La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta en Sevilla negó este viernes que desoyera el informe de un inspector de Servicios Sanitarios que en mayo de 2017 recomendara «adoptar medidas urgentes», entre ellas «el cierre temporal» de las clínicas iDental, como publicó este periódico, y aseguró que ha actuado «todos estos meses de acuerdo a la normativa vigente, en tiempo y forma y dentro de sus competencias».
La Consejería de Salud recalca, de hecho, que «el expediente sancionador abierto y la remisión a la Fiscalía de las irregularidades detectadas en el mes de febrero, antes de que se produjera el cierre de las clínicas en España, así lo demuestran».
Según la Junta de Andalucía, ese primer «informe preliminar» se elaboró con el análisis de las primeras reclamaciones recibidas «y sin realizar ninguna otra actividad inspectora» a las dos clínicas de iDental en Sevilla. «Dicho informe recomienda tomar medidas cautelares de cierre, recomendación que no se ejecuta en ese momento al determinarse por parte de los responsables de la Inspección Sanitaria que no había pruebas objetivas» y que «llevar a cabo el cierre cautelar de los centros sin las suficientes pruebas y únicamente con el análisis en papel de las denuncias, podría haber ocasionado perjuicios a los cientos de personas con tratamientos iniciados en dichas clínicas y que no habían denunciado al centro por la atención sanitaria recibida», dice el escrito.
Salud explica que «se ordena realizar una visita inspectora a ambos centros en relación a 47 reclamaciones relacionadas con posibles aspectos sanitarios» y que «se suman a la investigación dos especialistas en Odontología y Estomatología, uno perteneciente a la Inspección y otro al Servicio Andaluz de Salud», aunque encontraron un obstáculo dado que «la dirección de la clínica no aporta algunas de las historias clínicas, como tampoco algunas radiologías de los pacientes», por lo que «se remiten actuaciones a la Sección de Procedimiento de la Delegación para apertura de expediente sancionador».
Tras analizar 59 denuncias de 55 pacientes, «se pone de manifiesto con el suficiente rigor la existencia de incumplimientos de la normativa sanitaria vigente». En febrero de 2018 «se inicia el expediente sancionador y se remiten a Fiscalía aquellos casos en los que se desprende que las irregularidades detectadas pudieran ser constitutivas de infracción penal y un delito de salud pública». «El expediente sancionador sigue su curso y la Fiscalía ha comunicado que remite la información al Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, que tiene abierto un procedimiento judicial contra esta clínica por delito de estafa», concluye.
PARTICIPA PROPONE AYUDAS MUNICIPALES «DE EMERGENCIA»
En el ámbito local, la portavoz municipal de Participa Sevilla y también secretaria general de Podemos Sevilla, Susana Serrano, iniciará la próxima semana una ronda de contactos con los diferentes grupos municipales para explorar la posibilidad de la apertura de una línea extraordinaria de ayudas «de emergencia» a las personas damnificadas por el cierre de las clínicas de la cadena iDental. «Tenemos a miles de personas en Sevilla con graves problemas de salud que necesitan urgente apoyo sanitario, jurídico, psicológico y el Ayuntamiento puede y debe ayudar», explicó.
Por su parte, la Asociación Sevillana de Afectados Idental (ASAI) se reunió en la mañana de este viernes con el Grupo Socialista, en concreto con la concejal Adela Castaño y el secretario de Coordinación Juan Antonio Barrionuevo, quienes le trasladaron que estudiarán llevar al pleno una moción de apoyo de todos los grupos políticos en el Ayuntamiento.
SANIDAD ENVIARÁ A LA FISCALÍA TODA LA DOCUMENTACIÓN
A nivel nacional, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han acordado remitir la documentación recabada sobre los pacientes afectados por el cierre de las clínicas iDental a la Fiscalía General del Estado para que investigue si existe «ilícito penal».
Según ha informado el Ministerio en un comunicado, Gobierno y autonomías han acordado también recordar a las entidades financieras y no financieras que no deben seguir cobrando los créditos vinculados a los pacientes a los que iDental ha interrumpido los tratamientos en cumplimiento de la Ley de Contratos de Créditos al Consumo.
Las autoridades de consumo de las comunidades autónomas continuarán con su compromiso de informar y asesorar a los pacientes afectados por el cese de actividad de iDental. Estos acuerdos se adoptaron este jueves en la Comisión de Cooperación de Consumo, presidida por la directora ejecutiva de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan), a la que acudieron los directores generales de las comunidades autónomas con competencias en consumo.
En el encuentro se analizaron las medidas adoptadas por las autoridades de consumo autonómicas por el cierre de las clínicas iDental y se decidió adoptar una estrategia coordinada.