Hace casi un año desde que las familias con hijos e hijas con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) empezaron a movilizarse para conseguir una inclusión real en el sistema educativo. Y lo han hecho a través de Escuelas de Calor, compuesto por Ampas y familias de colegios públicos, profesionales y sindicatos que han luchado por el alumnado NEAE. Todas ellas han conseguido hacerse escuchar en este tiempo y así lo demuestra la proposición de ley que se ha debatido este miércoles en el Parlamento andaluz. Una propuesta que modificaría la ley ya existente de educación andaluza, la Ley 9/1999, para garantizar que el alumnado con necesidades especiales tenga cubiertas todas las necesidades de recursos humanos y materiales que necesitan. Sin embargo, esta propuesta presentada por Adelante Andalucía en el Parlamento ha sido rechazada con los votos de PP, Ciudadanos y Vox.
Los partidos de PP y Ciudadanos han apelado a que «en el fondo» están de acuerdo, pero piensan que ha habido una «falta de consenso» por parte de Adelante Andalucía, mientras que el PSOE ha apoyado la propuesta. Además, el portavoz del PP, Francisco Palacios, también ha señalado que ya existe legislación sobre el asunto haciendo referencias al «presupuesto de 400 millones de euros» destinado a educación.
Un grupo de madres de Escuelas de Calor se aseguraron el día anterior al debate de esta propuesta de ley de hacer un regalo muy especial a cada grupo parlamentario: una pieza de puzle con las que leer un mensaje al unirlas: «Votar sí, un primer paso para inclusión real». Un juego que pretendía que los políticos andaluces se sintiesen comprometidos a la hora de tomar una decisión, según la portavoz de Escuelas de Calor, Lidia Ana Castro, pese a que la respuesta ha sido negativa.
Lidia Ana, también madre de un niño autista, se ha sentido defraudada con la decisión que se ha tomado hoy en el Parlamento de Andalucía. «Me parece lamentable que en esto no haya un acuerdo y consenso político. La semana pasada participamos en un pacto social por la educación y los representantes políticos de todos los grupos parlamentarios que allí se encontraban se congratulaban de que estaban comprometidos y dispuestos a trabajar por esta inclusión educativa. Por eso, me parece lamentable que esta propuesta de ley no se haya llegado a aprobar por cuestiones políticas. El texto es bastante simple, un texto que pretende crear una base o un suelo sobre el que construir lo que verdaderamente importa, la inclusión social».
La portavoz de Escuelas de Calor y madre también ha querido enfatizar en que «no tienen precio los derechos de un niño» haciendo referencia a los argumentos referentes a la cuestión de dinero como un impedimento de la aprobación de esta propuesta ley. «Yo la verdad es que no soy capaz de ponerle precio a los derechos de mi hijo y de ninguno de los niños de cada centro escolar de Andalucía». En este sentido, las familias con hijos e hijas con necesidades específicas de apoyo educativo han expresado la necesidad de querer dejar de «mendigar los derechos» de sus hijos.
Lidia Ana Castro también ha contado a este periódico que este año lo está pasando mal porque han cambiado a su hijo de una clase ordinaria a una clase específica por falta de recursos materiales y humanos para atenderle adecuadamente. «Sé que está perfectamente atendido en el aula específica, sin embargo, no era lo que yo había elegido para mi hijo. Yo quería que estuviese en un aula ordinaria con todas sus dificultades, pero también con todas sus capacidades. Mi hijo es verdad que no va al nivel de toda la clase en muchas asignaturas, pero luego es un alumno muy capaz y sobresaliente en muchas otras». Lidia expresa que ese cambio ha significado para ella dar un paso atrás en la inclusión educativa de su hijo. Y ya de las actividades extraescolares «ni hablemos» ha expresado. «De las actividades extraescolares estamos apartados completamente porque no tenemos la figura de los PTI en este ámbito. Mi hijo jamás en la vida ha podido participar en una actividad extraescolar porque no hay nadie que pueda ayudarle y darle apoyo para que participe. Se trata de blindar por ley que ellos tengan sus derechos cubiertos y que de verdad sea una realidad. Y para eso hace falta dinero. Necesitamos garantizar los recursos materiales y humanos que necesitan estos niños para acudir al colegio».
Medidas que se piden en la propuesta de ley
El texto de la propuesta de ley de garantía de recursos para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo pedía garantizar los recursos humanos y materiales; atención dentro del aula por los docentes especialistas; contar en todos los centros educativos con un maestro de educación especial, un PTIS, un orientador u orientadora y un profesional de Audición y Lenguaje; tener un PTIS en actividades complementarias y extraescolares; tener un profesional de Pedagogía Terapéutica y otro de Audición y Lenguaje por cada 10 alumnos o alumnas; garantizar un intérprete de Lengua de Signos para el alumnado con discapacidad auditiva; un ratio máximo de 6 alumnos por cada PTIS; en los institutos con más de 250 alumnos contar con un segundo orientador u orientadora; y que todos los centros de Andalucía tengan un personal de enfermería.