Una foto en un árbol en la fosa común Pico Reja –donde se presume que están los restos de Blas Infante, junto a los de más de mil represaliados más, entre ellos la corporación municipal de 1936 y algunos diputados– abrió el 12 de enero la portada de este periódico, que daba cuenta de los resultados de las primeras catas arqueológicas en 80 años, que dan fe que allí se arrojaron cuerpos en los años de la Guerra Civil.

Más allá del resultado de esos trabajos y de las hipótesis de lo que se espera que salga a la luz, una foto colocada por los descendientes de un guardia de asalto llama la atención por cómo mira a los ojos. Debajo está escrito «Ignacio Alonso Alonso. Guardia de asalto. Asesinado en el edificio de Telefónica defendiendo la legalidad el 18 de julio de 1936».

¿Quién era esa víctima del franquismo, arrojado supuestamente a la fosa común? Su propia nieta, Beatriz Alonso López, comienza a contarnos su historia, que ha tenido que reconstruir sin ayuda.

Ni siquiera los hijos de este teniente de la Guardia de Asalto se atrevieron nunca a hablar, a indagar. Y si sabían algo se lo llevaron a la tumba. Beatriz no sabe aún hoy cómo le comunicaron a su abuela que su esposo no volvería nunca del trabajo.

«El edificio de la Telefónica de Sevilla [situado en la plaza Nueva, frente al arquillo del ayuntamiento] lo defendieron mi abuelo Ignacio –que fue muerto a los 44 años (...) según partida de defunción del Hospital Militar que poseo y sus nueve guardias de asalto, de los cuales solo uno fue identificado, Antonio Díaz Andrade, natural de La Puebla de Cazalla. (...) También poseo partida de enterramiento en fosa común», explica la nieta en una carta dirigida a este periódico.

«Estas 10 personas fueron arrojadas a la fosa común Pico Reja el 21 de julio de 1936. Si algún día se abre la fosa deben aparecer sus uniformes, botones, etcétera, ya que estos 10 cadáveres venían del Hospital Militar de Sevilla», prosigue.

El teniente de la Guardia de Asalto Ignacio Alonso Alonso murió a las 18.15 horas del 18 de julio de 1936, explican algunos investigadores de la Guerra Civil como el doctor en Historia y teniente coronel del cuerpo jurídico militar Joaquín Gil Honduvilla.

Pereció en la conocida como batalla de la Telefónica, el primer gran enfrentamiento a tiros y cañonazos de la contienda. Se desarrolló entre las 15.30 y las 18.30 horas del 18 de julio de 1936.

Ignacio, cuenta su nieta, hoy de 61 años, nació en Burgos en 1891. El certificado expedido por el coronel médico director del grupo de hospitales militares de Sevilla, Antonio Moreno, firmado el 15 de septiembre de 1939, indica que ingresó en el depósito de cadáveres el mismo día del llamado alzamiento nacional. «Presentaba herida por arma de fuego en ojo izquierdo salida temporal mismo lado; otra incisa región tenal mano derecha», reza en esta documentación facilitada por la familia, que también agrega el libro de enterramientos en fosa común del cementerio de Sevilla, donde Ignacio Alonso consta como inhumado el 21 de julio de 1936.

El historiador José María García Márquez explica que las primeras entradas en el cementerio se produjeron el día 20 –fue el primer lunes disponible: el golpe comenzó un tórrido sábado de julio por la tarde, con la ciudad echando el cierre bajo la canícula, más o menos como sigue haciendo ahora–.

Aunque Beatriz está convencida de que los restos de su abuelo aflorarán en Pico Reja, el historiador Francisco Espinosa advierte que la fosa puede deparar una decepción: ha habido tiempo de llevar muchos restos al osario, se han falsificado registros y al estar arrojados de cualquier manera muchos cadáveres, sus huesos pueden estar totalmente mezclados, «en un revoltijo», lo que hará muy difícil la reconstrucción de los esqueletos y «absurdo» señalar con rotundidad que allí estén, esperando a que lo puedan rescatar, víctimas de la represión del golpe como Blas Infante o quienes masacraron entre los días 18 de julio y 31 de agosto de 1936, como sostiene otro investigador como José Díaz Arriaza.

Una represión que apenas dejó rastro documental, aunque la excepción haya sido el teniente Alonso: se sabe que sí fue arrojado a una fosa común del cementerio, que tiene nada menos que ocho.

En cualquier caso, fue llevado al cementerio desde el hospital militar. El historiador Juan Ortiz, autor de la considerada posible mejor reconstrucción del 18 de julio en Sevilla, no se atreve a decir si Ignacio Alonso murió en el acto o fue herido y llevado a una casa de socorro, como otras víctimas de ese día de plomo, para fallecer minutos u horas después.

De nuevo García Márquez expone que el traslado se hizo en una Sevilla donde se combatía aún en Triana y San Julián. El lunes 20 tiraron en la fosa común 34 cadáveres (no se sabe si muertos el 18, el 19 o el mismo 20) y al día siguiente 21 más, según un documento militar de 1937 consultado por el investigador: el registro del cementerio municipal está en blanco ese día.

«Eso no se improvisa. Lo hacen todos los ejércitos rebeldes del mundo: matan a quien se pone por delante y a la fosa común, porque son pruebas. Y se ejecutan mediante órdenes militares, porque es premeditado, la consecuencia de la represión», expone el historiador, que añade: a ver qué civil puede enterrar a alguien sin identificar en una fosa común, sin comunicar al cementerio quién deposita allí.

