su despacho, donde se realizó la entrevista. / Jesús Barrera
    El presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla, Damián Álvarez en su despacho, donde se realizó la entrevista. / Jesús Barrera

-Usted viene reclamando la creación de una Sala más de lo Penal. Con la situación actual, ¿está la Audiencia preparada para afrontar todos los juicios por casos de corrupción que se avecinan?

—En la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 2016 se han solicitado dos nuevas plazas de magistrado de lo Penal y una más de lo Civil, aunque yo pedía en realidad una nueva sección Penal, la Novena, y una plaza más de magistrado de lo Civil para completar la única que tiene tres magistrados en lugar de cuatro. La Audiencia ha de prepararse para afrontar esos macrojuicios y debe de contar con suficientes salas de vistas, que serían la del salón de Plenos, que habría que compatibilizarla con la celebración de los jurados, y la de la de la Sección Tercera, con algunos retoques. También necesitaría recursos humanos suficientes, es decir, necesitaría un desdoblamiento de las cuatro secciones penales porque todas van a acabar llevando estos asuntos. Si las salas de lo Penal son de cinco magistrados, para desdoblarlas en dos secciones de tres haría falta un refuerzo en cada una de ellas, además de los correspondientes secretarios y funcionarios. Una que se haga cargo de la celebración del juicio y la otra, del despacho del resto de asuntos ordinarios.

—¿Se está creando ya la infraestructura para el juicio de Chaves y Griñán?

—Ya hemos tenido contactos con la Consejería de Justicia, pero tenemos que saber para cuándo se puede señalar. Eso depende del calendario de la Sección Primera. En principio mi propósito es que el juicio se celebre en sede judicial, no me gusta sacar los juicios fuera, salvo que sea absolutamente necesario. El principal problema es la ubicación de los abogados, pero hace algunos años ya hicimos aquí el caso Arny que también tenía muchos abogados. Aprovecharemos esta experiencia y la del caso Marta del Castillo para montar todo esto. Como entonces habría que crear una sala de prensa con la señal institucional y un sistema de seguridad.

—¿Cómo va a afectar estos juicios a la tramitación del restos de asuntos?

—Son juicios con muchos acusados, muchos abogados, muchos testigos y peritos y eso requiere su tiempo y eso va a tener repercusión en la vida diaria de las secciones, por eso el desdoblamiento. Tres magistrados para el juicio y los otros tres para el despacho ordinario del resto de asuntos. Sería crear subsecciones, dos por cada una de ellas.

—¿Debió apartarse Pedro Izquierdo del caso ERE antes de ser recusado?

—Es curioso que la elección del magistrado ponente fue todo por sorteo. Por una cuestión de transparencia, porque se cuestionó el sistema de elección. Al haber sido secretario general para la Justicia se planteó la posibilidad de la abstención y él consideró que no existía causa y entonces lo recusaron. Tengo mi criterio pero no quiero desvelarlo. Por respeto creo que debo permanecer al margen.

—¿Y cuándo se podrá celebrar, será a finales de año o para el inicio del próximo?

—No me atrevo a decir nada, teóricamente podría ser de aquí a cuatro meses, aunque sería algo precipitado. En otoño podría ser, depende de la agenda de señalamientos. Este es un juicio que primero tendríamos que tener la sección desdoblada y ver el calendario de juicios, hacer un cronograma y que Dios reparta suerte, porque estas cosas necesitan de ayuda y que no surja una incidencia especial. El derecho procesal es garantista y cualquier cosa puede provocar una incidencia que demore la tramitación normal. A mi me gustaría que fuera cuanto antes.

—¿Se ha notado en las secciones penales la incorporación del quinto magistrado?

