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Sevilla contará con cuatro juzgados más en la provincia

Los juzgados número 28 y 29 de primera instancia, el juzgado número 5 de primera instancia e instrucción en Sanlúcar la Mayor y el Juzgado número 1 de lo Mercantil

13 oct 2017 / 22:01 h - Actualizado: 16 oct 2017 / 11:07 h.
  • Reunión previa al Consejo de Ministros mantenida ayer en La Moncloa entre los ministros Dastis, Báñez, Catalá y Zoido. / El Correo
    Reunión previa al Consejo de Ministros mantenida ayer en La Moncloa entre los ministros Dastis, Báñez, Catalá y Zoido. / El Correo

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Desde el año 2010 no se habilita un sólo juzgado nuevo en Sevilla, de hecho el último juzgado que fue el Penal número 15. Este viernes, el Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha aprobado un Real Decreto por el que se crean cuatro nuevos juzgados en la provincia de Sevilla con los que se pretende impulsar la justicia.

Se tratan de los juzgados número 28 y 29 de primera instancia de Sevilla, el juzgado número 5 de primera instancia e instrucción en Sanlúcar la Mayor y el Juzgado número 1 de lo Mercantil en Sevilla, «unos juzgados imprescindibles para paliar la saturación que en algunos casos se producían en los juzgados sevillanos», explica tras conocerse la noticia en un comunicado la presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez.

Pérez asegura que la justicia sevillana recibe así un incremento en su estructura judicial que, «sin duda, va a garantizar a los sevillanos la efectiva protección de sus derechos pero que, sobre todo, continúa la línea marcada de Rajoy de seguir dando soluciones a cada problema o necesidad de esta provincia y de los sevillanos». «Mientras Rajoy conoce, trabaja y cumple con sus obligaciones hacia los sevillanos, la Junta de Andalucía sigue empeñándose en darle la espalda a esta provincia puesto que la Justicia sevillana continúa estando a la cola de sus prioridades como demuestran, una vez más, los presupuestos que ha elaborado para la provincia de Sevilla», recalca.

La presidenta popular ha lamentado que la presidenta andaluza, Susana Díaz, mantenga «condenada a la justicia en la provincia ante la falta de medios y las pésimas infraestructuras en los juzgados de la provincia o por el hecho de que haya convertido a la Ciudad de la Justicia en la eterna deuda de la Junta con los sevillanos».

En Sevilla el último juzgado que se creó fue el Penal número 15, más allá de los órganos de refuerzo en jurisdicciones como la Social y la Mercantil. Por ello, la Junta de Andalucía propuso al Gobierno central crear un juzgado de lo Mercantil y uno de Primera Instancia e Instrucción en Sanlúcar la Mayor, como se ha llevado a cabo este viernes.

Después del anuncio del Gobierno, en España se habilitarán un total de 93 nuevos órganos judiciales, de los cuales 19 corresponden a la comunidad autónoma de Andalucía.

El objetivo, según ha destacado el Ejecutivo, es «adecuar la planta judicial a las necesidades existentes y garantizar a los ciudadanos la efectiva protección de sus derechos». Las nuevas plazas se distribuyen entre diferentes juzgados de primera instancia, primera instancia e instrucción, contencioso-administrativo, social y mercantil.

En concreto, se crearán nueve juzgados de primera instancia, uno en cada una de las ciudades de Almería, Córdoba, Huelva, Jaén y Málaga. Además, de estos juzgados están previstos dos en la ciudad de Sevilla y otros dos en la provincia de Cádiz que tendrán su ubicación en Algeciras y Jerez de la Frontera. Por otra parte, seis Juzgados de primera instancia e instrucción en Andalucía que se ubicarán en El Ejido (Almería), Roquetas de Mar (Almería), Vera (Almería), Santa Fe (Granada), Estepona (Málaga) y en Sanlúcar La Mayor (Sevilla).

Por último se creará un juzgado de lo contencioso-administrativo en Almería capital, un juzgado de lo social en Algeciras y un juzgado de lo mercantil en la ciudad de Sevilla. Además, se transforma el Juzgado de Menores número dos de Córdoba en Juzgado de lo Penal número seis.

Para llevar a cabo esta distribución se ha atendido, según explica la Delegación del Gobierno en Andalucía, a las «necesidades estructurales de unos juzgados con altas tasas de cargas de trabajo, teniendo en cuenta el gran número de asuntos que ingresan cada año en los tribunales andaluces».


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