En medio de la tragedia colectiva se dibuja la personal, que pone rostro a miles de asesinados en esos años de guerra y posguerra. El teniente Alonso había dejado el Ejército en febrero de 1936. Las condiciones en la Guardia de Asalto eran mejores y además era un cuerpo significadamente defensor del régimen democrático de la II República, aunque más acostumbrada a enfrentarse con la izquierda que con la extrema derecha.

Al teniente, como lo llama su nieta, valor no le faltaba: en 1920 obtuvo la Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo en Ceuta por acciones de guerra desde 1918. En África es posible que viera o incluso conociera al ascendente Francisco Franco, que labró su carrera en el protectorado sobre el Rif, y que casi tenía su edad ( el dictador nació en 1892).

Desde junio de 1925 estuvo destinado en dos regimientos de Caballería de Sevilla, hasta que obtiene el traslado a la Guardia de Asalto casi cinco años después. Casi sin tiempo para saborear el destino, el 12 de julio de 1936 toda la Guardia de Asalto de Sevilla se pone en estado de alerta por los asesinatos políticos previos al estallido de la guerra: el teniente Castillo de la propia Guardia de Asalto a manos de derechistas y del político de derecha José Calvo Sotelo –explica en uno de sus libros Ortiz– y así permanecen seis días.

El 18, por ser sábado, les dejan tres horas libres (de 14.00 a 17.00) para el almuerzo y la siesta. No fue posible: en esa pausa Queipo de Llano inicia la sublevación.

El gobernador civil (equivalente al subdelegado del Gobierno de hoy) le encomienda al teniente Alonso su última orden: defender la Telefónica. Dejó cuatro hijos de entre 8 y 21 años –dos morirían durante la dictadura, uno de ellos tras sufrir dos meses de prisión– y una viuda a la que la nieta (murió cuando ella tenía 5 años, de forma prematura) siempre recordó «triste».

Su padre, pese a no relatar nunca qué pasó ese sábado golpista ni cómo recibió en El Fontanal su madre la noticia de que Ignacio no volvería, fue incorporado a las filas sublevadas meses después y pasó el resto de su vida maldiciendo a Franco cuando lo veía en el televisor, en la intimidad de su casa. Ningún español podía dar muestras de desafección en público. Menos si los alzados se habían cobrado el precio de algún familiar. Había algo peor que la cárcel o negar la pensión de viudedad: humillaciones y negativas a cualquier tipo de ayuda o apoyo a quien era hijo, viuda, hermano de un rojo.

Aunque la viuda de Alonso y su familia pasaron «hambre» en la posguerra, sigue Beatriz, después los hijos pudieron estudiar para practicantes –como se llamaba a los ATS entonces–. Pero el silencio familiar siguió toda la vida.

Conforme sus mayores comenzaron a faltar –el hermano menor de su padre, hace cinco años–, para Beatriz comenzó el muro de los archivos: tras reiteradas negativas, un joven amigo de la familia con galones militares consiguió de un archivo en Segovia o Ávila el certificado de ingreso de su abuelo en la morgue del hospital militar de Sevilla. Otro laberinto administrativo fue necesario para conseguir su acta de defunción «que llevo con paciencia», expone.

En cambio sí se difundió la historia de los vencedores. Hagiógrafos del régimen divulgaron una versión de los hechos sin rigor, sin documentos y con mucha fanfarronería en la que se justifica poco menos que todo el golpe para detener a una especie de Rambo de la Guardia de Asalto que se dedicó a ametrallar falangistas antes que a cumplir la orden de guardar un edificio estratégico, y que murió descabezado de un cañonazo.

Si finalmente los trabajos de exhumación siguen en Pico Reja, además de dar paz a una nieta (a más de mil nietas, en realidad) todos habremos aprendido algo más del capítulo más traumático de la Historia española reciente.

UNA CALLE A ESTOS VALIENTES QUE PAGARON CON SUS VIDAS

En la carta a este periódico, Beatriz Alonso se pregunta «¿Para cuándo una calle en Sevilla para estos valientes que pagaron con sus vidas mantener la legalidad vigente, y en el caso particular de mi abuelo Ignacio, no pensar que en su casa de El Fontanal le esperaban esposa y cuatro hijos pequeños, el mayor de ellos, mi padre Alonso Alonso?» Más, explica ya en persona, cuando las 17 Rosas de Guillena ya tienen una calle en Sevilla Este. La nieta del guardia de asalto tiene «sentimientos encontrados» en relación con la apertura de las fosas. Por un lado, la lógica le dice que deben divulgarse imágenes del horror. «Son pruebas de lo que les hicieron a otras personas». Sin embargo, el corazón lo que le lleva es a «arropar, con pudor» a esos huesos. En todo caso, reclama que algo recuerde que esa fosa es un lugar de represión que se tragó a miles de personas. «Que nadie sepa ese dolor, esa tragedia, me llevó a poner su foto en la fosa y flores.

En cambio, todavía le pone enferma que el general «asesino» Gonzalo Queipo de Llano siga enterrado en la Macarena.

RECLAMADO PARA EL FRENTE DOS AÑOS DESPUÉS DE MUERTOEn la documentación facilitada por la familia de Ignacio Alonso hay incluso lugar para el absurdo macabro: el centro de Movilización y Reserva nº3 preguntó el 20 de julio de 1938, dos años después de su asesinato y en vísperas de la Batalla del Ebro, por el paradero del teniente. Una inscripción a lápiz explica: «este oficial figura en los archivos de esta Comandancia como desaparecido, pero por referencias particulares se sabe que murió en el edificio de la Telefónica el día (18 de julio) del Movimiento Nacional al oponerse a que las fzas. del Evército Salvador tomaran dicho local».