—Evidentemente, eso ha sido un balón de oxígeno, porque si no es por la llegada de estos cuatro magistrado hubiese sido una situación, no digo de colapso, pero sí crítica, con una acumulación de asuntos importantes. Ellos han evitado que la Audiencia se pudiera colapsar. La Audiencia ha batido récords durante dos años, superando los 11.000 asuntos entre penales y civiles. En lo Civil entre los años 2014-2016 se han registrado 649 asuntos más, lo que quiere decir que por lo menos necesitamos un magistrado más, no solo para completar que todas tengan cuatro, sino para poder levantar la cabeza porque aquí no podemos poner sentencias como churros. En cuanto a lo Penal, los asuntos están creciendo no solo en cantidad, sino también en volumen y complejidad. A esto se une la instauración de la segunda instancia de lo Penal para los delitos graves, por eso el TSJA ha propuesto que las seis nuevas plazas de magistrado se asignen a Sevilla y Málaga. Lo ideal es que hubieran sido nueve, otras tres para Granada, pero al ser solamente seis, en la votación salió tres para Málaga y tres para Sevilla y ahora a pelear para conseguir otras tres para Granada.

—¿Qué supone para Sevilla esta sección de lo Penal, porque además está siendo un asunto polémico?

—Las posibilidades eran las seis plazas para Granada o distribuirlas. Y si metes una sala de lo Penal para Sevilla tienes que hacerlo en Málaga. En el TSJA lo que hemos hecho es una propuesta al Consejo General del Poder Judicial, que debe decidir si procede o no la creación de una sección desplazada fuera de la sede del TSJA en Granada. Ésta necesita también un refuerzo y vamos a reclamarlo. Nuestra decisión desde el punto de vista estratégico es mejor, porque es más fácil conseguir ahora tres magistrados para Granada. Si se hace a la inversa sería imposible lograr dos salas desplazadas. Esto es un beneficio, porque evita que un señor de Huelva tenga que ir a Granada en caso de un recurso. La unificación de criterio se puede conseguir haciendo plenos entre los diferentes magistrados.

—De hecho, Sevilla y Málaga cuentan ya con salas de lo Social y lo Contencioso...

—Están ya y cuando hay que llegar a un acuerdo se reúnen. Además, como se trata de apelación de sentencias penales quien unifica criterios no es el Tribunal Superior sino el Supremo, al que se puede ir en casación. Además, la doble instancia penal hay que implantarla porque el Tribunal de Derechos Humanos está exigiendo siempre que en lo Penal haya la doble instancia y aquí hay única instancia y después casación, faltaba un escalón intermedio. A España se le ha condenado a veces por esto. Hace falta un tribunal intermedio que revise la prueba, algo que no se puede hacer en la casación donde los hechos son inalterables.

—¿Cómo va a abordar la Audiencia el aluvión de demandas por cláusulas hipotecarias abusivas?

—En principio ese aluvión va a llegar a los juzgados pero después va a llegar por vía de recurso a la Audiencia. En Sevilla celebramos por este asunto un pleno jurisdiccional por primera vez. Esto es como resolver un asunto en una sección, pero con todos los magistrados de lo Civil. Ahí decidimos la suspensión de las ejecuciones hipotecarias en los que había algunas cláusulas con apariencia abusiva hasta que el Tribunal de Luxemburgo resolviera una cuestión prejudicial que había planteado el Tribunal Supremo. Cuando ésta se resuelva habrá que retomar todos esos recursos que están ahí en estado latente. Estamos a la expectativa.

—¿Cómo está funcionando el papel cero? ¿Sigue siendo una utopía?

—El Lexnet empezó planteando una serie de problemas pero ahora todo el mundo está encantado y la verdad es que ha sido un éxito. Es una medida que favorece y agiliza muchísimo cualquiera de los trámites de la Administración de Justicia. El papel cero es un objetivo que antes o después se conseguirá. Evidentemente los pasos y los avances son lentos pero efectivos y eficaces. Con el tiempo y una dosis de buena voluntad será una realidad antes o después.

—En Sevilla hay más de 100.000 sentencias pendientes de ejecutar. ¿Cuál es la solución?

—Primero hay que distinguir entre la ejecución Penal y la Civil, que es la que más acumula. La solución para las penales está en los servicios comunes de ejecutorias, que necesitamos ya que se implante de una forma definitiva y eficaz. En el caso de la Civil, hay una profesión jurídica que está infrautilizada: los procuradores, que podrían asumirla. Para la Administración de Justicia sería agua de mayo y permitiría acabar con ese tapón tan enorme. Los procuradores estarían por la labor porque seguirían siendo una profesión independiente de la abogacía y garantizarían su propia subsistencia. Eso además, no es nuevo está inventando, son los huissiers franceses. No ejecutar la sentencia genera frustración, hay un porcentaje altísimo de sentencias que no se ejecutan o que se ejecutan solo parcialmente, las que menos se ejecutan son totalmente. Además, tenemos un montón de miles de millones de euros inmovilizados y eso supondría un importante caudal económico para el país si eso se consiguiera desbloquear. Al juez le corresponde ejecutar no solo juzgar, pero muchas veces el juez se relaja cuando pone la sentencia de una forma casi inconsciente y queda en manos del secretario.

