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Julián Moreno y Sofía González, de Participa Sevilla, durante la rueda de prensa en la que explicaron la «deuda ilegítima». / El Correo
Los sevillanos han pagado desde 2012 hasta ahora 8,2 millones de euros de intereses bancarios «inflados» y «abusivos» por las condiciones impuestas por el Estado en su Plan de Pago a Proveedores, por el que el Ayuntamiento de Sevilla solicitó créditos por 59 millones de euros. Eso es lo que denuncia Participa Sevilla, que asegura haber auditado estas cuentas para concluir que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, es el responsable de esa «deuda ilegítima».
Es decir, que el Consistorio contrajo una deuda sin respetar el interés público y en favor del interés de una minoría, en este caso, los bancos, según explicaron Julián Moreno, concejal de Participa Sevilla, y Sofía González, coordinadora del grupo municipal.
Ambos argumentan que en los créditos iniciales suscritos en 2012 y 2013, con un tipo de interés de entre el cinco y el seis por ciento, se pagaron 7,3 millones de euros de intereses desde agosto de 2012 a agosto de 2014, mientras que si se hubiese aplicado el tipo de interés que ofrecía entonces el Banco Central Europeo (BCE) a los bancos, del 0,75 por ciento, el Ayuntamiento de Sevilla debería haber pagado 677.891 euros. Es decir, «se pagaron 6,6 millones de euros más, dinero que ha ido a parar a la banca privada con el amparo del Gobierno», critica Participa Sevilla.
Además, Moreno añade que a finales de 2014, ya con Zoido en la Alcaldía, se refinanció la deuda con cuatro préstamos (con Santander, BBVA, Caja Rural y La Caixa) y el tipo de interés bajó. «Pero es que desde abril de 2016 el tipo de interés del BCE es el cero por ciento, es decir, que desde esa fecha los ayuntamientos no deberían haber pagado ni un euro de intereses. De esos cuatro préstamos, el importe total de intereses ilegítimos es de 1,6 millones de euros». En total, Participa Sevilla calcula que los sevillanos pagaron de forma «ilegítima» 8,2 millones de euros desde 2012 hasta hoy.
Eso sí, si se comparan los tipos de interés impuestos por el Plan de Proveedores con los que regían entonces en el mercado, de alrededor del 3,5 por ciento, esa deuda «ilegítima» que denuncia Participa se queda reducida a algo más de cuatro millones de euros. Moreno alegó que los ayuntamientos, como administraciones, no deben ser tratados como un agente más del mercado y que si los consistorios hubieran negociado sus préstamos con los bancos directamente los requisitos hubieran cambiado y los interventores municipales habrían aplicado criterios más estrictos.
«Se sacaron facturas de los cajones y el Real Decreto Ley 4/2012 permitió incluir facturas no contabilizadas o sin el visto bueno del técnico, únicamente con la firma del alcalde o concejal correspondiente», lamentó Moreno.
Los miembros de Participa Sevilla también apuntaron que estos préstamos bancarios no se amortizarán hasta 2020 y que de los últimos cuatro firmados quedan por pagar algo menos de 34 millones de euros. «Además, estos créditos tuvieron tres años de carencia, así que empezaron a pagar los alcaldes del siguiente mandato», criticó Moreno, quien añadió que algunos regidores decidieron no pagar cuestiones básicas en 2012 porque sabían que en 2013 el Estado pondría en marcha otro plan de pago a proveedores similar.
Además, Sofía González indicó que el Ayuntamiento de Sevilla podría haber realizado 350 contratos de trabajo durante un año con el dinero de esa «deuda ilegítima», o podría haber comprado cien viviendas para el parque público o solucionar el problema de las colegios que están mal climatizados. «En esto se podrían haber invertido estos ocho millones», sentenció.
UN PAGO PARA LAS GRANDES EMPRESAS
Según recordó Julián Moreno, en 2012 y 2013 el Estado articuló un plan para transformar las facturas impagadas de los ayuntamientos en deuda con los bancos a través de los préstamos para el pago de proveedores. «Con la excusa de pagar a las pequeñas y medianas empresas acreedoras de los municipios, la gran mayoría del volumen de las facturas pagadas, el 85 por ciento, fueron a parar a las grandes empresas, en el caso de Sevilla, «a Endesa, Telefónica y las inmobiliarias por obras impagadas», apostilló Moreno.
EL ESTADO, COMO AVALISTA DE LOS BANCOS
Según Participa Sevilla, la corresponsabilidad del Estado deriva del control y dirección total del procedimiento a través del Ministerio y el ICO, que obligó a los ayuntamientos, bajo amenaza de sanción, a que hicieran el plan de ajuste, obligó a contratar con el banco asignado del síndico e instrumentalizó y supervisó toda la vida de los préstamos, argumentos todos ellos para motivar judicialmente una quita. Para Participa Sevilla, otra prueba de esto es que la Administración central actuó como avalista, garantizando a los bancos el cobro de las cuotas. A los ayuntamientos que no podían hacer frente a los pagos, el Estado le retenía importes de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE). «Es decir, el Estado ha actuado y actúa como garante de los intereses de la banca privada».
EFECTO ‘LAVADORA’.
Moreno arremetió ayer contra el plan de proveedores porque se realizó «una reagrupación de facturas de todo tipo que se convirtieron en deuda bancaria: gesto político que perpetuó la dependencia de las entidades locales de los bancos y encubrió el despilfarro. Se produjo el llamado efecto lavadora que lava la deuda ilegítima por el mal uso de los recursos públicos y la convierte en deuda normal».
PLAN DE AJUSTE
Los ayuntamientos se comprometieron a no contratar personal, a cumplir el techo de gasto, se bajó un cinco por ciento el sueldo del personal de Tussam, IMD y Lipasam, subieron un tres por ciento las tasas y precios públicos y se obligó a aplicar el superávit en la deuda con los bancos, según la radiografía de Participa Sevilla.