La Fiscalía Provincial de Sevilla pide penas de cárcel contra varias personas pertenecientes a una organización que supuestamente realizó más de 40 estafas, que suman un montante superior a los 30.000 euros, mediante falsa revisiones de equipos e instalaciones de gas natural y de gas butano en varias viviendas de la capital hispalense donde residían personas mayores.
En su escrito de acusación, el Ministerio Público inculpa a R.S.C., administrador único de la empresa con la que presuntamente se valió para realizar la estafa, de un delito de estafa continuada y reclama para él una pena de cinco años de prisión y una multa de doce meses con cuota diaria de diez euros. Además, señala que este acusado es autor como cooperador necesario de un delito de intrusismo profesional por el cual le procede imponer una multa de cuatro con meses con cuota de seis euros.
Igualmente, la Fiscalía acusa a J.G.V, J.A.C.L., I.G.V., M.A.R.G., J.A.R.V. y A.G. de un delito de estafa continuada y pide para ellos una condena de tres años de prisión y una multa de nueve meses con cuota diaria de seis euros. Asimismo, a todos ellos, a excepción de J.A.R.V., les acusa de un delito de intrusismo profesional por lo que solicita que se les imponga una multa de cinco meses con cuota de seis euros.
Además, el Ministerio Fiscal entiende que F.J.F.L. es autor de un delito de estafa de un delito de intrusismo profesional y pide para él tres años de cárcel y una multa de cinco meses con cuota de seis euros, respectivamente.
Asimismo, el Ministerio Público acusa a M.A.S.S. de una falta de estafa continuada, por el que pide la imposición una multa de dos meses con cuota diaria de seis euros, así como de un delito de intrusismo profesional, por el que reclama que se le ponga una multa de cinco meses con cuota de seis euros, respectivamente.
Por último, la Fiscalía de Sevilla pide para los acusados M.R.J. y E.C.A. una pena de un mes y 15 días de multa con cuota de seis euros por una falta de estafa. Además, solicita para estos dos acusados una multa de cinco meses con cuota de seis euros por un delito de intrusismo profesional.
De otra parte, pide que en concepto de responsabilidad civil R.S.C. y la empresa que administra responderán del pago de varias indemnizaciones que ascienden en su total a unos 32.510 euros.
En su exposición de los hechos, la Fiscalía indica que en diferentes fechas de 2012, R.S.C. a través de la empresa de la cual era administrador único y "haciéndose valer de personal que en muchos casos carecía del certificado de cualificación individual como instalador de gas" llevó a cabo la revisión de aparatos e instalaciones de gas en numerosas domicilios de Sevilla, "aprovechándose en la mayoría de las ocasiones de la avanzada edad de sus moradores, haciéndoles creer que pertenecía su personal a empresas de gas natural y gas butano y se trataba de la revisión obligatoria".
Así, según continúa el escrito, de este modo, se llevaron a cabo revisiones "cuando todavía no eran las mismas necesarias" y "mediante tal engaño cobraron cantidades superiores a las que hubieran debido respecto de las operaciones llevadas a cabo".
Con todo, el Ministerio Público señala que el resto de acusados participaron en más de 40 estafas "coordinadas por R.S.C" cuyas cantidades estafadas asciende, según lo que ha podido ser determinado, a 32.326,45 euros.