—¿Qué otras inversiones y mejoras son urgentes en la Justicia?

—Necesitaría mucho más tiempo para enumerarlas. Invertir en Justicia debe ser una efectiva prioridad política, pero no una frase más o menos retórica que se repite casi siempre, tiene que ser algo real. No basta con decirlo y después olvidarlo, porque invertir en Justicia es invertir en confianza, en seguridad y es un factor de progreso económico importantísimo. En resumen, se necesitan infraestructuras, medios materiales, reformas legislativas y que haya una dotación presupuestaria importante para la Justicia y que se pueda hacer una programación razonada y meditada no para un año, sino, por ejemplo, una década. Ese pacto por la Justicia del que se habla periódicamente, pues que se haga de una vez por toda una efectiva realidad.

—Hablando de infraestructuras, de la Ciudad de la Justicia, ¿ya ni hablamos? ¿Son suficientes las reformas que se han llevado a cabo en las actuales instalaciones?

—Yo hace tiempo que ya no hablo de la Ciudad de la Justicia porque llevamos 15 años dándole vueltas y lo único que hemos medio consensuado es su ubicación y de momento, porque no se ha decidido de una forma rotunda clara y tajante. Después de esto hay que diseñar un proyecto y destinar una dotación presupuestaria, pero no para un solo año sino por diez años, como se hizo con la Ciudad de la Justicia de Valencia. Yo ya en las memorias me refería a ella como «un año más seguimos esperando a Godot», como aquella obra de Samuel Beckett. La he llamado también «leyenda urbana guadanesca», porque sale de vez en cuando se habla de ella y vuelve a ocultarse. Desde hace varios años lo que aspiro es a que se haga dos tipos de obras: de rehabilitación y remodelación de estos edificios que datan de los años 70; y luego obras puntuales. Ya me conformo con eso. Se van haciendo cosas, aunque no al ritmo que me gustaría. El esfuerzo debe ser continuado y sostenido.

—Si se consigue la nueva sala Penal del TSJA habrán que abordar obras para ubicarla.

—Las dos viviendas del edificio de la Audiencia tienen un espacio enorme, pero no se pueden utilizar por un problema de evacuación. Si el CGPJ lo aprueba podría ubicarse en Viapol.

—Y en la provincia, ¿cuáles son las principales carencias?

—Hay muchísimas. Es verdad que hay juzgados que están muy bien dotados como Morón o el de Cazalla de la Sierra. Hay carencias de personal, las plantillas están desfasadas y son muy escasas, porque no se modifican desde hace tiempos inmemoriales. Otra cosa es que las bajas no se cubren hasta los tres meses y eso legalmente no tiene cobertura. En esos tres meses los papeles pueden llegar al techo. Las instalaciones son deficientes en juzgados como Marchena; Osuna, Alcalá de Guadaíra o Lebrija. Los funcionarios están hacinados, no hay espacio para los archivos, unas condiciones lamentables. En el caso de Sanlúcar la Mayor mi propuesta es o suprimimos el partido judicial y lo añadimos a Sevilla o creamos por lo menos dos juzgados nuevos, que durante un tiempo asuman todos los asuntos que entren nuevos, mientras los existentes se ponen al día. En la misma línea están los de Utrera y Lora del Río, que necesitan una solución drástica y de choque.

—Acaba de cumplir nueve años al frente de la Audiencia, ¿qué balance hace?

—Me han preocupado tres tipos de actividades: la gestora, la labor gubernativa y la cuestión representativa, además de las relaciones con otros colectivos profesionales. El balance no ha sido malo, aunque todos es mejorable. Pido perdón por mis desaciertos y mis fallos durante estos nueve años.


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