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Maestros interinos se movilizaron al ser desplazadas por especialistas de frances, llegando a encerrarse en el Ayuntamianto de Sevilla. / El Correo
El curso escolar 2016/2017, marcado por la aplicación de una Lomce actualmente en revisión, comenzó en septiembre con movilizaciones convocadas por los sindicatos y la Marea verde de profesores contra unos recortes que la consejera de Educación, Adelaida de la Calle, niega reiterada y tajantemente. En dos meses y medio de clase, ha habido dos huelgas estudiantiles, la última el miércoles por la «precarización» de la educación. Este noviembre en muchas casas, padres e hijos secundan los fines de semana la primera huelga de deberes de la historia –convocada por la confederación Ceapa y rechazada por Codapa y los docentes– para exigir racionalizar las tareas. En los últimos días ha sido noticia un presunto caso de acoso escolar a un alumno de un colegio en Triana, ante el que la Junta abrió una investigación y subrayó que la incidencia de este problema es sólo del 0,3 por ciento. Y ayer mismo Educación tuvo que rescindir el contrato con una empresa adjudicataria del servicio de comedor de varios centros de la provincia tras reiteradas denuncias y sanciones por servir a los niños alimentos en mal estado.
RECURSOS
El Gobierno andaluz defiende que la Educación es una de sus prioridades para la que los presupuestos de 2017 contemplan 6.103 millones, un 3,8 por ciento más que este año. Frente a ello, los partidos de la oposición y los colectivos profesionales le echan en cara que en los últimos años el sistema ha perdido 8.000 docentes (Educación asegura que hay 1.200 interinos más contratados este curso); que miles de alumnos dan clase en 300 caracolas (el presupuesto incluye 38 millones para eliminar este curso 181); que son habituales las aulas con 28 niños cuando la ratio es de 25 (la consejera asegura que la media es de 21 e IU le afea que haga la media con las escuelas rurales);_que las bajas de los maestros tardan más de 15 días en cubrirse (la Junta habla de tres) y se suplen con los profesores de apoyo que dejan así de atender su trabajo con los alumnos con problemas de aprendizaje.
La radiografía del sistema educativo andaluz varía radicalmente según quién la haga. Y casi cada aspecto considerado un avance, como la extensión de la enseñanza bilingüe o los servicios complementarios que prestan los colegios para facilitar la conciliación, llevan aparejadas denuncias del sector por la falta de recursos para llevarlos a las práctica.
Es el caso de la incorporación del francés como segunda lengua obligatoria en 5º de Primaria que desde este curso es obligatorio por la aplicación de la Lomce (que el Ejecutivo andaluz rechaza). Para ello, la Junta ha contratado a 1.752 maestros de francés (851 funcionarios y 911 interinos), algunos itinerantes para dar clase en varios colegios. Al tener que contar con profesionales especializados para esta materia que, sin embargo, con las clases de francés no completan su jornada lectiva, estos maestros dan también el resto de asignatura, dejando fuera a un millar de maestros interinos generalistas (la Junta los reduce a 400) desplazados en la bolsa para cubrir vacantes y bajas.
Es uno de los colectivos que desde principios del curso se han movilizado, con un encierro incluso en el Ayuntamiento de Sevilla, al acusar a la Junta de incorporar una segunda lengua en la enseñanza «a coste cero».
En cuanto a los servicios de apoyo a la familia, como son el aula matinal, el comedor, las actividades extraescolares o el transporte escolar (además de la gratuidad de los libros de texto que no existe en otras comunidades y que cuesta a Andalucía 88 millones de euros), es una política que el Gobierno andaluz defiende en aras de la conciliación. Estos servicios cuestan al año más de 230 millones y son prestados por 800 pymes concesionarias que se quejan de que la Junta paga «poco y tarde».
Aunque este curso comenzó con normalidad, sin la amenaza de huelga de los más de 21.200 trabajadores del sector de los años anteriores, las quejas por los retrasos e impagos de la Consejería de Educación se mantienen. La Junta mantiene el precio de los servicios congelado desde 2009 (4,5 euros al día el comedor y 15,4 euros al mes el aula matinal y las extraescolares), con bonificaciones del 10 al 100 por cien según la renta familiar (Educación sostiene que el 77 por ciento de las familias paga menos del precio y para la mitad es gratis). Las empresas se quejan de esos bajos precios y son frecuentes los conflictos laborales de los monitores. También las quejas por la calidad de los menús, que ayer mismo obligó a la Junta a rescindir el contrato con un catering en Sevilla tras reiteradas sanciones y denuncias de los padres.
La demanda de estos servicios no para de crecer. El hecho de que un centro disponga o no de ellos es uno de los criterios que las familias tienen más en cuenta al elegir colegio para sus hijos. Se impone conciliar pero además, con la crisis, se han convertido para las familias con dificultades es la forma de garantizar tres comidas al día a sus hijos (desde hace dos años los comedores escolares abren incluso en verano). Este curso se han ampliado en 2.700 las plazas de comedor en Andalucía hasta alcanzar las 186.000 y está previsto construir 30 comedores dentro del plan de obras en centros educativos.
El estado de estas infraestructuras (su mantenimiento depende de los ayuntamientos y las grandes obras de ampliación o construcción de la Junta) centra también la atención cada año: colegios que empiezan el curso en obras, goteras y desperfectos, amianto en los tejados (no desaparecerá hasta 2020) o reclamaciones históricas como un sexto colegio público en el centro de la capital.
Todo ello forma parte de los medios que se ponen para formar a los protagonistas del futuro en una etapa que la propia Junta considera clave para detectar aptitudes y corregir problemas que pueden llevar al fracaso escolar. Desde 2007, Andalucía hace la Prueba Escala a los niños de 7 años para medir su razonamiento matemático y comunicación lingüística. La nota media es de notable alto.