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Los sevillanos decidieron el pasado septiembre modificar la fecha de la Feria de Abril de 2017 que contará siempre con un festivo. / Pepo Herrera -
El Ayuntamiento puso en marcha la herramienta ‘Decide Sevilla’. / Julio Muñoz (Efe)
Sevilla se estrenó el pasado mes de septiembre en las consultas ciudadanas. La primera de toda su historia tuvo lugar del 19 al 23 de ese mes y tuvo a la Feria de Abril y su calendario para 2017 como motivo.
Los sevillanos acudieron a las urnas (virtuales) para responder a dos cuestiones: «¿Está de acuerdo en que la Feria de Abril de 2017 se celebre entre el domingo 30 de abril y el sábado 6 de mayo, ambos inclusive?» y «¿Está de acuerdo con que la Feria de Abril cuente siempre con un día festivo».
Una votación que concluyó con la victoria de los partidarios de modificar los días tradicionales para ampliar en una jornada la semana de farolillos que además contará siempre con un festivo. La primera de las cuestiones se saldó con 25.133 síes, el 61,81 por ciento de los votos, y 15.526 noes, el 38,19 por ciento. La segunda de las preguntas obtuvo un apoyo más claro de los sevillanos con 32.963 síes, el 81,07 por ciento de los votos, y 7.696 noes, el 18,93 por ciento.
La primera experiencia en las consultas populares no se caracterizó por una participación alta. Del censo de 588.334 sevillanos que podían votar (aquellos empadronados en la capital hispalense y con más de 16 años de edad), lo hicieron 40.659, el 6,91 por ciento, un porcentaje superior al registrado en consultas similares en otras ciudades españolas, según aseguró el Consistorio que resaltó la importancia de la cita más allá de la decisión de modificar las fechas de la Feria de Abril de 2017. Para el Ayuntamiento, la celebración de esta primera consulta popular era una prueba de fuego para poner en marcha los procesos de participación ciudadana «para otras cuestiones de interés».
El gobierno local desarrolló una herramienta de participación telemática denominada Decide Sevilla con la que los sevillanos pudieron emitir su voto desde la web municipal (sevilla.org). Además, para quienes no disponen de internet en casa, se abrieron los distritos y centros cívicos en los que se pusieron a disposición de los ciudadanos equipos informáticos.
Para poder votar era necesario rellenar un formulario de registro en el que se pedían cinco datos: nombre, DNI, fecha de nacimiento, domicilio, código postal y número de teléfono. A continuación se recibía en el teléfono móvil un código de cuatro números. Por último, introduciendo ese código y el DNI se accedía a la aplicación en la que se contestaba a las dos preguntas planteadas.
Desde su planteamiento justo después de que diera por finalizada la semana de farolillos de 2016, la consulta popular fue objeto de múltiples críticas por parte de casi todos los partidos de la oposición quienes no veían apropiado que la primera vez que se pregunte algo a los sevillanos sea para decidir la fecha de una de las fiestas de la ciudad. El portavoz de Ciudadanos, Javier Millán, consideró que el tema no era «serio» y que fomentaba «el estereotipo de que solo nos gusta la juerga y la fiesta». El PP, por su lado, apuntó que «no es un problema vital para el sevillano el decidir cuándo empieza».
Además, el proceso por el que se desarrolló cosechó alguna que otra pega pues el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, anunció inicialmente un proceso siguiendo los pasos que establece la normativa andaluza. Esta primera propuesta implicaba una dilación de los plazos que el Consistorio hispalense no podía asumir, por lo que el gobierno local buscó alternativas «más eficaces y prácticas», dentro del marco legal, para poder llevar a cabo la consulta en plazo. En la moción que los socialistas llevaron al pleno no se especificaba en ningún caso que sea una consulta popular y el escrito habla de «proceso de participación ciudadana directa en la ciudad de Sevilla». Algo que criticaron los grupos de la oposición, que requirieron al Ayuntamiento más concisión en el proceso antes de la votación.
Primer intento, en los 90
Pero esta no es la primera vez que la capital hispalense se planteaba preguntar a los ciudadanos sobre algún asunto de índole local. La Comisión Ciudadana Pro-metro hizo en 1990 una petición al gobierno municipal para realizar un referéndum entre los sevillanos sobre la conveniencia o no de continuar las obras que se habían iniciado para implantar una red de metro en Sevilla y que quedaron en vía muerta como la petición ciudadana.
Y es que a pesar de que el gobierno municipal de entonces, comandado por el socialista Manuel del Valle, fue obligado por el Tribunal Supremo, en una sentencia de noviembre de 1990, a dar trámite a la petición de la Comisión Ciudadana Pro-metro al considerar probado que el asunto era una cuestión o asunto de la competencia municipal, de ámbito local y tener especial relevancia para los vecinos, esta nunca llegó a materializarse.
Hubo un nuevo amago, varios años más tarde, en el pasado mandato, cuando el grupo municipal de IU llevó al pleno del distrito Sur la posibilidad de hacer una consulta a los sevillanos sobre la ampliación de la zona azul en Bami que hizo efectiva Zoido. Si bien, la propuesta fue rechazada por los vecinos.